Leopoldo Ramos y Mariana Chávez
La Jornada
Saltillo, Coah., 30 de julio. La Ley de declaración de ausencia por desaparición en Coahuila está vigente desde el 20 de mayo de 2013 y estipula que las empresas deberán mantener los derechos laborales y el sueldo de los empleados que sean víctimas de desaparición.
Esta medida, respaldada por el gobernador Rubén Moreira Valdez, inquieta al sector patronal, el cual estudia interponer un amparo, pese a que la administración estatal considera que los empresarios deben solidarizarse con las familias de las víctimas.
“Vemos con simpatía que se discuta el tema, porque nos hace voltear a la gran tragedia humanitaria que es la desaparición de personas”, señaló Moreira Valdez.
Para el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que agrupa a empresarios de Torreón, la nueva ley va contra la generación de empleos y la instalación de empresas. “¿Cómo podemos invitar a una empresa trasnacional a invertir en La Laguna, cuando la ley precisa que si un trabajador es secuestrado o lo desaparecen el empresario debe hacerse responsable de la familia?”, cuestionó Agustín Arellano Saucedo, presidente del organismo.
Indicó que los empresarios de Torreón no están de acuerdo en que el gobierno del estado pretenda trasladarles las responsabilidades de dar seguridad pública y protección a los ciudadanos.
Blanca Martínez Rivera, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, cercano a la organización ciudadana Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), llamó a los empresarios a ser solidarios.
Rubén Moreira consideró: “Al final del día alguien tiene que cubrir el sueldo de un empleado que desaparece: los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Estado. Si (los empresarios) van a la Suprema Corte y se determina que es una ley inconstitucional, que se nos diga quién va a cubrir el sueldo”.
La declaración de ausencia por desaparición en Coahuila preserva la personalidad jurídica del desaparecido, garantiza la patria potestad y la protección de su patrimonio; lo exime del cumplimiento de obligaciones y protege los derechos de la familia e hijos menores.
Piden intervención del gobernador de Querétaro
[Mejor pónganse a rezar, da lo mismo.]
Brenda Rangel Ortiz, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), y una madre que busca a su hijo, se reunieron este miércoles con el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, quien les prometió agilizar las investigaciones e informarles sobre los avances de cada caso.
El domingo pasado Brenda Rangel y otras personas bloquearon un carril de la carretera México-Querétaro para que los recibiera el mandatario estatal.
