México, 30 de abril 2020 (NOTIGODÍNEZ).- El panista Jesús Guerra Hernández, quien funge como “alcalde” del municipio de Ruiz, Nayarit, fue detenido el pasado martes luego de que presuntamente abusara de su propia hija, una adolescente de 16 años.
Según la relatoría de los hechos, la presunta agresión ocurrió poco después de que el sujeto regresara de una fiesta realizada pese a las medidas de contingencia sanitaria. Horas más tarde, la víctima habría señalado a su padre, quién también es médico de profesión, como el perpetrador de la violación. Personal de Fiscalía General del Estado (FGE) procedió entonces a llevar a cabo la detención del munícipe.
De acuerdo con el diario La Jornada, fue ayer por la tarde cuando el “edil” panista tuvo su primera audiencia de formulación de imputación en los juzgados orales. El expediente de su caso fue integrado con el número 617/2020.
Aunque trascendió que Guerra Hernández había sido trasladado a Tepic, capital nayarita, para dar respuesta ante las autoridades sobre la fuerte acusación que se le imputa, hasta ahora no se ha dado a conocer más información al respecto.
En tanto, el “alcalde” panista permanecerá en prisión preventiva en el Centro Estatal de Readaptación Social “Venustiano Carranza” de Tepic. La siguiente audiencia se llevará a cabo el próximo lunes 4 de mayo.
Versiones señalan que el hoy detenido presuntamente consumió bebidas alcohólicas y otras sustancias prohibidas desde la tarde del pasado lunes 27. Asimismo, se encontraba acompañado de otras personas que son buscadas por la Fiscalía para que rindan testimonio.
A su vez, personas allegadas al político en en el multicitado municipio nayarita indicaron que fue la adolescente quien señaló a su propio padre como el responsable de la agresión en su contra.
Jesús Guerra Hernández, de extracción panista, llegó a la presidencia municipal de Ruiz en septiembre de 2017 abanderado por una alianza electoral entre su partido y el PRD, PT y PRS. De ser encontrado culpable, sería sustituido por el secretario municipal, un regidor u otro funcionario del Ayuntamiento, dependiendo también de cuánto dure el proceso legal.
Debido al tipo de delito, que se agravó por la condición de autoridad municipal y el parentesco del acusado con la víctima, enfrentaría una condena de hasta 30 años de prisión.
Con información de La Jornada
