Verónica Espinosa
Proceso
GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) concluyó que personal médico del Hospital Comunitario de Villagrán incurrió en responsabilidades al prestar un inadecuado servicio a dos mujeres que acudieron a dar a luz, lo que contribuyó a que fallecieran los recién nacidos de ambas pacientes.
Al resolver los expedientes de las quejas interpuestas por Marilú Zamora y Adriana Santa Rosa Tierrafría, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera indicó que ambas mujeres sufrieron la violación de sus derechos humanos, al recibir una inadecuada prestación del servicio público médico, y también fueron víctimas de trato indigno.
Ambas mujeres hicieron el seguimiento médico de sus embarazos en el Centro de Atención Integral adjunto al Hospital Comunitario, y posteriormente acudieron a dar a luz al referido nosocomio.
Marilú Zamora fue la primera del grupo de denunciantes que acudió ante las autoridades e hizo público su caso, después de que su hija recién nacida falleció el 3 de marzo pasado, según consignó Apro.
En los cinco días previos y posteriores al parto, Marilú fue atendida por cuatro distintos médicos que la regresaron en diversos momentos a su casa, argumentando que no tenía la dilatación suficiente, aunque posteriormente ninguno pudo evitar que su hija ingiriera líquido amniótico y falleciera a consecuencia de síndrome de aspiración de meconio, dos horas después de nacer.
La madre de Marilú se presentó con el director del hospital, Luis Antonio Chimal, y le exigió investigar lo sucedido con su nieta. Esa misma mañana del lunes 3 de marzo, le entregaron el cuerpo a la abuela, sin ningún documento de por medio, otra irregularidad que se sumó a lo padecido por Marilú y su familia durante tantas horas previas.
El 1 de abril, Marilú acudió a revisión médica y dejó una nueva queja por escrito en el buzón del director. En mayo volvió y depositó una nueva carta pidiendo al director investigar y deslindar responsabilidades. A fines de ese mes, llamó a un número de atención de la Secretaría de Salud, donde grabaron su reporte.
Posteriormente, interpuso una denuncia penal en la PGJE, que quedó registrada en el expediente 10255/14 en la agencia 1 de Villagrán.
Hace un par de semanas, la Secretaría de Salud destituyó al director Luis Antonio Chimal.
Al revisar ambos casos, la PEDH determinó recomendar al titular de la Secretaría de Salud del estado, Ignacio Ortiz Aldana, el inicio de acciones administrativas y disciplinarias en contra de Jorge Antonio Gutiérrez Chacón, Oscar Fernando Castañeda Rojas, Luis Felipe González Hilario, Rosa Linares Valdez y Rodrigo Servín de la Mora, quienes estuvieron involucrados en la atención brindada a las dos mujeres.
En un tercer expediente, iniciado por la queja presentada por Daniela Cervantes Mendoza –después de que ésta denunció haber sido víctima de negligencia médica en el mismo hospital–, la PEDH recomendó a la Secretaría de Salud sancionar al personal médico involucrado y reparar el daño monetario generado cuando Cervantes Mendoza debió acudir a una clínica particular, debido a que no fue atendida debidamente.
En este caso, el ombudsman pidió al secretario Ortiz Aldana proceder administrativa y legalmente en contra de Araceli Flores Soriano, Jorge Antonio Gutiérrez Chacón y Cristina González Muñoz.
Además de requerir a la dependencia para que se haga responsable de la atención psicológica a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, Rodríguez Junquera emplazó a la Secretaría de Salud para que garantice que el Hospital Comunitario de Villagrán cuente con el personal médico capacitado y la infraestructura suficiente para la atención a los pacientes.
