México, 31 de enero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Tenían que morir más personas para que las marrullerías y cochinadas de esta criminal gasera salieran a la luz. Pese a ello, hasta este momento no se ha ejercido acción penal contra ella y en cambio los empleados de la pipa que explotó el pasado jueves, ya están siendo usados como chivos expiatorios acusados de homicidio cuando la empresa también es responsable.
De acuerdo con el diario La Jornada, Gas Express Nieto ocupa el primer lugar de todas las empresas del país que venden gas licuado de petróleo (LP) en negarse a que la Procuraduría Federal el Consumidor (Profeco) verifique sus plantas y camiones distribuidores en cuestiones metrológicas, comerciales y de precio. También es la que más multas ha acumulado en los últimos dos años y la que más quejas tiene de sus clientes.
«Es la empresa líder en negativas, seguida de Gas Imperial, porque las demás se dejan verificar normal», dijo Manuel Sánchez Robles, director general de verificación de combustible de la Profeco.
Según cifras del diario, 28 consumidores presentaron quejas contra Gas Express Nieto en 2014, 7.4% del total de denuncias contra gaseras presentadas ante Profeco ese año. En tanto, las multas contra esa empresa por todo tipo de incumplimientos se cuadriplicaron en los últimos dos años, al pasar de 4.2 millones a 16 millones de pesos.
La principal queja que presentan usuarios contra las gaseras de LP es justamente que roban a sus clientes, despachándoles de manera incompleta el combustible. A su vez, la principal causa de las multas que Profeco les ha «impuesto» es por negarse a que sus plantas y tanques sean verificados, pero Gas Express Nieto tiene el primer lugar en ambos casos, según el «funcionario».
Pero, ¡sorpresa!, la inútil Profeco desconoce si la empresa pagó esas multas, porque la empresa «tiene derecho» a interponer un juicio de revisión, de nulidad o hasta un amparo, lo cual es frecuente y «no somos la entidad que las cobra», señaló Manuel Sánchez al diario La Jornada.
«En la negativa de las empresas no hay resistencia ni hay violencia, simplemente se niegan a abrirnos la puerta para verificar la planta. Pero si entramos es importante aclarar que no revisamos toda la planta. La Profeco no revisa medidas de seguridad, sólo cuestiones volumétricas del combustible. Verificamos cilindros o camiones para surtir gas estacionario, revisamos las básculas de pesado para asegurar que el peso del cilindro de gas sea el correcto», explicó.
En pocas palabras, la Profeco no sirve para nada. No sanciona, no tiene facultades para obligar a una empresa a ser supervisada y en caso de que la empresa permita –así funciona el país: las empresas tienen que dar su permiso para todo –, Profeco sólo revisa aspectos limitados de su operación y olvida la seguridad. Por eso México es un paraíso para que empresas delincuenciales hagan lo que les venga en gana. Lo que Profeco llama «sanción» es una multa, es decir, un soborno legal a las falsas autoridades para que la empresa siga delinquiendo. Pero lo peor es que ni siquiera es «multa» le han cobrado.
Según Manuel Sánchez, corresponde a la «Secretaría de Energía» (Sener) sancionar a las gaseras cuando incumplen las medidas de seguridad. Evidentemente no lo ha hecho y eso ha costado vidas humanas.
Por otra parte, La Jornada descubrió que esta gasera asesina opera con dos razones sociales: Gas Express Nieto que concentró 17 quejas el año pasado y Gas Express Nieto de México con 11 quejas, pero ambas son de los mismos dueños.
De acuerdo con el citado funcionario, hasta este sábado, en el Buró Comercial de la Profeco sólo aparecían registradas 21 quejas para esa compañía del periodo de enero a diciembre de 2014 (divididas en 12 y 9 casos), pero Manuel Sánchez sostuvo que en realidad son 28 casos según la última actualización, considerando que son la misma empresa.
Con Gas Express Nieto han subido las sanciones, explicó el funcionario, porque se ha negado sistemáticamente a verificar sus plantas, así como por reincidencia y otros incumplientos. Aunque el personal de Profeco puede pedir que la policía los acompañe en sus operativos de verificación si las empresas se niegan a ser revisadas, no pueden entrar en las plantas a menos que se cuente con una orden de un juez. Y claro, hasta ahora no hay orden judicial contra ella.
Con información de La Jornada
