Por John M. Ackerman
(La Jornada)
Aurelio Nuño caracteriza su cruzada en contra de la cultura y la educación pública como una lucha en contra de los supuestos «privilegios» del magisterio nacional. Para el «señor secretario de Educación Pública», un maestro que, a cambio de ocho o 10 mil pesos al mes, entrega su vida laborando horas extras en condiciones ínfimas, enseñando a leer y a escribir a los niños y las niñas del país, es un sujeto deleznable. Desde el punto de vista del gobierno actual, habría que desechar, como si fueran fusibles viejos, a los maestros con experiencia y pasión por la educación y el pensamiento crítico. En su lugar, se busca colocar a nuevos interruptores chatarra traídos del extranjero a precios de remate.
La guerra declarada por la ignorancia del poder contra la voz de la conciencia encarnada en el magisterio nacional constituye una llamada a despertar para todos los ciudadanos de nuestra querida patria. Si dejamos solos a nuestros maestros, a nuestros sabios, a nuestros mentores, la historia nos juzgará. Si hoy damos la espalda a los trabajadores de la educación nos condenaríamos a un futuro de analfabetismo político controlado por gobernantes avariciosos y perezosos que solamente valoran al lucro y la ganancia.
La profesión del maestro es una de las más dignas y complejas que existen en el mundo entero. Quienes nos dedicamos a la enseñanza sabemos que ningún examen de elección múltiple puede medir el talento o la dedicación de un maestro. Existen, desde luego, grandes carencias en el sistema educativo nacional. Pero estos problemas no se deben a los mentores, sino a la corrupción enraizada tanto en el sindicato oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Otro gran problema es la falta de inversión pública en la infraestructura escolar y en los mismos docentes. México cuenta con más que suficientes recursos para contar con escuelas públicas en excelentes condiciones para todos los niños de la República. La SEP también debería garantizar salones con un máximo de 20 alumnos por clase, así como ofrecer una intensiva batería de cursos de capacitación y apoyo docente a los profesores del país.
En lugar de contratar a cada vez más soldados, helicópteros y armamento, el gobierno mexicano tendría que canalizar un porcentaje fijo, y en aumento cada año, del producto interno bruto al sistema educativo nacional. Para garantizar el flujo de recursos también se podría etiquetar por ley un porcentaje anual de los impuestos sobre la minería y de los ingresos petroleros específicamente para apoyar económicamente a los profesores, así como para mantener en perfecto estado las instalaciones educativas.
Los maestros no son los responsables de la crisis educativa nacional, sino sus víctimas. Los profesores no son los adversarios de quienes soñamos con un país más culto, consciente y participativo, sino nuestros mejores aliados.
Pero en lugar de apoyar y trabajar con los maestros, el gobierno despótico actual prefiere despedirlos o reprimirlos. El desalojo, el secuestro y la deportación de la Ciudad de México de los maestros en pie de lucha este sábado en la madrugada desde la Plaza de Santo Domingo, en el corazón de la capital, fue un acto propio de los peores regímenes dictatoriales. Las fuerzas del «orden» no solamente «encapsularon» a los maestros sino que también los expulsaron por la fuerza de la ciudad, en franca violación a sus derechos constitucionales a la libertad de tránsito, de reunión, de protesta y de expresión.
Con esta acción, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, una vez más, evidencia su total y absoluta traición a cualquier principio «progresista» o de izquierda. La Ciudad de México tendría que ser un espacio de refugio y protección para los maestros, los periodistas y los luchadores sociales perseguidos en todo el país. En lugar de enviar a los profesores literalmente al matadero en sus lugares de origen, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la capital tendría que abrazar y apoyar su lucha por una patria nueva, más democrática y justa.
Ya basta de faltarle el respeto al magisterio nacional. Frente a la total cerrazón de las fuerzas armadas a la transparencia y la rendición de cuentas, evidenciada recientemente en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, así como el vergonzoso entreguismo de los altos mandos militares a los órdenes de Washington, habría que reconsiderar la lección y la esperanza contenida en la tercera estrofa de nuestro Himno Nacional.
Hoy quien nos defiende con particular valentía del «extraño enemigo» que busca «profanar con su planta» el territorio nacional no son los soldados, sino los maestros. En un contexto de progresiva militarización de la vida pública y de represión cada vez más retrógrada desde la ignorancia del poder, la fuerza de la cultura y de la educación constituye nuestra salvación. Agradezcamos al unísono a nuestra «¡Patria querida!» porque «un maestro en cada hijo te dio».
