Alfredo Méndez
La Jornada
Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa magisterial, solicitó por escrito al juez federal que la procesa que le autorice una prisión preventiva domiciliaria, debido a dos factores inminentes: su salud se ha deteriorado durante los 18 meses que lleva en prisión, además de que goza del principio de presunción de inocencia y la legislación especial aplicada en México (Ley General de Adultos Mayores) le concede la posibilidad del derecho humano a una vejez digna.
Fuentes del Poder Judicial Federal confirmaron lo anterior y mencionaron que actualmente el juez sexto de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, analiza la petición de la maestra, quien citó diversos tratados internacionales para fundamentar su solicitud.
El pasado 3 de octubre, la ex lideresa magisterial fue trasladada del penal femenil de Tepepan a una clínica privada del poniente de la ciudad de México para que le practicaran diversos análisis médicos.
Ese día, en entrevista telefónica, el penalista Marco Antonio del Toro dijo a este diario que dado que a la maestra se le presume inocente, pues “hasta ahora no ha sido condenada de ningún delito, y está por encima el derecho humano a la salud, lo más seguro es que solicitaremos (al juez que la procesa) la prisión preventiva domiciliaria”.
Añadió que “la maestra fue trasladada a un hospital porque se requiere con urgencia que le practiquen diversos exámenes. Desde hace tres semanas todo el cuerpo médico que la atiende consideró que eran necesarios esos análisis para los cuales se requieren trámites muy complejos. Es factible que hoy mismo regrese a Tepepan”.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en Toluca y se encuentra sujeta a dos juicios penales, uno por presunta defraudación fiscal grave de 2 millones 199 mil pesos y otro por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de mil 978 millones de pesos.
Sobre los argumentos para que pueda prosperar la prisión domiciliaria, el abogado Del Toro indicó que “hay dos circunstancias que la legislación mexicana prevé, con independencia de los tratados internacionales, que ya son parte de nuestro sistema normativo: una de ellas es la edad y la otra la salud.
“En el caso de la maestra se actualizan ambas. El Código Penal Federal indica que a los 70 años se puede tener una prisión preventiva domiciliaria para enfrentar el proceso bajo esa circunstancia. Sin embargo, la Ley General de Adultos Mayores, que es una ley especial, señala que se considera adulto mayor a una persona mayor de 60 años; luego entonces, siguiendo el principio pro persona y control de convencionalidad y constitucionalidad, debemos considerar que la maestra se encuentra en esa hipótesis, amén de que ya cuenta con 69 años de edad cumplidos”, puntualizó.
