Redacción E-consulta
Martín Díaz Álvarez, a quien se le ha identificado como socio de Amado Yáñez Osuna en Oceanografía y sobre quien pesa una orden de aprehensión, aseguró que la compañía comenzó a recibir contratos de forma “inesperada, irreal e increíble” por la amistad de Yáñez Osuna con Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Pemex.
De acuerdo con la declaración a la PGR de Díaz Álvarez —cuya copia tiene El Universal—, la empresa tenía graves problemas financieros que le hacían poco atractiva para obtener contratos y que una de sus tareas era precisamente sanearla.
“Todo esto cambió cuando nombraron a su amigo Mario Ávila como subdirector de Pemex y entonces los contratos empezaron a fluir de una forma inesperada, irreal e increíble, donde 100% de la flota con la que se contaba o contrataba directamente por el ingeniero Yáñez Osuna, era puesta en algún contrato de forma inmediata”, dijo según su declaración.
Un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de marzo de este año, describe que Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción, era investigado y se procedería en su contra; también señala a otros altos funcionarios, como Carlos Morales, quien en febrero dejó la misma posición que tenía Ávila Lizárraga.
De acuerdo con la nota del periódico El Universal, otros 18 funcionarios y ex funcionarios de Pemex fueron señalados en el documento del Cisen. Sin embargo, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) insistió en que no hay ni quebranto ni servidores públicos de Pemex involucrados en el caso Oceanografía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) admitió la semana pasada a senadores que el daño al erario es de 525 millones de pesos.
Según la declaración de Díaz Álvarez, en esa empresa era sabido que “es totalmente imposible obtener que cualquier cosa se mueva dentro de Oceanografía sin que Amado directamente lo apruebe o lo firme, nada, absolutamente nada”.
El hombre, cuyo paradero se ha mencionado en Miami, Estados Unidos, se defiende en todo momento de lo que ha ocurrido en Oceanografía.
“Tampoco he girado instrucciones de forma directa a ninguno de los titulares de dichas áreas, más allá de haberlo comentado con Amado Yáñez Osuna y ellos haberla visto con él, siempre como sugerencia y con la necesidad de con cierta información para poder lograr los objetivos para los cuales fuimos contratados”.
Añade que “no tengo ni he tenido poderes de la empresa, tampoco tengo firma en ninguna de las chequeras, tampoco he aprobado o desaprobado ningún presupuesto, como tampoco he aprobado ningún gasto en el día a día”.
El 18 de julio pasado, el abogado de Díaz Álvarez dijo a El Universal que su cliente sólo fue un asesor financiero de Yáñez Osuna, por lo que no tuvo injerencia alguna en la obtención de créditos ni firmó documentos, a pesar de las declaraciones del dueño de Oceanografía.
La PGR investiga a Díaz Álvarez como otro de los presuntos responsables del quebranto causado a Banamex por 500 millones de dólares por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y, en su caso, incluso le imputa el cargo de falsificación de documentos.
“Sé que tiene algunos otros negocios, como varios yates que ha comprado específicamente para prestárselos a funcionarios de gobierno que creo que son tres, en adición a ciertos gastos que desconozco, como cuál fue el costo de los equipos de futbol, sí sé que hay un adeudo con el primer equipo de Gallos en Querétaro”, describe en su declaración cuya fecha no se especifica.
El 21 de septiembre pasado, este diario informó que el gobierno devolvió a Yáñez Osuna el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, el 29 de mayo, lo que le facilitó venderlo al día siguiente por medio de una subasta.
La PGR informó que no halló elementos que vincularan a esta propiedad con el fraude que investiga en Oceanografía.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como reservada la información del monto que cobró de impuestos por la venta del club de futbol por razones de “secreto fiscal”.
El SAT agregó que al ser un asunto entre particulares, tampoco informaría cuánto dinero se embolsó Yáñez.
