La baja del servicio violentó sus derechos, reclama Lemus Beltrán, asesor jurídico de los efectivos que ayer también marcharon.
CLAUDIO VARGAS
La Jornada
El asesor jurídico de los policías en paro en Acapulco, Jesús Lemus Beltrán, interpuso una denuncia ante coordinación regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad (Coddehum) contra el alcalde Luis Walton Aburto, por considerar que la baja del servicio de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio se hizo de manera verbal, lo que violentó diversas disposiciones de tipo constitucional y de carácter internacional, que implicó derechos humanos elementales y esenciales del procedimiento administrativo además de la garantía de legalidad.
Lemus Beltrán, acompañado de un grupo de al menos 40 policías viales que se mantienen en plantón, marchó de las instalaciones de la SSPPC hasta las oficinas de la Coordinación Regional de los Derechos Humanos en el Estado, para pedir que el presidente municipal pague a los 76 uniformados que les descontaron su quincena y reconsidere la posibilidad de que se haga una nueva revalorización de los exámenes a quienes no lo pasaron.
“El alcalde Walton Aburto ha violado su palabra cuando prometió que mientras durara el proceso de liquidación e integración de la Policía Vial al mando único no se les iba a descontar un solo peso, pero ya empezaron a hacerlo a por lo menos 76 policías”, acusó el litigante.
En la denuncia de hechos que puso el asesor jurídico Lemus Beltrán ante la Comisión de los Derechos Humanos, señaló que el director administrativo Bulmaro Tapia Iturbide y el inspector general Juan José Gatica Martínez, acompañado de otras personas que representan al gobierno del estado, llegaron a la oficina del secretario de Seguridad Pública municipal y llamaron a un grupo de cinco elementos de la Secretaría para comunicarles de manera verbal que habían causado baja y el ofrecimiento de cantidades diversas bajo el concepto de indemnización.
La explicación e irregularidad administrativa en este procedimiento, dijo el abogado, se presentó debido a que la “baja carece de motivación y fundamentación y de la forma escrita que exige la garantía de seguridad jurídica”.
Lemus Beltrán dijo que “necesariamente deberá instrumentarse un procedimiento administrativo para concretar esa forma de determinación extraordinaria del cargo, ante la falta de tramitación del procedimiento administrativo que violentó la formalidad esencial del procedimiento y con ello la garantía de legalidad”.
