México, 8 de marzo 2015 (NOTIGODÍNEZ).- ¡Otro compromiso cumplido del usurpador Enrique Peña Nieto, en el marco del Día Internacional de la Mujer! Desde que tomó violentamente el poder en 2012, las tasas de feminicidios y agresiones contra mujeres, particularmente activistas o comunicadoras, se han disparado como nunca en la historia. Esto se veía venir desde que el sujeto desgobernaba el Estado de México –entidad priista que desde entonces tiene el primer sitio en homicidios contra mujeres– y aún así permitimos la imposición del asesino de Atenco. Ahora, como en otros casos, a sufrir las consecuencias.
El diario La Jornada reveló cifras escalofriantes sobre las agresiones de diversos tipos contra luchadoras sociales y periodistas en los dos primeros años con Peña Nieto. En 2013 se registraron 202 casos y al año siguiente hubo un aumento considerable, registrándose más de 300 casos de violencia. Esto, según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
En 2014, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio reportó una tasa de 6.4 asesinatos de mujeres al día, de los cuales calculaba que más del 50 por ciento son feminicidios, es decir, crímenes directamente relacionados al género, cuya incidencia es la más alta desde que Peña hizo fraude para llegar a la «presidencia» de este país.
En tanto, las féminas que se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos sufren por partida doble, pues ambas son actividades de alta peligrosidad en México y el riesgo para ellas es aún mayor, increíblemente, sólo por ser mujeres. En ese sentido, RNDDHM informó que entre 2010 y septiembre de 2014 se han registrado 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas en el país.
La escalada en la violencia contra comunicadoras y activistas es clara en la frialdad de los números: en 2010 se registraron 35 casos de violencia diversa; en 2011, 43; en 2012, 118, y en 2013, un total de 202. Como se dijo antes, los casos aumentaron en más de 50 por ciento el año pasado, registrándose alrededor de 300. Es decir, en sólo un año con Peña Nieto, se registró violencia equivalente a la de los cuatro años anteriores.
Y claro, estos delitos no son investigados por las «autoridades», según denunció a La Jornada la activista Atziri Ávila, coordinadora de la RNDDHM que está integrada por más de 97 organizaciones de 22 entidades.
Ávila detalló que las agresiones contra mujeres periodistas presentan características especiales que las diferencian del acoso contra sus colegas hombres. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, los agresores no sólo tratan de intimidar a la víctima directa, sino que también hacen énfasis en que pueden hacerle daño a sus hijos o hijas, denotando un elemento claro de hostigamiento de carácter de género y sexual.
Asimismo, un estudio elaborado por la red reveló que las activistas dedicadas a temas de la defensa de la tierra son las que sufren peores y mayores agresiones, seguidas por quienes defienden a otras mujeres. Entre las brutalidades que se cometen contra todas ellas está la violencia intrafamiliar, los feminicidios y la desaparición forzada.
También se encontró que los autores intelectuales de los ataques suelen ser «funcionarios», servidores públicos, como policías o soldados, así como directivos de empresas trasnacionales que impulsan megaproyectos económicos; en casi todos los casos, envían a sujetos desconocidos a cometer los crímenes.
Otros casos de agresiones incluyen el desprestigio y el escarnio en «medios de comunicación» contra las defensoras de derechos humanos, utilizando incluso un lenguaje sexista en las diatribas, para criminalizar su labor e inhibir a otras mujeres en lucha por sus derechos.
A todo ello súmese que el sistema patriarcal –machismo «subcultural»– ha programado la idea discriminatoria de que las mujeres no deben participar en la esfera pública y, por tanto, el trabajo de defensa de derechos humanos corresponde más a los hombres. A la fecha sigue ocurriendo que a ellas no se les reconoce la labor que desempeñan en la materia.
Entre algunos casos conocidos de violencia contra mujeres periodistas y activistas, se encuentra la escritora Lydia Cacho, quien fue hostigada brutalmente y hasta presa por denunciar una red de pederastia que involucraba a «gobernadores» priistas; así como la periodista Carmen Aristegui, que fue echada de su espacio noticioso tras preguntar sobre el alcoholismo del usurpador Felipe Calderón en 2010. También es objeto frecuente de acoso por su tarea informativa.
Algunos casos menos conocidos son el de de Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que ha sido agredida y amenazada de muerte sin contar hasta el momento con protección. También está el caso del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con sede en Chihuahua, cuyas integrantes –incluida su directora, Luz Estela Castro– han sido desprestigiadas en varios medios locales que se refieren de manera despectiva a su labor o la ponen en entredicho.
A su vez, la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, ha sido amenazada por personas cercanas al ex líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por denunciar la red de prostitución que opera con recursos públicos.
Frente a estos datos… ¿en serio nos vamos a echar lo que resta del «sexenio» a ver si en 2018 nos «respetan el voto»? ¿Cuántos mexicanos –ya no digamos mujeres, activistas y periodistas– tienen que morir asesinados para que reaccionamos contra esta barbarie? ¿DÓNDE ESTÁ LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE MÉXICO?
Con información de La Jornada
