Arturo Rodríguez García
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Para renovar la Cámara de Diputados, el PRI recibió ayer el registro y está por dictaminar las precandidaturas de personajes implicados en actos de corrupción, delitos del servicio público y electorales, o bien, en escándalos por autoritarismo y desmesura ventilados recientemente.
Por todo el país, la casi segura postulación de priistas polémicos, algunos en proceso de investigación con expedientes abiertos, es el común denominador en las listas de registro integradas el pasado miércoles en los comités estatales del PRI, como se puede observar en un muestreo realizado por Apro.
De los 300 distritos que se renovarán en junio próximo, 127 se resolverán por el procedimiento denominado Convención de Delegados. El resto serán candidaturas de unidad, coloquialmente llamadas “dedazo”.
Entre los beneficiarios de esta práctica, se encuentra Alfredo del Mazo Maza, hasta ayer titular de Banobras, quien contenderá por el distrito XVIII con sede en Huixquilucan, Estado de México. Heredero de nombre y activos políticos que por tercera generación han mantenido su presencia en esa entidad y la política nacional, Del Mazo es primo del presidente Enrique Peña Nieto.
En su edición 1985, Proceso publicó un reportaje sobre los contratos asignados a Grupo Higa –la empresa que construyó y financió las residencias de la primera dama, Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, respectivamente– durante la presente administración federal.
Bajo la dirección de Del Mazo, Banobras financió a Grupo Higa la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a través de la subsidiaria Autopistas de Vanguardia. Además, autorizó el financiamiento para la construcción y operación de un hospital público a Constructora y Edificadora GIA+A –propiedad de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, a la que está financiando el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa (Proceso 1990).
GIA+A y Grupo Higa fueron dos de las empresas a las que se asignó y luego canceló la construcción del tren México-Querétaro.
Paloma Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos, ayer renunció a la subsecretaría de Gobernación para contender por el Distrito VIII, con sede en Tampico, Tamaulipas.
Apenas el pasado lunes participó en un acto del presidente Peña Nieto, para iniciar un programa de expedición de actas de nacimiento para todo el país, implementado durante su gestión en la subsecretaría, pues de ella dependía el Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo).
Con ella renunció también Alejandro Armenta Mier, quien era titular del Renapo. El hoy exfuncionario federal estuvo implicado en un escándalo a inicio de esta semana, pues en el evento mencionado fue quien echó de Los Pinos al actor Sergio Mayer, quien representó al presidente de la República en la película “La dictadura perfecta”.
Sin embargo, la renuncia de Armenta Mier, político poblano ligado al exgobernador Mario Marín, no fue por el escándalo de intolerancia, sino para contender por el distrito VII, con sede en Tepeaca, Puebla.
El caso de Armenta Mier no es el único de quienes, envueltos en la polémica, han abandonado el gobierno federal en fechas recientes. La última semana de diciembre de 2014, Heliodoro Díaz Escárraga, funcionario del Infonavit, protagonizó un escándalo luego de presumir en redes sociales que regaló a su hijo homónimo — funcionario de Liconsa— un automóvil Porshe Cayman valuado en más de un millón de pesos.
Sin embargo, la dimisión de Díaz Escárraga fue en realidad por motivación política, pues al margen de que la Secretaría de la Función Pública anunció que investigará el caso del costoso regalo, el hoy exfuncionario se registró como precandidato del PRI al Distrito VI, con cabecera en Tlaxiaco, Oaxaca.
Escándalos y expedientes abiertos
También en Oaxaca, otro priista polémico pretende ser diputado federal. Se trata de Cándido Vitálico Coheto Martínez, quien enfrenta una investigación por un desfalco millonario en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca.
La peculiaridad del aspirante –ligado al grupo del exgobernador José Murat— es que, de acuerdo con medios locales, ha sido investigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por coleccionar animales exóticos en su domicilio.
Las acusaciones por desfalco son frecuentes. Por ejemplo, en Córdoba, Veracruz se registró como precandidato Juan Lavín, a quien la prensa local identifica como compadre del gobernador Javier Duarte.
A Lavín le reprobaron la cuenta pública de 2010 como alcalde de Córdoba, debido a un faltante de 90 millones de pesos, de los cuales sólo solventó la mitad.
El reportero Alejandro Villarreal publicó una perla provinciana: Esposa de Juan Lavín, la diputada local Paulina Murguía reclamó a sus compañeros de la Comisión de Vigilancia que ventilarán los resultados de la cuenta pública. Incluso, les aseguró que como presidenta del DIF se percató de que todos los movimientos financieros durante la alcaldía de su marido estuvieron apegados a derecho.
Esos delitos son menores en comparación con las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero que enfrentó el excandidato a la gubernatura de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, quien fue colocado en la lista de más buscados por la Interpol.
El priista consiguió un amparo en 2012 y denunció al entonces gobernador de esa entidad, Juan Sabines, de perseguirlo con motivaciones políticas. A tres años de distancia, ayer obtuvo su registro por el Distrito XII con cabecera en Tapachula.
Caciquiles, represivos y mapaches
Alcalde con licencia de Naucalpan, Estado de México, David Sánchez Guevara se registró para contender por el Distrito XXIV. Este gobernante también tiene expedientes abiertos, uno por reprimir y desalojar con violencia un campamento ciudadano que protestaba contra su gestión y otro por investigaciones en materia administrativa.
Otro político con denuncias por represor es el sonorense Próspero Ibarra Otero, quien aspira a ser diputado por el Distrito VII en esa entidad. Fue alcalde de Huatabampo, donde al concluir su administración fue severamente cuestionado por la contraloría municipal que le detectó irregularidades graves. Inclusive, la contralora Flora Millanés denunció que era objeto de amenazas e intimidaciones por parte del priista.
Los caciquismos se mantienen. Trinidad Padilla López, junto con su hermano Raúl, ha mantenido desde los años 90 el control de la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), a través del llamado Grupo Universidad.
Envueltos en la polémica, enfrentando severas críticas por su desempeño arbitrario, los Padilla se han confrontado con gobernadores y el gobierno federal, hasta doblegar a sus malquerientes. Ayer, Trinidad se registró como precandidato al Distrito XIII de Jalisco.
En Tabasco, otro cacicazgo se ha hecho presente para el proceso electoral en puerta. Se trata de José del Pilar Córdova Hernández, acaudalado cacique del sindicato petrolero –miembro de la elite de Carlos Romero Deschamps– que ha enfrentado denuncias por enriquecimiento y tiene un juicio político pendiente en el congreso local. Él contenderá por la postulación en el Distrito VI.
Y es que, la candidatura le será disputada por Jesús Alí de la Torre, excandidato a la gubernatura de esa entidad, sobre quien pesaron acusaciones por el desvío de 460 millones de pesos durante su gestión como alcalde de Centro.
En realidad, Tabasco es la entidad que tiene más casos polémicos. Por ejemplo, los exalcaldes de Comalcalco, Gregorio Arias Pérez y Alejandro Medina Custodio, enfrentaron problemas legales. A Arias Pérez, quien contenderá por el Distrito III, le reprobó el congreso local la cuenta pública por un desfalco superior a los 35 millones. Sin embargo, una maniobra legislativa operada por el entonces gobernador Andrés Granier permitió la aprobación de la cuenta sin solventar el faltante.
Medina Custodio enfrentó cargos por delitos electorales debido a operaciones irregulares en 2012. Ahora, contenderá por el Distrito III.
Si bien, el caso de Medina Custodio se cerró, hay otros priistas con expedientes abiertos, como el de Adriana Terrazas Porras, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en Ciudad Juárez.
La indagación de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos con fines electorales motivó que la funcionaria se separara del cargo; el pasado lunes renunció definitivamente a su posición en el ayuntamiento.
Entrevistada el miércoles por el Diario de Juárez, luego de registrarse como precandidata al Distrito IV, explicó:
“No es un impedimento (la averiguación previa) para la candidatura porque no estoy vinculada a proceso, hay una denuncia exclusivamente, pero no hay vinculación y con la certeza que tengo de que no cometí ningún delito estoy esperando la resolución de la PGR dadas las investigaciones que tengo conocimiento que han realizado, pero no estoy impedida ante la ley para poder tener la legítima aspiración”.
