Editorial La Jornada
El Congreso de Sinaloa aprobó ayer, por unanimidad, una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que entre otras cosas establece prohibiciones para que los medios de comunicación tengan acceso a lugares en los que se hayan cometido delitos; para que tomen audio, video o fotografías de personas presuntamente involucradas en tales hechos; para que accedan a información vinculada con investigaciones más allá de los boletines oficiales y para que entrevisten sobre esos temas a funcionarios de la fiscalía estatal que no tengan autorización expresa de su titular para ello. De tal forma, los medios informativos solo podrán tener como referentes los boletines emitidos por las autoridades estatales.
A decir de sectores críticos de dicha iniciativa, la denominada Ley Mordaza es contraria al derecho a la información de la población sinaloense y la de todo el país, al obligarlas a someterse a la versión oficial, al tiempo que abre márgenes de posibilidad para la criminalización del ejercicio periodístico.
Es innegable la que tarea informativa requiere de responsabilidad, rigor y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde por parte de los comunicadores. Pero lejos de inducir esas actitudes –las cuales deben emanar de un compromiso de los propios medios con la verdad y la autorregulación– la aprobación de leyes como la comentada pareciera orientada a uniformar los criterios editoriales y a buscar una suerte de evidencia única en torno a una circunstancia estatal y nacional, como es la violencia delictiva que aqueja, cuya complejidad intrínseca requiere de ejercicios de investigación y escrutinio más allá de las versiones oficiales.
Dicha pretensión sería improcedente y riesgosa en cualquier momento, pero en el actual, además, coincide con la persistencia de una crisis de seguridad pública que ha sido practicamente eliminada del discurso e incluso de algunos medios de comunicación, a pesar de que la criminalidad mantiene el control de regiones enteras, las instituciones están infiltradas por la delincuencia y continúa la ola de homicidios en diversos puntos del territorio nacional. En forma significativa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer, en días recientes, que durante el año pasado hubo un total de 22 mil 732 homicidios, cifra que casi triplica los registrados en 2007, cuando dio inicio la desastrosa “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. De acuerdo con las estadísticas oficiales, seis entidades del país concentran la mitad de esos homicidios, y entre ellas se encuentra precisamente Sinaloa.
La iniciativa comentada, tan errática como desafortunada, tiene –pese a todo– una virtud: pone en el centro del debate el papel de los medios de comunicación ante una espiral de violencia que no cesa y que se mantiene –con gran esfuerzo– intacta en sus factores originarios de índole social, educativa, económica e institucional.
