México, 11 de mayo 2018 (NOTIGODÍNEZ).- El priista Enrique Peña Nieto, usurpador de la Presidencia de la República, promulgó hoy la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como «Ley Chayote», pese a la exigencia de diversos grupos civiles de no imponerla por el retroceso que representa en materia de respeto a los derechos de las audiencias.
De acuerdo con el diario Reforma, el decreto fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indicando que Peña firmó el documento el pasado miércoles 8 de mayo, ignorando los reclamos de la sociedad civil.
La legislación, detalla Reforma, consta de 45 artículos y 8 disposiciones transitorias para regular la contratación de propaganda oficial. Sin embargo, se ha denunciado que no cumple los estándares internacionales en la materia y no garantiza la difusión apropiada de la publicidad gubernamental. Por el contrario, abre la puerta a malas prácticas, corrupción y censura.
El medio aquí citado recordó que incluso Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), declaró que con la aprobación de esa ley se perdió la oportunidad de regular adecuadamente el uso de la publicidad oficial.
La «Ley chayote» establece que la difusión de los logros de programas sociales no son propaganda, sino «comunicación gubernamental»; no especifica topes al gasto del gobierno federal por contratación de pauta en medios ni los mecanismos de sanción a los funcionarios que transgredan las disposiciones.
En su momento se denunció que la legislación, aprobada por las hordas del PRI y sus aliados en ambas cámaras, no incluyó las propuestas clave que garantizarían transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos publicitarios, la creación de organismos autónomos encargados de vigilar y fiscalizar dichas contrataciones, así como de figuras que auditarían el uso de los recursos públicos destinados a gastos de Comunicación Social.
Concretamente, la nueva ley abre la puerta al dispendio millonario de dinero público en propaganda disfrazada de noticias, la entrega discrecional de contratos y la censura a medios críticos a los regímenes en turno.
La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de periodistas y la libre expresión, se pronunció en contra de la iniciativa por considerar que «legaliza» la corrupción mediática.
Reforma recordó que en noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo promovido por organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Medios Libres, ordenando al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.
El colectivo denunció que desde el pronunciamiento de la corte, los partidos de mayoría en el congreso -PRI y satélites- ignoraron las propuestas de la sociedad civil y privilegiaron exclusivamente sus propias iniciativas.
Con información de Reforma
