Carlos Marí
Reforma
Villahermosa, México (02 diciembre 2014).- A través de un préstamo de Pemex, el sindicato petrolero compró, con 448 millones de pesos del dinero de los mexicanos, un terreno de 90 hectáreas en un campo petrolero de alto riesgo para construir ahí un fraccionamiento.
Aunque en octubre de 2011 Carlos Romero Deschamps y el entonces Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, pusieron la primera piedra de lo que sería un conjunto habitacional para trabajadores de la empresa, las obras no avanzan por falta de permisos municipales.
Y es que el predio forma parte de un polígono expropiado hace 40 años con fines de exploración petrolera.
Lo anterior consta en una minuta del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Centro (Villahermosa) de diciembre de 2012, en la cual quedaron asentados los argumentos para negar el permiso para la construcción de 2 mil viviendas y una unidad deportiva.
En el documento, del cual REFORMA tiene copia, no sólo se advierte que es una zona de alto riesgo, sino que, además, se trata de terrenos ilegales.
«Parte del fraccionamiento residencial ‘Casa Blanca’ se encuentra ubicado dentro de los terrenos que expresa el terreno expropiatorio y el Acta de Posesión, deslinde y amojonamiento.
«(Por ello) se determina en esta mesa que será el sindicato petrolero y la empresa Pemex quienes determinarán lo procedente con relación a la propiedad de dichos terrenos», se lee en el acta de acuerdos.
Según datos del Registro Público de la Propiedad, las 90 hectáreas fueron compradas en 409.9 millones de pesos a Carlos Arturo Valenzuela Pérez, Tirsa Pérez Dueñas y Constantino Alonso Pérez Marí, este último empresario ganadero de Tabasco.
Los restantes 38 millones de pesos se destinaron a los pagos por el trámite jurídico.
Sobre ese dinero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resolvió en la revisión de la cuenta pública 2012 que «no fue correcto» que Pemex hiciera ese préstamo al sindicato petrolero debido a lo confuso que encontró sus estados financieros.
Sólo le reclamó mayores mecanismos de control y claridad en su rendición de cuentas. No hubo sanciones.
Actualmente, a unos 2 kilómetros de ese terreno, la empresa francesa Dowell Schlumberger realiza trabajos de exploración en el campo Carrizo mediante un contrato adjudicado por Pemex en agosto de 2011.
El sindicato deberá comenzar a pagar a la petrolera los recursos del crédito cuestionado por la ASF a partir de enero de 2016 en mensualidades de 8.3 millones de pesos.
Marcan anomalías a predio
El fraccionamiento que se llamaría «Casa Blanca» se ha manejado con irregularidades desde el inicio.
Primero, el 22 de octubre del 2011, el entonces Gobernador Andrés Granier y el líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, se tomaron la fotografía de la colocación de la primera piedra para un proyecto que no contaba con los permisos necesarios y, peor aún, los terrenos no habían sido comprados.
Luego, en diciembre de 2011, Pemex realizó un préstamo por 500 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para la adquisición de terrenos para la construcción de vivienda; responsabilidad que únicamente es de la paraestatal.
REFORMA publicó, desde el 14 de febrero del 2013, que Pemex le otorgó un préstamo al sindicato para comprar terrenos y construir viviendas para sus trabajadores, y desde entonces, se advirtió que no había hasta ese entonces nada del fraccionamiento. Incluso el contrato se trató de ocultar poniéndolo como reservado hasta 2021.
De los 500 millones de pesos, el sindicato usó 28 millones 593 mil pesos para un predio en Tula, Hidalgo, que pertenecía a su sección 35, una autocompra, prácticamente.
Con el resto compró terrenos a cinco particulares en Tabasco que conforman un polígono de nueve hectáreas en lo cual gastó 450 millones 128 mil 477 pesos, incluyendo costos notariales en ambos casos.
En el caso de Tabasco, la adquisición de terrenos se dio finalmente hasta el 10 de mayo del 2012, a pesar de que el sindicato ya contaba con los recursos desde diciembre anterior.
Fue hasta diciembre del 2012 que un resolutivo del Instituto de Planeación y Desarrollo (INPLAN) del Ayuntamiento de Centro, negó el cambio de uso de suelo como parte del trámite del permiso de construcción, pues el proyecto se pretendía realizar en un polígono dentro del campo petrolero Carrizo y el uso de suelo sólo es industrial.
Lorenzo Balderas Madera, director del INPLAN municipal, advirtió que el fraccionamiento se localiza en una zona donde la restricción no sólo es la actividad petrolera, sino la falta de ordenamiento urbano.
De acuerdo con la cartografía del Municipio de Centro, estos terrenos se localizan en la ranchería Lázaro Cárdenas en el Campo Carrizo y el cual es ahora explorado por la firma Schlumberger.
Considerando que con la reforma petrolera se le permitirá a la paraestatal contratar a grandes empresas para desarrollar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, Schlumberger podría verse beneficiada, pues podría expandirse a esos terrenos para su explotación, al no consolidarse la construcción de la unidad habitacional.
Recursos cuestionables
El préstamo que Pemex le hizo al sindicato petrolero por 500 millones de pesos para la construcción de vivienda, el cual reveló Grupo REFORMA en febrero del año pasado, ha estado plagado de irregularidades.
Dicho préstamo, formalizado en diciembre de 2011, fue a través del Convenio Administrativo Sindical 10614, que la paraestatal clasificó como reservado hasta el 2021, en el cual se estableció que el dinero comenzaría ser pagado cinco años después y sin el cobro de intereses.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció en la revisión de la Cuenta Pública 2012 que el préstamo fue irregular por varias razones, la primera de ellas es que el otorgamiento de vivienda para los trabajadores es una responsabilidad de Pemex que no puede transferir al Sindicato y con ello darle recursos económicos.
Además, señaló la ASF, Pemex fue omiso en verificar que efectivamente se construyeran las viviendas y fueran entregadas a los trabajadores y dio por bueno el hecho de que sólo se adquirieran los terrenos, agotando los recursos prestados, sin que se edificara una sola vivienda.
Al día de hoy, el sindicato se hizo de los terrenos; no consolidó el proyecto de vivienda para sus trabajadores en Tabasco y tiene facilidades de Pemex para pagar sin intereses el monto otorgado en el plazo de enero de 2016 hasta noviembre de 2020.
Romero Deschamps es un raterazo igual o peor que Elba Esther Gordillo lo que no entiendo es como esta amparado ese señor y el gobierno no le hace nada?