Fernando Inés Carmona
La Jornada
Orizaba, Ver.- El incremento en los casos de “tortura y malos tratos” preocupa a Amnistía Internacional; la Procuraduría General de la República (PGR), revela, no castiga a los responsables y desdeña acusaciones y aunque investigó mil 219 denuncias, “encontró indicios sólo en 26”; acusa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) complica el escenario, porque de 7 mil quejas, recomendó sólo en 44 de ellas.
De acuerdo con el reporte que Amnistía Internacional, capítulo México, emite sobre el tema, los gobiernos tanto de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto omiten recomendaciones emitidas por este organismo no gubernamental sobre la tortura.
El informe señala que desde 2010 “hasta finales del 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 7 mil quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento especial en 364 casos y concluyó que había indicios de tortura sólo 26”.
Además revela que la misma dependencia “inició mil 219 investigaciones sobre el mismo tema, pero sólo presentó cargos en 12 casos y además, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal”.
Con base en esas estadísticas, “el índice de sentencias condenatorias es apenas del 0.006 por ciento, lo que provoca la prevalencia de la tortura e impunidad”.
La CNDH, señala, no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe, porque “de las siete mil quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco cumple como lo hizo Felipe Calderón en el tema de las recomendaciones que se hacen, “en febrero de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país”.
En México, concluye, “la tortura y los malos tratos están fuera de control. Las denuncias aumentaron en un 600 por ciento en el último decenio y la organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas”.
Por ello, “es preocupante el aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor. Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado”. El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México, señala.
