México, 1 de noviembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Durante el presente «sexenio» han aumentado como nunca los fraudes y las construcciones irregulares en la Ciudad de México por parte de empresas inmobiliarias, y el responsable de que ocurran y sigan impunes «es el Estado», denunció el pasado 31 de octubre Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con el diario La Jornada, citando a la defensora de los derechos humanos en la capital, hay una larga lista de constructoras que han incurrido en prácticas ilegales, pero no han sido sancionadas por su eterna complicidad con las «autoridades» que, argumentando cualquier tipo de pretextos, les permiten delinquir a placer en la más completa impunidad.
Si bien el desarrollo urbano será el tema de la ciudad, hay que decirlo muy claro, «SÍ se han cometido fraudes y el principal responsable es el Estado, por acción u omisión», sentenció Gómez en entrevista para el citado diario.
En tal sentido, señaló que la asamblea legislativa «debe ajustar las normas de construcción» pero omitió el necesario castigo tanto a los funcionarios que no hacen valer la ley, como a las constructoras que corrompen a las «autoridades» y se salen con la suya.
De hecho, la CDHDF ha emitido diversas recomendaciones a varias delegaciones donde se detectaron ilegalidades en nuevas construcciones, pero los jefes delegacionales no quisieron aceptarlas.
«Es una trampa. Hay que decirlo con claridad, están haciendo fraudes a la sociedad, generando daños al interés público en agua, tránsito, hacinamiento y violencia intrafamiliar, porque hacen departamentos de 38 a 45 metros cuadrados sin espacios de recreación, sin cumplir los estándares de calidad en edificios nuevos«, denunció.
La trampa, abundó Perla Gómez, inicia con la empresa constructora –siempre las grandes empresas como el origen de toda la corrupción–, posteriormente con la delegación y finalmente las instituciones que otorgan los permisos y se hacen «de la vista gorda» ante las irregularidades. «Todos juegan, pues el constructor dice a mi me dieron los permisos, la delegación dice que la ley la faculta; sin embargo, la asamblea tiene que regularizarlos», sentenció.
Aclaró que no es un asunto de prohibir la obra pública para vivienda de interés social o de resistencia al desarrollo urbano. Lo que se pide simplemente, como en otros muchos casos en otros rubros de la vida del país, es que se respete la ley y no se violen derechos humanos y ecológicos.
La titular de la CDHDF también dejó muy claro que los capitalinos que han adquirido viviendas irregulares son víctimas de fraude, no culpables, y que la responsabilidad por los delitos cometidos al desarrollar esas construcciones recae, primero, en la empresa y posteriormente en la cadena de «autoridades» que facilitaron la comsiión de los delitos.
«El gobierno siempre por acción o por omisión será el responsable de las construcciones irregulares», concluyó.
Con información de La Jornada
