Tan sencillo: dejar de enriquecer a esos empresarios criminales. Todavía de que pagan, los tratan con la punta del pie… ¡qué poca dignidad de los fanáticos «futboleros»!
Darío Pereira
La Jornada
01 de agosto de 2014.- El Protocolo de Seguridad para los partidos en Guadalajara es discriminatorio, consideró César Pérez Verónica, presidente ejecutivo del Centro para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
El documento hace marcadas diferencias entre los aficionados ocasionales y los integrantes de las barras que apoyan a los equipos. La normativa incluye la prohibición, exclusiva a los barristas, “de portar pintura u objetos en el rostro que hagan difícil su identificación facial”. También estipula que:
«La venta de bebidas alcohólicas de alta y baja graduación queda prohibida a menores de edad, personas en evidente estado de ebriedad y a los integrantes de las porras, barras o grupos de animación”.
Las autoridades municipales justifican las medidas en función de la seguridad de los asistentes, sin embargo, Pérez Verónica afirma que la distinción de los barristas implica una criminalización implícita a los mismos:
«A todas luces es un acto de discriminación el hecho de que no se les vendan cervezas o de que no se les permita ponerse alguna marca en la cara (…) Lo que nos dicen los hechos que ocurrieron en el Estadio Jalisco es una gran incapacidad (de las autoridades) para, en primer lugar, evitar que los integrantes de las porras ingresaran cohetones u otros artefactos que originaron el acto. Además, hay una criminalización por parte de la autoridad en base a un hecho que ocurrió en el estadio, pero que también acredita una incapacidad en el manejo de la fuerza pública”, expuso el defensor de derechos humanos.
El reglamento fue aprobado por el ayuntamiento de Guadalajara y entró en vigencia desde el sábado pasado. Éste surgió a consecuencia de los sucesos ocurridos en marzo pasado en el Estadio Jalisco, cuando un grupo de aficionados se enfrentó con la policía municipal, dejando como saldo ocho integrantes de la corporación y 30 civiles heridos, además de 17 detenidos.
El protocolo establece la obligación de los clubes deportivos que juegan como locales en el Jalisco de entregar a la autoridad municipal el padrón de las barras, porras o grupos de animación, con al menos ocho días hábiles antes del inicio de cada temporada. Éste debe incluir datos de los barristas como su nombre, domicilio y CURP, además de una fotografía.
Con anterioridad, la regidora panista Cristina Solórzano, una de los promotoras del protocolo, expuso que esta medida tiene como finalidad el poder identificar a los barristas que incurran en actos de violencia para impedirles el ingreso por el resto de la temporada.
Para el titular de Cepad, esta medida puede ser violatoria de las leyes vigentes:
«Como parte de una barra, (cada miembro) no le da autorización al club a utilizar sus datos personales. Es decir, el propio club o cualquier ente público o privado que tenga en su poder información privada o confidencial tiene que sujetarse a la ley y no podría dar todos esos datos personales a ninguna autoridad, a menos que sea por una solicitud judicial siempre y cuando se dé el derecho de audiencia”, explicó.
El protocolo establece filtros “de seguridad y traslado de las barras” en las entradas a la ciudad, para tener un seguimiento de las porras provenientes de otros estados. Aunque no se especifica la realización de revisiones a los visitantes, para Pérez Verónica esta situación puede prestarse a que, de forma injustificada, se impida el ingreso a la ciudad para algunas personas.
«Hay una violación al derecho a la igualdad y la no discriminación, también está involucrado el derecho a la libertad de tránsito porque en este país no se necesita ningún salvoconducto o ningún pasaporte, para poder circular libremente en él”, concluyó.
