La tortura no cesa
Por Gabriel Gutiérrez R.
(Newsweek)
Esta historia comienza un 24 de junio, una noche de San Juan. Pasaba la medianoche y en algún lugar de la Ciudad de México los cohetes aún sonaban. Pero en el sur, sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, los hermanos Enrique y Adrián Aranda Ochoa comenzaban a librar lo que suponían sería una extorsión policiaca que terminó con una sentencia de cincuenta años de prisión.
Enrique era profesor de psicología en la Universidad Iberoamericana y fundador del Colegio de Psicólogos de México. Adrián, contador en una empresa. Ese día habían decidido reunirse con unos amigos, y cuando salieron a la tienda, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los interceptaron y les advirtieron que su descripción encajaba con la de unos sospechosos de asalto que se acababa de reportar.
Cuando llegaron a la delegación de policía, los hermanos Aranda Ochoa se enteraron de que, en realidad, los cargos que pesaban en su contra eran de secuestro en contra de una familiar de la entonces diputada Margarita Zavala (primera dama de 2006-2012) y la hija de un secretario de Estado de Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de México.
Si la vida de los hermanos Aranda Ochoa se dividiera en capítulos, a partir de ese momento se titularía “La tortura”. Golpes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas, los testículos, choques eléctricos, amenazas de matarlos, además de humillaciones e insultos, saturarían la escena.
“Bajo tortura. Siempre bajo tortura nos sacaron las declaraciones. Cuando estás en esos momentos no sabes si vas a morir, no te importa lo que pasará después. Les dices que sí a todo con tal de parar el dolor y el terror”, dice Enrique Aranda, desde un café, afuera de un establecimiento donde hoy da clases de yoga. “Ni mi hermano ni yo conocíamos a esas personas —las víctimas de secuestro—. Buscaban un chivo expiatorio y nos encontraron a nosotros”.
La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó la existencia de tortura en el caso de los hermanos Aranda Ochoa, tal y como lo consignó en su recomendación 12 del año 2002: “Peritaje médico: oficio I-28641, …Fueron ‘golpeados con objetos romos y contundentes’ en diversas partes del cuerpo”. Y con el peritaje psicológico concluyó que “la sintomatología referida mezcla y fusiona características de estrés postraumático por tortura”.
Pese a las irregularidades, los hermanos Aranda pasaron veinte años en la cárcel. Obtuvieron su libertad en febrero de 2016. “Todo el caso se tornó político”, dice Aranda Ochoa. “En 2005 estábamos a punto de ser liberados, el procurador (del DF) Bernardo Bátiz lo había anunciado, pero alguien de esas dos familias poderosas que nos acusaron movió los tornillos para evitarlo”.
Organizaciones internacionales como PEN International, Amnistía Internacional y la nacional Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria se pronunciaron en contra de la sentencia de los hermanos Aranda Ochoa.
Su caso no es la excepción, sino la regla. Nils Melzer, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció el 2 de marzo pasado, en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos que, en México, la tortura es una práctica “generalizada”, tal y como documentó el Grupo de Expertos Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016.
“Las fuerzas de seguridad y agentes de investigación (emplean la tortura) comúnmente, para la obtención de confesiones o como método de castigo”, advierte el informe de la ONU. “A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”.
TORTURA, UNA HERRAMIENTA JUDICIAL
El proceso judicial mexicano tiene una tradición que ha lacerado el respeto a los derechos humanos y al debido proceso: esa herida se llama tortura.
“La tortura no pasa en los casos extraordinarios, sucede todo el tiempo durante las detenciones”, explica Ana Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “La policía utiliza la tortura como un método regular para obtener información”.
En México, la “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes” conforman la onceava violación de los derechos humanos más registrada, con 5548 expedientes registrados por las comisiones de derechos humanos en los estados, en 2014, de acuerdo con información recabada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Sin embargo, no todas las comisiones de derechos humanos registran las quejas de tortura que reciben, o bien, las registran bajo el nombre de otros delitos, explica Perla Gómez Gallardo, la ombudsmande la Ciudad de México: “No se concibe, la tortura es justo una de las prácticas que da sentido a las acciones que hacemos como comisiones. Hoy en México no tenemos el mismo catálogo de violaciones”.
“No es gratuito”, agrega Gómez Gallardo. “Si no tienes datos, no puedes generar diagnósticos-país y no puedes comparar avances o retrocesos”.
A escala país, la cifra de quejas por tortura y malos tratos se multiplicó ocho veces, entre 2004 y 2015 —antes y después de la guerra contra el narco—, al pasar de 273 a 1505. El peor año fue 2010, con 2114 quejas, de acuerdo con el informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, de la organización Amnistía Internacional.
En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) contaba con 2420 investigaciones y solo 15 sentencias condenatorias sobre tortura, es decir, únicamente una de cada 161 denuncias castiga a los responsables.
En total, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 190 recomendaciones por tortura y malos tratos, entre 2007 y 2015, y nuevamente los primeros lugares de responsables se los llevaron el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la PGR.
Sobre los responsables, los primeros lugares los ocupan el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
“Todas las instituciones son, en proporciones distintas, culpables de tortura: la Marina, el Ejército, los policías federales y municipales, y esto en todo el territorio mexicano”, advierte José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
LA GUERRA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) declaró la denominada “guerra contra el narco”, las violaciones a los derechos humanos comenzaron su ascenso, principalmente la tortura y la desaparición forzada.
En 2011, un año antes de concluir el mandato calderonista, sin presupuesto y con personal heredado de otras dependencias, se lanzó Províctima (Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito). Y para 2014, un año después de la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV), Províctima se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Entre los mandatos de este organismo se encuentra el garantizar la reparación integral del daño de las víctimas de violación de derechos humanos, ya sea a manos de criminales o de las autoridades.
Con tres años de operación, la CEAV ha indemnizado, al cierre de 2016, a 268 víctimas como parte de la reparación integral del daño, con un total de 138.4 millones de pesos.
La reparación integral del daño en México es como un embudo, por el que al final el resultado sale a cuentagotas. De los 191 casos abiertos sobre tortura ante la CEAV —71 por ciento de ellos cometidos presuntamente por las fuerzas armadas—, solo 24 han recibido alguna compensación.
“Lo que debiera ser un procedimiento nacional se ha convertido en un procedimiento burocrático, engorroso para las víctimas, revictimizante y muy difícil de sortear, que además se queda corto al momento de reparar”, asegura Guevara Bermúdez.
El proceso suele ser el siguiente: primero la víctima presenta su queja ante alguna comisión estatal de derechos humanos o ante la CNDH, ahí se le practica el Protocolo de Estambul, el cual se trata de una guía, con estándares internacionales en derechos humanos, para determinar tanto médica como psicológicamente si una persona ha sido víctima de tortura.
Los hermanos Aranda Ochoa pasaron el Protocolo de Estambul, en 2002, mientras estaban en presidio, sin embargo, sus esfuerzos entonces estaban enfocados a recuperar su libertad.
En 2013 comenzaron el proceso de reparación del daño ante la CDHCDMX, aunque la indemnización llegó hasta finales de 2016, por un monto que los hermanos Aranda Ochoa prefieren no revelar, pero que consideran insuficiente para sopesar la tortura que los condujo a perder veinte años en la cárcel.
“Nos trajeron de vuelta en vuelta. Al final la indemnización llegó, pero el proceso es revictimizante, lento y creo que no cumple el objetivo de reparar el daño”, sostiene Enrique.
“El Protocolo de Estambul puede determinar si la persona sufrió o no tortura, en el mayor número de los casos de quienes dicen sufrir tortura, no lo sufrieron y lo usan como argumento defensista”, asegura Julio Hernández Barros, quien asumió el cargo de comisionado presidente de la CEAV en octubre de 2016.
En sentido contrario, las estadísticas de la CDHCDMX muestran que en 85 por ciento de los casos a los que se les practica el Protocolo de Estambul —conjunto de estudios físicos y psicológicos para determinar si alguien ha sufrido tortura y malos tratos— resultan positivos.
Anteriormente, las víctimas debían esperar una sentencia judicial en firme para solicitar la indemnización, Hernández Barros asegura que la CEAV ya no se maneja de esa manera y que ahora las indemnizaciones se podrán otorgar aun sin sentencias o recomendaciones de organismos de derechos humanos.
Cada año, la CEAV recibe alrededor de 500 millones de pesos, los cuales, al no ejercerse, han conformado una bolsa de 1,500 millones de pesos. No obstante, la lista de espera de víctimas que aguardan por una indemnización, como parte de la reparación del daño, ascienda a 200.
“Estamos frente a una de las instituciones con mayores subejercicios de la administración pública federal”, dice Guevara. “Y es inconcebible que la institución, encargada de indemnizar a víctimas, muestre subejercicios mientras que las víctimas están solas, rascándose con sus propias uñas”.
Hernández Barros asegura que uno de los objetivos de la institución será tener una relación más estrecha con las víctimas para conocer sus necesidades. Y considera que las autoridades responsables de la comisión de tortura deberían reembolsar los montos de las indemnizaciones a la CEAV, pues esto serviría como medida de presión para que capaciten a su personal y fomenten la no repetición de tortura.
LEJOS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL
La reparación integral del daño a las víctimas de tortura —así como de otras violaciones de derechos humanos— va más allá de un cheque firmado por el Estado. De acuerdo con la Ley General de Víctimas vigente, incluye: “Medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
Aun cuando se pague una indemnización a las víctimas, el Estado ha fallado en dos aspectos importantes: una disculpa pública y publicidad de los casos (como medida de satisfacción) y las garantías de no repetición, como en el caso de los hermanos Aranda Ochoa, quienes no han recibido ni una disculpa pública por parte de autoridades ni garantías de no repetición, como la investigación y proceso de los responsables.
“En México, la reparación integral del daño parece inalcanzable, nuestra esperanza se encuentra en la Corte IDH, donde están revisando nuestro caso, pero sabemos que el proceso es muy lento”, agrega Aranda Ochoa.
“Se supone que todas las instituciones del Estado, de acuerdo con el artículo 1 constitucional —reformado en 2012— tienen el deber de proteger y reparar a las víctimas. En este país hay autoridades que no son responsables, aunque se indemnicen, como la PGR o el Ejército. No ha habido una disculpa pública, como una medida de satisfacción”, apunta Guevara Bermúdez.
De las ocho sentencias de la Corte IDH en contra del Estado mexicano, siete están relacionadas con la tortura —la excepción es la expedida en favor de Jorge Castañeda, por no permitírsele ser candidato a la presidencia— y de estas, en seis casos la tortura fue cometida por miembros del aparato estatal. “En ninguno de esos casos ha habido una disculpa pública y tampoco hay responsables en la cárcel”, asegura Guevara.
Las confesiones obtenidas bajo tortura cometen un triple flagelo: el eminente, sobre la persona víctima de tortura; otro, sobre las víctimas del delito por el que se obtuvo la confesión inculpatoria, pues los verdaderos culpables dejan de ser buscados; y el tercero, la sociedad que no es protegida de los auténticos criminales.
Las torturas no solo representan la vulnerabilidad y victimización física de las personas, su rastro deja el trauma como una estela que para muchos es difícil superar.
Enrique Aranda saldrá el siguiente fin semana, por primera vez desde su liberación hace un año, a un viaje en solitario por carretera. “Es hora de, uno a uno, liberarme de los miedos”, dice.
La estela de la tortura es larga y latiguea de repente desde los recovecos de la memoria. Una sirena. Un lugar oscuro. Una frase escuchada al pasar. Cualquier cosa puede traer de vuelta la pesadilla.
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INSIGNIFICANTES, LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN
Aun cuando las víctimas alcancen alguna compensación económica por el sufrimiento provocado durante y como consecuencia de la tortura, la reparación integral del daño está lejos de ser una realidad en el país. Las medidas de satisfacción (artículo 72 de la LGV) han sido fuertemente ignoradas por las autoridades, entre ellas se encuentran:
—Verificación de los hechos y revelación pública de la investigación.
—Búsqueda de las personas desaparecidas, o bien, de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo la familia.
—Declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas vinculadas a ella.
—Disculpa pública, por parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
—La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
—Realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, vivas como muertas.
