México, 26 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- En desplegado que apareció hace exactamente un mes en diarios de circulación nacional, organismos empresariales estallaron contra su empleado Enrique Peña Nieto y le exigieron incrementar la represión sobre las movilizaciones sociales, a las que culpan por la crisis económica que atraviesa el país.
El exabrupto de la oligarquía pasó un tanto desapercibido ante la opinión pública, pese a que fue difundido a página completa en periódicos «importantes». Medios electrónicos mencionaron poco o nada al respecto y apenas hasta ahora llamó la atención de la agencia estadounidense Associated Press (AP).
En el anuncio citado por AP, veinte poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis del sector privado recriminaron públicamente a Enrique Peña Nieto por «no hacer su trabajo» y le exigieron «garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio».
Esto, en clara referencia al incremento en las movilizaciones sociales tras el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 27 de septiembre de 2014; la sociedad civil se ha volcado en las calles para exigir no sólo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, sino la renuncia del actual ocupante de Los Pinos como paso necesario para obtener justicia por ese crimen de «Estado».
Desde entonces, organismos de la iniciativa privada como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) o la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), han demandado veladamente a Peña Nieto que intensifique la represión contra estas movilizaciones, pues, según los empresarios, están causándoles grandes pérdidas económicas sobre todo en el sur del país, por el cierre de calles y avenidas.
El desplegado concluye con un llamado a las «autoridades», incluido el propio Peña, a que «honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución».
La aparición de ese desplegado tiene dos lecturas: 1) según AP, el anuncio muestra la «erosión del respaldo a Peña Nieto» por parte de la cúpula empresarial que lo impuso; y 2) los empresarios simplemente están exigiendo al sujeto más privilegios fiscales y mucha más criminalización, represión policiaca y militar a la protesta social.
En efecto, otra de las demandas de líderes empresariales en fechas recientes, ha sido la aplicación de apoyos, «descuentos» y otros privilegios en materia tributaria, con el pretexto de las «pérdidas» que les han ocasionado las marchas por Ayotzinapa. El pasado 27 de enero, el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servtije, condicionó el apoyo de los empresarios del CCE a cambio de «facilidades» para ellos, pese a que año con año evaden cantidades millonarias de impuestos.
“Mi propuesta es que cerremos filas en servicio de México, pero apoyando a nuestro presidente. El empresariado es una fuerza política y, por lo tanto, debe respaldar abiertamente al ‘presidente’ en estos momentos que está en una situación muy delicada, muy triste”, espetó. “Lo vamos a respaldar, pero denle también facilidades a los empresarios”, condicionó en reunión con integrantes del CCE.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado –principal órgano asesor del CCE– reconoció en entrevista con la agencia AP que «no es común» que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.
«Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven», dijo.
Asimismo, señaló que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo «absolutamente intolerable». Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés, señaló sin mencionar directamente las gigantescas mansiones que la empresa Higa entregó a Peña Nieto y varios subordinados, a cambio de jugosos contratos de obra pública.
En todos los casos, tanto Peña –a través de su actual mujer– como los demás «funcionarios» involucrados han sostenido que las adquisiciones fueron legales. No obstante,
Ap descaró que la iniciativa privada ayudó a que el PRI volviera al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto, luego de dos gobiernos del conservador Partido Acción Nacional. Los empresarios elogiaron las contrarreformas que se promovieron como parte de su agenda oficial, para abrir por primera vez en más de siete décadas el sector petrolero y eléctrico al capital privado, expandir los monopolios en telecomunicaciones y debilitar al magisterio democrático.
El descontento comenzó con la ineptitud de Peña Nieto para instrumentar las contrarreformas sin afectar los intereses empresariales. La «reforma» fiscal, por ejemplo, no generalizó el impuesto al valor agregado a productos como alimentos y medicinas, como exigieron los empresarios y sí aumentó los gravámenes a los ingresos, lo cual para el sector privado afecta la inversión.
Además, «no hay transparencia en la manera en que el dinero se gasta», dijo Dwight Dyer, analista de Control Risk, una consultoría internacional, a la agencia AP.
Por lo pronto, los empresarios están muy molestos con las protestas sociales y, como hemos visto, Peña ha estado cumpliendo sus deseos de incrementar la represión.
Con información de AP
