Rosa Santana
Proceso
CAMPECHE, Camp. (apro).- Activistas del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) exigieron a la Secretaría de Educación (Seduc) atender el presunto abuso sexual contra alumnas de la escuela primaria de la comunidad de Xpujil, y separar de inmediato al maestro responsable con el fin de proteger a las menores agraviadas.
Encabezadas por Argentina Casanova Mendoza y Nínive García Méndez, explicaron que el año pasado la madre de una menor denunció ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) y el DIF municipal de Calakmul que su hija –entonces de 10 años y estudiante de cuarto grado de primaria– había sido abusada sexualmente por su profesor.
El juez dictó auto de libertad al presunto responsable por la mala integración del expediente, que no incluye las testimoniales de otras pequeñas que en su momento afirmaron que el mismo sujeto las manoseó.
Las activistas que han acompañado el caso desde que inició el proceso legal precisaron que el pasado jueves 17 la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche (Codhecam) emitió ocho recomendaciones dirigidas a la Seduc, PGJE y DIF municipal de Calakmul por la violación a los derechos humanos de la menor agraviada y de su madre.
En lo que toca a la Seduc, recomendó que “se giren instrucciones para que el profesor involucrado reciba terapias psicológicas por haber incurrido en violaciones a los derechos humanos, consistentes en la Violación a los Derechos del Niño”.
También “que se dé seguimiento al recurso de apelación de la causa penal hasta su conclusión, a través de la solicitud de informe que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado”.
En respuesta a los testimonios que recogió la Codhecam entre 12 compañeras de la menor agraviada –a quienes, por ejemplo, el profesor acusado pidió que cuando les llegara su período menstrual le avisaran para que él mismo las revisara–, recomendó que cuando se hagan investigaciones administrativas “se tome en consideración la posibilidad de declarar a los menores involucrados en los asuntos”.
Y “en virtud de que niños y niñas que de manera directa e indirecta estuvieron involucrados en el caso que nos ocupa son víctimas de las violaciones a los derechos humanos probadas a través de nuestras investigaciones, tienen derecho a la atención integral, entre ellas psicológica”, subrayó, y solicitó que se tomen las medidas necesarias para satisfacer ese derecho.
Además, el organismo de derechos humanos recomendó a las autoridades competentes instrumentar mecanismos idóneos que garanticen “la no reiteración de hechos violatorios a derechos humanos, tales como el presente caso”.
Por su parte, el OVSG denunció la gravedad del nivel de la violencia sexual que se comete en espacios educativos contra niños y niñas, “en los que la tolerancia, permisividad y omisión de las responsabilidades de las y los servidores públicos del sector educativo se convierte en una forma de violencia institucional, además de pasar por alto la responsabilidad que tiene cada uno de acuerdo con la NOM 046”.
Destacó, asimismo, que no se han respetado los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución mexicana, y tampoco los principios 2, 8 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, entre otros tratados internacionales.
Por ello, exigió a la Seduc garantizar la seguridad plena de los menores en los planteles educativos y la separación inmediata del mentor acusado, en este caso específico, de toda actividad académica que le implique entrar en contacto con niños.
“No hacerlo significaría dejar a menores en estado de indefensión, bajo el riesgo permanente de la violencia sexual, la amenaza y la intimidación, considerando su condición de niños, así como por la relación de poder y control del docente sobre el alumnado y ante el manejo institucional que se dio al caso, porque el Estado, a través de la Seduc, violentaría el principio pro persona”, subrayó.
