México, 29 de noviembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Mientras el régimen usurpador viola su propia contrarreforma a la Constitución porque terminó afectando los intereses de Televisa y TV Azteca, el espionaje ilegal contra la ciudadanía, como parte de la represión, va viento en popa.
De acuerdo con el diario Reforma, el régimen ha definido ya a los esbirros que podrán acceder a datos personales de teléfonos celulares sin orden judicial. En tal sentido, al menos ochenta «funcionarios» federales y estatales fueron facultados en el último año por sus superiores para requerir a las compañías telefónicas la entrega de datos que no incluyen el contenido de las comunicaciones.
Detalla el citado diario que si bien los contenidos transmitidos aún estarán («oficialmente») protegidos, las «autoridades» tendrán acceso al origen y destino de la comunicación, domicilio del suscriptor, tipo de servicios utilizados y código de fabricación de los equipos, entre muchos otros.
Esta invasión a la privacidad de los usuarios forma parte de las disposiciones previstas en la contrarreforma a la «ley federal de telecomunicaciones», cuyos lineamientos fueron aprobados el pasado 11 de noviembre por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dichos lineamientos establecen que las concesionarias están obligadas a colaborar con las «autoridades» –cualquier «autoridad competente»–, sin aclarar su nivel, atribuciones o gravedad de conductas que motiven la exigencia de la información.
Refiere Reforma que al menos 11 procuradurías locales, una Secretaría de Seguridad Pública estatal, la «Procuraduría General de la República» (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) han designado a funcionarios facultados para ejercer los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto es, exigir a las concesionarios la información personal de usuarios de telefonía celular a discreción.
Más de la mitad de los «funcionarios» habilitados para emprender este espionaje, se concentran en el Estado de México y Veracruz, con 32 y 12 designaciones, respectivamente. De hecho, se facultaron a a todas las unidades de sus Procuradurías, no sólo a las que llevan las investigaciones de delitos graves.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública referida, se trata de la de Baja California, que facultó a tres de sus «directivos» que no son fiscales, sino policías, según la información de Reforma.
A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del régimen usurpador, facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera para exigir información de usuarios de celular. Esto ya motivó un amparo por parte de la empresa Alestra para evitar un requerimiento de esta dependencia.
Arbitrariamente, otros «funcionarios» que no pertenecen a instancias de seguridad y procuración de justicia también obtuvieron esta facultad, y el «gobierno» ni siquiera tiene que informar quiénes son los funcionarios habilitados.
Reforma detalla que con las nuevas disposiciones, las empresas telefónicas están obligadas a tener una área que labore las 24 horas para atender las solicitudes de los «funcionarios» habilitados; contar con una plataforma a la que las autoridades podrán acceder en todo momento (por ahora, correo electrónico cifrado o página electrónica con control de acceso); y rendir informes semestrales al IFT.
Entre los datos que se podrán proporcionar, se encuentran el nombre y domicilio del usuario investigado; tipo de comunicación, datos de rastreo (origen y destino de la comunicación; fecha, hora y duración de la comunicación; identificación y características técnicas de los dispositivos; ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.
Lo único que, «oficialmente», las empresas no podrán proporcionar, será el contenido de la comunicación que se esté rastreando. «¡Uy, qué alivio!»
Con información de Reforma
