México, 17 de noviembre 2016 (NOTIGODÍNEZ).- El régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, sabotea la consulta sobre transgénicos ordenada por la «suprema corte de justicia de la nación» (SCJN) en la zona maya de Campeche, según denuncias de representantes de las comunidades indígenas de la región.
De acuerdo con la agencia Proceso, la principal beneficiada con las estregias de sabotaje sería la empresa Monsanto Company, propiedad de la trasnacional alemana Bayer desde septiembre de 2016, al seguir expandiendo la siembra de sus organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos.
Los denunciantes acusaron a diversas dependencias de apresurar la consulta, usar a «votantes» pagados por Monsanto, desinformar a las comunidades y dividir la opinión para allanarle el camino a la trasnacional estadounidense.
Entre las dependencias señaladas por su negligencia y trampas en la realización de la consulta, destacan la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). También se señala a la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Representantes de 35 localidades que participan en el movimiento de lucha contra los transgénicos, denunciaron que el pasado lunes 14 de noviembre se realizó una consulta espuria la localidad de Dzibalchén. En ella se permitió la participación de apenas 40 sujetos lidereados por sembradores de soya transgénica, siendo que hay unos 3 mil 500 habitantes en la comunidad.
La misma estrategia de realización de «consultas» al vapor con la participación de agricultores vendidos a Monsanto, se aplicó en la comunidad de Iturbide para «avalar» ilegítimamente la siembra de transgénicos en nombre de la población.
Aunque la falsa consulta fue impugnada por los representantes del movimiento, la trampa ocasionó confrontaciones violentas y división entre los pobladores.
En tal sentido, insistieron en que la “Cibiogem y CDI, así como Sagarpa y Senasica, han sido negligentes e incluso cómplices de la siembra ilegal de soya transgénica, cuyo permiso fue cancelado por la SCJN desde noviembre de 2015”.
Es el caso del municipio de Hopelchén, donde según los denunciantes continúa la siembra de soya transgénica de manera ilegal en alrededor de mil hectáreas, lo cual ha sido denunciado “oportunamente, incluso con datos georeferenciados, sin que a la fecha las autoridades responsables hayan impuesto alguna sanción”.
A su vez, la PGR estaría cerrando deliberadamente las carpetas de investigación abiertas por las denuncias contra la siembra ilegal que se sigue llevando a cabo en la zona, contraviniendo la orden judicial de la Suprema Corte y revelando con ello su complicidad en estos delitos.
“Es tan grave esta conducta de las autoridades, y son tan graves estos hechos e impactos, que diversos representantes comunitarios hemos sido invitados y hemos decidido participar en eventos en México y en varias partes del mundo, informando en múltiples foros internacionales las violaciones a los derechos de los hombres y las mujeres mayas, y en especial el derecho que como pueblo originario tenemos de decidir el tipo de desarrollo que queremos”, abundaron los representantes indígenas.
Con información de Proceso
