México, 22 de enero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- En la más absoluta opacidad, la llamada «Secretaría de Comunicaciones y Transportes» secuestrada por el PRI, ha beneficiado a cuatro empresas con un monto total de 5,821 MILLONES 101,543 PESOS, dinero público, a cambio de 2.6 millones de televisiones digitales que está repartiendo para comprar votos en pleno año «electoral». También se valió de un testigo social impuesto a modo por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para avalar dicha «licitación».
Entre otras mañas en que incurrió, está la indefinición de presupuesto fijo para el «proyecto» y la nula transparencia con que ha manejado esta compra, distribución y entrega de equipos, así como la falta de una política de reciclaje de los televisores analógicos que ya comienzan a ser desechados sin control en calles y basureros, poniendo en riesgo al medio ambiente.
El diario El Economista reveló también que uno de las fabricantes ganadores ofertó el costo de manufactura más alto de todos los competidores, 26 en total; otro fue en alianza con una empresa basada en San Diego, Estados Unidos, cuando se trató de una licitación nacional; y las dos empresas que la SCT presentó como mejor evaluadas en aspectos técnicos, además de que no disponen de sitios web institucionales, han sido profusamente denunciadas por usuarios en sus perfiles de Facebook debido a fallas frecuentes en los equipos que manufacturan.
En tanto, ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC, la organización que fungió como «testigo social» en el concurso con expediente LA-009000987-N73-2014, según detalla El Economista, envío a dos representantes a vigilar el proceso de licitación pero sólo uno de ellos se mantuvo presente a lo largo del mismo y aún así dio su aval sin siquiera difundir en su portal de Internet el informe final sobre sus revisiones. El último reporte que aparece publicado hasta el momento corresponde a otros contratos observados en 2013.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), también en manos de priistas, tiene la obligación de informar el mecanismo por el que designó a ese testigo social y el monto que se erogó por los «servicios» del mismo. Desde luego, no hay ningún tipo de información al respecto, al menos en su portal de Internet.
Toda esta corruptela para la compra de votos rumbo a la falsa elección de este año, está montada con el pretexto de la transición de la señal de televisión analógica a digital, que según la contrarreforma constitucional a la «ley» federal de telecomunicaciones –diseñada para beneficiar a Televisa y Slim– tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para dar el llamado «apagón analógico» y encender el espectro digital que embrutecerá, con mejor audio y video, a la prole tele-adicta.
Así, el razonamiento del PRI a través de la SCT consiste en que 13.8 millones de hogares de escasos recursos se quedarían sin señal en su caja idiota. Dado que mantenerlos embrutecidos es más importante que proveerles empleo, educación, vivienda (con luz, agua, etc.), salud, seguridad social o ya «de perdis» dejar de robarlos, se creó este oneroso programa que mañosamente hicieron coincidir con el proceso electoral.
La SCT descartó la propuesta presentada por especialistas de regalar convertidores o antenas, que habría sido mucho más barato e incluso más eficiente, pero menos vistoso que los mamotretos digitales con el logotipo del PRI disfrazado de «mover a México» [a la miseria].
Según cifras de El Economista, la entidad más beneficiada con este programa electorero será, por supuesto, el Estado de México –territorio PRI por excelencia– con cerca de 1.8 millones de equipos pagados con dinero público.
Las cuatro empresas «ganandoras»
De las 26 empresas concursantes en esta gran estafa, SCT terminó beneficiando a Diamond Electronics (empresa gringa que no podía participar por ser un concurso nacional y aún así SCT la proclamó «ganadora»), Grupo HTCJ, Elektra del Milenio, y Comarket.
El costo por equipo que todos los mexicanos pagamos a estas compañías, fue de 2,195 pesos para HTCJ, 1,890 pesos por unidad a Comarket; los adquiridos a Diamond Electronics costaron 2,200 pesos, la oferta más cara de los 26 concursantes; y los colocados por Elektra del Milenio salieron al erario en 1,950 pesos.
De acuerdo con El Economista, la más favorecida fue HTCJ con cinco contratos por 2,548 millones 168,213 pesos para manufacturar 804,864 televisores. Comarket se llevó 703 millones 310,958 pesos por 226,795 aparatos a través de cuatro contratos. A Diamond Electronics le dieron otros cuatro contratos para fabricar 892,981 aparatos por un pago de 2,278 millones 887,512 pesos. Finalmente, Elektra del Milenio se agenció dos contratos, por 290 millones 734,860 pesos para maquilar 128,530 televisores digitales.
Trascendió por fuentes anónimas citadas en la nota de El Economista, que la empresa Comercializadora Milenio tiene nexos con el panista Héctor Osuna Jaime, ex presidente de la extinta Cofetel.
En tanto, Grupo HTCJ mantiene relación con la empresa Foxconn que desde 2003 se ha obtenido jugosos contratos en el sector de las telecomunicaciones nacionales.
Sobre la empresa Comarket prácticamente no hay información en Internet. Dispone de un perfil no oficial en Facebook, plagado de quejas y denuncias de sus clientes, que además redirecciona a un sitio web inexistente.
Por su parte, Elektra del Milenio es prácticamente una empresa fantasma. Los pocos datos en Internet sobre ella provienen de blogs de contenido industrial que indican su domicilio oficial en Insurgentes Sur, delegación Tlalpan, en la ciudad de México. Se trata de la misma dirección de Grupo Elektra, propiedad de Grupo Salinas.
Fraude… por enésima vez
Ni el testigo social del proceso, ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., ni la Secretaría de la Función Pública han proporcionado sus reportes finales sobre el proceso. La citada ONG no ha publicado su informe sobre el aval que dictó a esta onerosa licitación y su último reporte difundido en Internet data del año 2013.
De hecho, la SFP tampoco ofrece datos sobre ese testigo social cuya experienca está basada en casos relacionados con el ISSSTE y es nula en programas de tecnología o infraestructura.
“Los testigos sociales son una especie de mafia que controla la SFP, que claro, los que participan en realidad son algunas empresas como tales; otras, que tienen una especie de fachada de ONGs. La característica, es que están integradas por ex funcionarios públicos. Es dizque darle participación sociedad, pero la verdad es que no tienen una gran funcionalidad y quedan los procesos sí en la discrecionalidad”, comentó Agustín Ramírez, director general en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), al diario El Economista.
El rotativo buscó a representantes de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, sin embargo «no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar la información».
