La CIA, historias de tortura y horror

Mathieu Tourliere
Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Inteligencia del Senado estadunidense puso en evidencia los turbios métodos que utilizó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo el Programa de Detención e Interrogación a partir de 2002 y hasta su abrogación por Barack Obama en 2009.

En las 525 páginas de la versión pública, censurada –no aparecen los nombres– y resumida del reporte –el original se encuentra clasificado como confidencial, y cuenta más de 6 mil 700 páginas–, los legisladores describen las atroces condiciones en las cuales la CIA torturó a militantes de Al Qaeda y explican que la agencia delegó a aliados y contratistas algunas partes de este programa.

Seis días después de los atentados del 11 de septiembre de 2011, el entonces presidente George Bush firmó un memorando en el que autorizó a la CIA a detener “personas que representan una amenaza de violencia o de muerte seria y continua contra intereses y ciudadanos estadunidenses o a quienes planean atentados terroristas”.

Si bien el memorando consideraba la creación de centros de detención controlados por la CIA, la agencia tenía la obligación de apegarse a la ley y a los procesos judiciales estadunidenses.

Según el reporte del Senado, sus directivos estimaron entonces que la “mejor opción” consistiría en erigirlos fuera del territorio estadunidense y ajenos a la jurisdicción militar y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que hubieran implicado el monitoreo de las condiciones de detención por parte de la Cruz Roja Internacional (CRI) y la posibilidad para los prisioneros de pedir una defensa legal.

Asimismo, a inicios de 2002 la CIA decidió que no aplicaría la Convención de Ginebra relativa al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de 1949 en sus métodos de interrogatorio.

En “al menos cuatro ocasiones”, la CIA convenció a las autoridades de países extranjeros de acoger a los prisioneros de la agencia en sus propias cárceles, ya que éstas “no se alineaban con los estándares del memorando”. Esto fue el caso del primer detenido, Abu Zubaydah.

En esta ocasión, asevera el informe, “la única desventaja que identificó la CIA con la detención en el país (nombre borrado), es que no sería un centro controlado por el gobierno estadunidense y que se requerirán decisiones políticas/diplomáticas”.

En 2002, la CIA y el entonces vicepresidente Dick Cheney impidieron a un periódico de amplia difusión que publicara el nombre del país que acogió a Abu Zubaydah en su cárcel.

Según el informe, la CIA sobornó a las autoridades de varios países para que acogieran cárceles secretas –los “sitios negros”– en su territorio.

Así, el informe narra un episodio en el que la CIA negoció con “el liderazgo político” de un país, cuyo nombre se mantiene oculto, para implantar un centro de detención en su territorio.

Tres semanas después, la CIA informó al embajador estadunidense del acuerdo –“para evitar que se enterara de la iniciativa por parte de oficiales de este país”–, y le urgió de no divulgarlo a la propia cancillería.

Cuando el gobierno extranjero pidió un memorando de entendimiento para legalizar la construcción de la cárcel, la CIA se negó a firmarlo. Según el reporte, el embajador intervino y “al mes siguiente, la CIA entregó (cifra borrada) millones de dólares al (puesto administrativo borrado) del país”.

El 2 de noviembre de 2005, el Washington Post reveló la existencia de estas cárceles en ocho países, entre ellos Tailandia y Afganistán, así como “países de Europa Oriental”, cuyos nombres no divulgó el impreso a petición de “oficiales estadunidenses”.

Según los documentos internos de la CIA, la publicación generó una ola de pánico, tanto en la agencia como en las embajadas, ya que tuvieron que lidiar con las fuertes críticas provenientes de los gobiernos anfitriones de sus cárceles secretas. La CIA cerró una de ellas casi de inmediato.

Los psicólogos

Los senadores destacaron dos piezas clave en el esquema de tortura que llevó a cabo la CIA. Desde el inicio, la agencia contrató a dos psicólogos, Grayson Swingert y Hammond Dunbar, para acompañar los interrogatorios, lo anterior a pesar de su total ignorancia del Medio Oriente, de Al Qaeda o de la forma de llevar a cabo un interrogatorio.

Ambos habían laborado en la Escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de las Fuerzas Aéreas estadunidenses, y habían realizado un estudio sobre las 12 técnicas que pudiera utilizar la CIA en la lucha contra el terrorismo.

Entre éstas destacan los golpes, privación de sueño, permanencia en una posición de estrés, simulaciones de entierro o el “uso de insectos”.

Los senadores informan que los psicólogos se basaron en los métodos que inculcaban las fuerzas aéreas a sus pilotos para resistir a la tortura durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, en este entonces la tortura tenía como objetivo sacar confesiones a los pilotos, con fines de propaganda y no de inteligencia.

Además, los senadores descubrieron que desde 1989 la CIA está enterada que la tortura, tanto física y psicológica, resulta contraproducente en el ámbito de la inteligencia, ya que los prisioneros suelen dar falsos testimonios o respuestas para terminar con el insoportable dolor.

En el reporte, los senadores plantean que mientras se iba extendiendo el programa, los psicólogos pasaron de ser asesores a protagonistas –en 2002, un agente especial del FBI explicó a sus superiores que los científicos habían adquirido una “influencia tremenda” sobre la CIA–, convirtiéndose cada vez más en los promotores de la tortura en contra de los prisioneros.

Al descubrir el “waterboarding”, que consiste en simular un ahogamiento al extender un tejido sobre el rostro del detenido y a derramar agua encima, los psicólogos aseveraron en un reporte que esta técnica era “absolutamente convincente”.

Más adelante los senadores revelan que son los propios científicos quienes amenazan a un detenido de matar a sus niños, y recopilaron sus observaciones sobre la resistencia de los diferentes prisioneros a la tortura.

En septiembre de este año, los psicólogos enviaron un cable a la dirección de la CIA, en el que plantearon:

“Nuestro objetivo era llegar al punto en el que quebramos toda la voluntad o la habilidad del sujeto en resistir o negarse en darnos información”.

Los psicólogos tomaron una importancia tan grande en el programa que la CIA les pidió en 2007 informar a la entonces secretaria de Estado, Condolezza Rice, en qué consistía el programa. Según los legisladores, durante el encuentro Rice “expresó su preocupación sobre el uso de la desnudez y (…) la privación de sueño”.

En 2005, Swingert y Dunbar crearon una compañía especializada en la formación de interrogadores, psicólogos y guardias de seguridad para los centros de detención de la CIA. De acuerdo los senadores, “en 2006 el valor del contrato de base de su compañía, con todas las opciones ejercidas, rebasaba los 180 millones de dólares”.

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