Rossana Reguillo y Jesús Robles Maloof
SinEmbargo
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– En febrero de 2015 Rossana Reguillo, académica y bloguera mexicana reconocida internacionalmente por su trabajo sobre movimientos sociales, fue amenazada de muerte en Twitter. Los ataques se han extendido por más de dos meses y se han ampliado a otros medios sociales, a sus correos electrónicos e incluso a personas cercanas. A partir de esta experiencia buscamos reflexionar sobre el ejercicio de las libertades de expresión y organización entre otras y las implicaciones políticas de las formas emergentes de violencia y censura en internet.
Las figuras del troll y de los bots en internet han cobrado en México una relevancia preocupante por su potencial negativo para la libertad de expresión. En un contexto de extrema violencia, deterioro institucional y debilidad democrática, fortalecer la libertad de expresión y las garantías para la información, la discusión y la participación ciudadana en los asuntos de interés colectivo, es vital.
El troll es una figura del folklore escandinavo, una raza con forma humana, generalmente representado como demonio, ogro u otro terrible ser y, aunque no hay acuerdo sobre su origen o significado estricto, se asocia a figuras malignas, que se comportan violentamente.
La aparición del término troll y del verbo trolear en internet tampoco puede ser determinada en rigor. Distintos artículos académicos y periodísticos, ubican el inicio de la práctica en la década de los 90, en el sitio Usenet (Users Network, red de usuarios), un sistema global de discusión en internet, creado en la Universidad de Duke. Los usos tempranos del término se vinculan a la idea de “trolear novatos” («trolling for newbies»), cuyo sentido era el de gastar bromas por parte de usuarios más experimentados.
Sin embargo en la medida en que la arquitectura de internet se ha ido sofisticando y expandiéndose, el troll y el troleo, pasaron a nombrar comportamientos disruptivos cuyo objetivo fundamental es interrumpir o trastornar comunidades de hablantes, a través de insultos y amenazas, lo que Twitter denomina por ejemplo “abuso dirigido” y que su política de comportamiento abusivo penaliza con la suspensión de las cuentas de usuarios que lo cometen.
La magnitud y escala de los ataques a personas y sitios periodísticos o de opinión crítica, vuelve urgente no solo una reflexión seria sobre el asunto, sino además, evidenciar cuestiones fundamentales para comprender la importancia de este debate en una época en la que Internet es además de una herramienta, una nueva plaza pública.
Una de estas cuestiones es la minimización de este comportamiento violento, que parte de la falsa idea de que la vida en línea, virtual, es una vida distinta a la que llevamos fuera de línea cuando en realidad hemos visto de manera creciente cómo las y los usuarios de medios sociales, ponen en juego su prestigio para participar en distintos debates claves para la construcción de agendas y juegan abiertamente en el espacio público. Quizá el consejo común expresado en el “Dont Feed The Troll” ya no sea una respuesta suficiente cuando de intencionalidad política se trata.
Una segunda cuestión es la poca información disponible sobre el grave daño que infringen a las víctimas que son orilladas a retirarse de la red o a padecer efectos negativos desde daños a la salud física y emocional, hasta la renuncia a la palabra libre y pública, al respecto, Dominemos las TIC ha iniciado un trabajo de documentación.
Y una tercera cuestión es la ausencia o invisibilidad de una lectura política sobre lo que implica para la justicia y la calidad democrática la normalización de la violencia en internet. El llamado troleo, acoso o abuso, es hoy una herramienta que busca acallar, mediante el miedo, a las voces críticas o incómodas para ciertos actores, tanto gubernamentales como particulares.
BLOQUEAR NO ES SUFICIENTE
La literatura disponible sobre el tema, suele enfatizar en los desarreglos psicológicos de estos personajes; y aunque esto puede ser cierto, es decir, los llamados “trolles” gozan infringiendo daño a otros (el término utilizado para esto es una palabra alemana, sin buena traducción al castellano “shandenfreude”, que designa el sentimiento de alegría creado por el sufrimiento o la infelicidad del otro), reducirlo a un comportamiento psicológico oculta el rostro más atemorizante y preocupante de este fenómeno: el político.
Han sido ampliamente documentadas las estrategias de vigilancia y control por parte de los gobiernos y de poderes no claramente identificados a través de la red. La proliferación de las llamadas “granjas de bots”, que alude al “cultivo” y al uso de numerosas cuentas falsas en Twitter, se ha vuelto evidente en México.
Los bots (abreviatura de robot), son aquellas cuentas creadas que cumplen funciones automáticamente programadas, por ejemplo: publicar tweets con enlace a algún sitio web, dar retweet o seguir automáticamente a alguien que mencione alguna palabra o hashtag o en una estrategia inversa, para saturar discusiones o para acallar las voces disidentes en debates públicos contrarios a los intereses de gobiernos; se han convertido en un serio problema para mantener a twitter como “un genuino espacio informativo y deliberativo”, en palabras de Enrique Valero y Pepe Merino.
El análisis empírico y el uso de herramientas de minería de datos como Gephi, Json, Flocker y otras, permiten afirmar que emerge en el espacio público de las redes en México, especialmente en twitter, una estrategia de marketing y guerra sucia que involucra el uso simultáneo de trolles y de bots, que aunque mantienen funciones aparentemente diferenciadas, tienen como fin interrumpir la conversación, inyectar miedo y dañar lo que llamaremos “comunidades de sentido”, que son aquellas que a través de las redes buscan –incluso en el disenso-, generar debates abiertos, respetuosos, desjerarquizados sobre temas o procesos claves.
En el contexto de elecciones intermedias y de cara a los graves problemas en el país, como Ayotzinapa, Guardería ABC, presos políticos, Tlatlaya y otros, o, las graves evidencias de corrupción como el de las casas Higa, aunados al proceso electoral en curso, esta estrategia combinada, que ha sido evidenciada en los casos de las reformas estructurales, el #YaMeCansé o el más reciente caso, el de la periodista Carmen Aristegui, resulta un atentado contra la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia.
Bots para cambiar-anular el derrotero de una conversación; trolles para inyectar miedo con relación a esas mismas conversaciones. Al centro “granjas”, ese cultivo de cuentas y operadores, que hoy resulta tan redituable para los poderes que buscan extender sus tentáculos de control hacia las redes, utilizando viejas tácticas en plataformas nuevas.
APRENDER EN MEDIO DE LA TORMENTA
Rossana Reguillo fue blanco de un ataque orquestado y encabezado en twitter por una cuenta principal. El análisis de minería de datos de las cuentas de ataque, reveló que la mayoría de sus aparentes seguidores eran “bots” y, que los “trolles” quienes participaban en este ataque, sostenían constantes interacciones entre ellos. Las amenazas iniciales, de muerte, además de un lenguaje misógino y de odio, contenían lo que se denomina “un mensaje señuelo” o phishing, es decir un enlace que redirige a una aparente página de inicio de twitter que en realidad es falsa, con objetivo de robar la contraseña del usuario y otra información sensible.
En esta visualización producto de un análisis realizado por un equipo de expertos en minería de datos, interesados en la libertad de expresión, se reconstruye, prácticamente en tiempo real, el ataque. La gráfica recoge las últimas doscientas interacciones y a los seguidores de las cuentas implicadas. El punto verde, es el “target” (de aquí en adelante, evitaremos la noción de “víctima”, que es la que los atacantes buscan construir); las líneas entre cada nodo, muestran las últimas 200 interacciones y el momento del ataque. El motivo aparente es la participación del “blanco” en las manifestaciones por Ayotzinapa.
Pese a que el acoso y los ataques duran ya más de dos meses y pese a notables cambios en las estrategias para infundir temor, de la amenaza directa al uso de imágenes de pasteles o cuerpos quemados para aludir a lo que puede pasarle al “blanco”, y pese a la suspensión de numerosas cuentas por parte de Twitter por violación a su política de uso, la velocidad con la que abren nuevas cuentas o se roban (aparentemente) otras, indican que estamos frente a estrategias que movilizan gran cantidad de recursos humanos y técnicos como una táctica de silenciamiento. Frente a la grave situación del país, donde el asesinato de periodistas y defensoras y defensores de DDHH, los mecanismos de alerta, prevención y sanción, reclaman redoblados esfuerzos para no minimizar la amenaza.
El caso de Rossana Reguillo, pese a las repercusiones emocionales y laborales de tipo personal, nos ha permitido aprender y generar conocimiento clave para entender los riesgos que se derivan de la utilización de los medios sociales como prolongación de la censura.
LA RESPUESTA A LA AGRESIÓN
Amenazar bajo la legislación mexicana es un delito y como muchos otras conductas son independientes del medio usado para cometerlo. El artículo 282 del Código Penal Federal establece una sanción de tres meses a un año de prisión “al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos”. La pena se agrava si estas conductas son cometidas por servidores públicos.
En los últimos ocho años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el periodismo y se viven condiciones crecientemente adversas para el ejercicio de las libertades. Minimizar las amenazas solo es funcional a la creciente impunidad en las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. La experiencia en la protección de las voces disidentes indica que la denuncia y el acompañamiento social son clave para protegerles del riesgo.
La solidaridad nacional e internacional con Rossana fue impresionante. Tras un análisis de riesgo inicial se implementó un plan de protección con vertientes jurídicas, de cuidado personal, de análisis y documentación, incluyendo la denuncia penal y su incorporación al Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas.
A pesar de estas medidas los ataques continúan y se extienden ya casi por tres meses. Los indicios sobre la orquestación política del ataque se fortalecen y es la principal línea de trabajo de la defensa. La práctica de gobiernos y agentes políticos de contratar a agencias de mercadotecnia digital que incluyen entre sus servicios proporcionar a gobiernos “un ejército de cuentas listo para atravesar Twitter como campo de batalla en el que protegerá, pero también la emprenderá” no puede pasar desapercibida como uno de los peligros emergentes para la libertad de expresión.
La PGR ha recibido no solo la denuncia sino el material probatorio suficiente, así como una detallada propuesta de investigación conforme a los nuevos derechos procesales de quienes sufren un delito. Su actuación será determinante ya que la omisión genera los incentivos para que la impunidad se establezca.
En marzo de este año y dadas las críticas a su anterior política sobre abuso, Twitter modificó la atención que daba al acoso y a las amenazas. Pese a ello su política sigue mostrando serias debilidades para atender ataques sistemáticos y con un origen político como el narrado. Como sostienen Nadia Kayyali y Dany O’Brien es posible que la respuesta no esté en centralizar, sino en “entender mejor el comportamiento a que se enfrentan los individuos acosados” y que las empresas “amplíen sus horizontes”.
La tarea para las autoridades de procuración de justicia y para la sociedad civil es la de no pasar por alto el que las voces críticas y propositivas en la arena pública, vivan con normalidad la permanente amenaza; denunciar este obscuro peligro sobre la libertad de expresión y documentar para denunciar la agresión del autoritarismo disfrazado en millonarios contratos con empresas de mercadotecnia.
Defender a las voces críticas, es defender internet como herramienta cívica. Las posibilidades de un diálogo más democrático pasan por construir un entorno de debate sin violencia.
