En 1988, sólo una promesa en voz del hijo de Lázaro Cárdenas pudo tranquilizar a un pueblo dispuesto a sacudirse, por los medios que fuera necesario, más de medio siglo de fraudes y autoritarismo priista: DEMOCRACIA. El despojo de la victoria electoral de aquel año que trajo consigo la creación del Partido de la Revolución Democrática –aglutinando a políticos reciclados del PRI, organizaciones de izquierda, líderes sociales y ciudadanía consciente—, en paralelo con la creación del Instituto Federal Electoral por órdenes del flamante usurpador Carlos Salinas de Gortari, suponía un hito en la historia de la lucha por la democracia desde la fallida revolución armada de 1910. ¡Por fin se creaba una fuerza política descomunal que cohesionaba a los movimientos de izquierda, dispersos hasta entonces, encabezada por un hombre honesto y comprometido con el pueblo! ¡”Ahora sí, ahora sí”, a partir de 1994 se pondría fin a la dictadura perfecta del PRI!
Un costoso PRD más corrupto que nunca, un “Pacto por México” que ha liquidado las conquistas del propio Lázaro Cárdenas y al menos cuatro fraudes electorales después, la promesa incumplida en esa historia de la vida real parece más una broma de mal gusto. Sólo algo podría superar en magnitud al agravio, la burla y la ignominia de aquella monumental estafa: QUE VOLVIERAN A HACERLO…
Supongamos, haciendo acopio de ingenuidad, que las intenciones del líder democrático más importante de aquel entonces hayan sido genuinas al canalizar el descontento social creando un partido político –obviando por ahora que ello también le traería beneficios económicos nada despreciables–, el más elemental sentido común nos lleva a concluir, ante el evidente y rotundo fracaso de sus buenas intenciones, que emprender la misma estrategia para impulsar la democracia es un completo absurdo o, en el mejor de los casos, un acto de ignorancia destinado a sufrir igual o peor destino, pues las circunstancias han cambiado sólo para mal durante las casi tres décadas en que los poderes fácticos se han consolidado tras el fraude de 1988, apuntalándose desde los medios masivos de comunicación, perfeccionando sus estrategias de manipulación y “legalizando” sus métodos represivos, cada vez más brutales. O, ¿puede el lector mencionar algún cambio de fondo, alguna herramienta nueva o algún elemento extraordinario que permita suponer que los poderes fácticos estarán, ahora sí, dispuestos a entregar el país a alguna fuerza opositora? Si no lo hicieron en 2006, cuando el triunfo de la izquierda fue por demás evidente, y menos lo hicieron en 2012, preparando el fraude electoral con seis años de anticipación… ¿por qué habrían de hacerlo en 2018?
La situación actual dista mucho del ambiente post-fraude de hace 25 años como para darse el lujo de esperar otro sexenio a ver si ahora sí “nos respetan el triunfo” (la distancia abismal que no hemos superado entre pedir respeto y darse a respetar). La agenda neoliberal –cuyos avances vino a supervisar hace un par de semanas Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, dando su visto bueno— se impuso en un abrir y cerrar de ojos empujada por la aplanadora PRI y AN en el congreso y una “manita” de la nueva izquierda perredista que ayudó a lanzar la piedrota de la “reforma” fiscal y ahora se esconde detrás de una falsa lucha contra la “reforma” energética, mientras la otra izquierda concentraba sus esfuerzos en afiliar gente para lograr su registro como partido político. Todos ayudaron, unos por acción y otros por omisión, a consumar el proyecto que Salinas de Gortari inició en 1988 y cuyos efectos brutales ya se observan en la economía: recesión, altos costos de la energía, desempleo galopante y legalización del despojo –al que sus “ideólogos” llaman falsamente expropiación— en favor de las grandes corporaciones trasnacionales, los verdaderos cerebros de las contrarreformas y las manos que mueven los hilos del teatro guiñol institucional. Por ello, volver a apostar a la vía electoral, en la humilde opinión de quien esto escribe, es un derroche de holgazanería frente a nuestra responsabilidad como pueblo de reaccionar y defender el patrimonio nacional. Apostar a la desmemoria histórica en estos tiempos, es un ACTO SUICIDA.
¿Vendrá el mesías a resucitar a los muertos?
Al concluir el régimen usurpador de Felipe Calderón, se contabilizaron “oficialmente” 58 mil muertos producto de su falsa guerra contra el narco. Otros conteos, mucho más creíbles, que incluyen a las víctimas mortales de la violencia en comunidades y municipios no considerados por los medios nacionales, elevan la cifra a más de cien mil.
El “cambio de administración” en 2012 fue sólo de nombre, porque, a excepción de la celeridad con que se han implantado las contrarreformas que ni Fox ni Calderón lograron sacar adelante, la falsa estrategia de seguridad del régimen actual se mantiene sin cambios, usando al ejército para amedrentar a la población e intervenir de vez en cuando en las pugnas de los cárteles (cubrir las apariencias) mientras el flujo de droga en las fronteras está garantizado. El único cambio que se avecina es la nueva “gendarmería”: un golpeador “oficial” en cada esquina para intimidar aún más al ciudadano de a pie. Misma tendencia fascista a incrementar la represión.
Así, el “nuevo” PRI lleva acumulados más de 23 mil muertos a 18 meses de haber usurpado (“comprado”, dirían algunos timoratos evadiendo nombrar el delito real) la Presidencia de la República, superando las cifras de su antecesor en el mismo periodo de tiempo, de acuerdo con los últimos reportes periodísticos. En NOTIGODÍNEZ hemos difundido otras estadísticas escalofriantes de la “nueva administración”: 8 secuestros al día, 17 desapariciones al día, 246 llamadas diarias de extorsión telefónica, incremento de 300% en la desaparición forzada de activistas… El actual régimen se perfila como el más sangriento de la historia, por encima del calderonato que parecía insuperable en términos de muerte, violencia y represión.
Frente a esa realidad, cualquier ciudadano está en su derecho de sentarse esperar un ilusorio triunfo en las “elecciones” de 2018 que –todo indica— volverán a ser fraudulentas, aunque esa actitud lo vuelva cómplice de la matanza por omisión. Y aún si los poderes fácticos milagrosamente decidieran en cuatro años dejar de delinquir y aceptar la voluntad popular, el ascenso de otro político, por más legítimo que sea, NO RESUCITARÁ A LOS CIENTOS DE MILES DE VÍCTIMAS que están cobrando el actual régimen y nuestra incapacidad –por no decir indiferencia, pereza y COBARDÍA– para derrocarlo. Si en verdad queremos evitar que siga la masacre, el momento de actuar es ahora y no mañana ni en cuatro años.
¿Hará el mesías el milagro de reaparecer el petróleo saqueado?
La “defensa del petróleo”, ese silbido mágico usado por la verdadera izquierda para atraer seguidores, quedó en el olvido ahora que sus impulsores ya obtuvieron una tajada del presupuesto –minúscula, comparada con lo que año con año se despachan PRI y AN– tras convertirse en partido con el aval de la misma “institución” que convalidó el fraude de 2012. Pero, ¿existió alguna vez tal “defensa”?
El 28 de noviembre de 2000, Vicente Fox firmó un tratado de cooperación con Estados Unidos (autoría de Salinas y Zedillo) para que empresas como Shell, Chevron, Texaco y otras petroleras estadounidenses explotaran yacimientos en proyectos conjuntos con Pemex. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001 y estipulaba un plazo de once años antes de su entrada en vigor, que ¡oh casualidad!, se cumplieron justo ahora que los “senadores” han aprobado las “leyes” secundarias de la contrarreforma energética. No obstante, Pemex ha venido concesionando proyectos a trasnacionales como el famoso yacimiento de Chicontepec que dejó pérdidas millonarias a la paraestatal y enriquecimiento a las compañías perforadoras. Decenas de proyectos similares “concesionados” dentro del supuesto marco legal avalado en 2008 (y otros descaradamente ilegales) han representado negocios billonarios para trasnacionales a costa de nuestra riqueza petrolera. Es decir, la iniciativa privada ha depredado el sector energético desde hace años –pretexto usado mañosamente para defender la imposición la “reforma” energética que legaliza dicha intervención y les otorga manga ancha para rapiñar lo que queda– saqueando nuestros hidrocarburos a la par del robo hormiga del narco y el propio “gobierno”. Frente a ello, la supuesta defensa del petróleo ha sido totalmente ineficaz.
Si bien las reservas de México se agotan rápidamente, aún queda mucho por explorar en aguas profundas del Golfo, el Pacífico, aguas someras y zona continental. También disponemos del codiciado gas shale en terrenos pletóricos de roca esquisto y gran cantidad de gas natural comercializado en nuestro país por el monopolio español Unión Fenosa. De eso se trata la contrarreforma: entregar todo lo que queda a particulares, desde los hidrocarburos hasta la tierra que los contiene, a cambio de una tajada para los políticos que están aprobando el atraco, ya sean sumas millonarias de dinero o jugosos negocios con sus propias empresas (el caso de Coldwell, Lozoya, Suárez Coppel, y muchos otros). Si la actual “defensa del petróleo” consiste en esperar hasta el 2018 a que un nuevo partido político llegue al poder y revierta las “reformas”, deben saber que la pérdida de nuestros hidrocarburos, el daño ecológico por el saqueo del gas esquisto y la perforación profunda en tierras de cultivo son IRREVERSIBLES. Ningún político puede renovar el petróleo, restaurar las tierras inutilizadas por torres perforadoras y eléctricas ni revertir el daño ecológico durante cuatro años de “fracking”, cuyos sus efectos nocivos en el ambiente se ha demostrado que son PERMANENTES.
Más grave aún es la falta de cláusula o especificación alguna en el texto de la mentada “reforma” que prohíba a empresas extranjeras utilizar sus banderas y escudos nacionales en territorio mexicano, de modo que el Estado pueda expropiarlas o expulsarlas en cualquier momento sin riesgo de conflicto a nivel internacional. El ex diputado Gerardo Fernández Noroña ha denunciado esta dolosa omisión desde hace un año en su “Carta abierta a Peña Nieto”:
“Porfirio Díaz dio concesiones a las empresas petroleras extranjeras sin que aportaran un solo centavo al país. No pagaban por importaciones, no pagaban por exportaciones, no pagaban por producción, prácticamente no pagaban por nada. Por lo menos tomó una precaución que tú [Peña Nieto] ni siquiera has tomado, que consistía en que las empresas eran consideradas nacionales y no podían acudir a la protección de sus estados nacionales.”
Fuente
Esta grave omisión impedirá al Estado mexicano expropiar o expulsar de nuestro territorio a dichas compañías amparado exclusivamente en nuestras leyes. Por lo tanto, aún si en 2018 la verdadera izquierda gana y le reconocen el triunfo, el nuevo gobierno tendría que recurrir a la jurisprudencia internacional en materia de derecho comercial, con largos litigios en cortes controladas por el FMI, para intentar recuperar los derechos de explotación que en este instante nuestro “congreso” entrega a trasnacionales sin siquiera prohibirles que puedan ondear sus banderas de origen y portar sus escudos en nuestro territorio. Disputas legales de este tipo se han dado varias veces en el mundo y todas han sido ganadas por las corporaciones. Fernández Noroña también ejemplifica esto más adelante en la citada carta:
“En Kazajistán, se encontró un pozo petrolero que puede generar 2 millones de barriles de petróleo crudo al día. Kazajistán es un país sin una empresa como Pemex, sin tecnología, sin dinero y se asoció con las trasnacionales petroleras. De cada 100 barriles de petróleo extraídos, le correspondería 98 a las trasnacionales petroleras y sólo dos a Kazajistán. Un verdadero atraco, lo peor es que las trasnacionales petroleras ni eso cumplieron y hoy, en los tribunales internacionales, éstas exigen a Kazajistán les pague una millonaria indemnización cuando no hicieron una sola obra para que el pozo produjera los 2 millones de barriles de petróleo al día.”
Las trasnacionales involucradas ganaron el caso.
Si en verdad queremos defender nuestro patrimonio energético, deberíamos actuar ahora mismo para detener la invasión que ya está sucediendo y evitar la que, a escala mucho mayor, se avecina. De lo contrario, en cuatro años no quedará nada por defender y será materialmente imposible sacar a la voraz industria extranjera de nuestro territorio sin arriesgar un conflicto internacional de proporciones nada agradables.
A quien corresponda
De todas las acciones posibles para generar un cambio en el país, la que más ha demostrado históricamente su total ineficacia es el “voto”. Me adelanto a los defensores de la farsa electoral y les concedo esta razón: los poderes fácticos han reconocido a la izquierda algunas victorias. Sin embargo, la mayoría de quienes tuvieron permitido acceder a esos cotos de poder acabaron traicionando a sus electores, subordinándose al régimen usurpador en turno. Vean si no a Graco Ramírez en Morelos, Ángel Aguirre en Guerrero o el propio Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal. Las migajas que la derecha arroja a la izquierda a cambio de “buen comportamiento” y obediencia –mientras ella acapara el resto del pastel y lo seguirá haciendo– han servido para que el ciudadano no pierda la fe un sistema electoral claramente fraudulento. Así, la farsa electoral funciona muy bien como otra camisa de fuerza al descontento social.
Para que la vía electoral funcione —y Pemex, CFE, los tres poderes, el IFE (o INE, es exactamente lo mismo), etcétera— el pueblo tiene que provocar un cisma tal que quienes sean designados para representarlo en los poderes e instituciones públicas, no puedan corromperse o sean realmente sancionados cuando lo hicieren. Eso no va a suceder si volvemos a limitar nuestras acciones solamente a tachar el logotipo de un partido diferente en las boletas de la próxima “elección”, para luego dejar que los criminales de siempre hagan lo que les venga en gana. Volver a confiar en el sistema electoral sin un cambio profundo de por medio, es tan irracional como presentarse a cualquier competencia, deportiva o de lo que sea, cambiando sólo de uniforme, a sabiendas de que nuestro contrincante hará trampa y que los jueces calificadores han sido comprados para permitirlo.
La democracia es mucho más que depositar un voto en la urna y delegar nuestras responsabilidades ciudadanas a un grupo de políticos para que “nos administren la cartera” –el erario que todos producimos– a su antojo. Del mismo modo que cuidamos y luchamos por el bienestar en cada uno de nuestros hogares, tenemos la obligación de vigilar que todo marche correctamente en la gran casa del pueblo que es México, garantizando nuestro bienestar como nación.
En una democracia, los representantes populares no son farsantes que se hacen del poder mediante fraudes electorales o tomándole el pelo a la gente con promesas siempre incumplidas, para luego asumirse como “grandes señores” poderosos, intocables, ajenos totalmente a sus electores y serviles a intereses contrarios a los del pueblo. Diputados, senadores y gobernantes son extensiones de nosotros mismos; son literalmente empleados de las comunidades a las que representan en los diferentes cargos que les fueron conferidos y su única función es atender las demandas de sus representados. Cuando dejan de hacerlo, cuando comienzan a actuar por voluntad propia dando la espalda a quienes los pusieron donde están, corrompiéndose y favoreciendo a intereses facciosos, se convierten en traidores. Es entonces nuestro deber desconocerlos, desobedecer sus falsas leyes y cesar cualquier tipo de colaboración con ellos y el grupo criminal (oligarquía) que los utiliza para someternos.
“La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo.” – Andrés Manuel López Obrador, conferencia de prensa del 31 de agosto de 2012.
Los politicuchos oportunistas como el peje (ndejo) solo buscan seguir viviendo del erario por eso son vividores sociales con estandarte de luchadores sociales, lo cierto es que TODA la clase política, esta echa de la misma m i e r d a, no hay ni a cual irle, las ratas aunque las pinten de colores diferentes siguen siendo ratas, la c a g a d a aunque cambie de color y se le ponga otros nombres como diarrea, sigue siendo m i e r d a, si bien el fantasioso, ilusorio y oportunista discurso de el asesino de José Ramón LO, solo dice una cosa cierta, «solo el pueblo puede salvar al pueblo» y bien dicho solo el pueblo, no un intento barato de politicucho de poca monta, populista con complejo mesiánico, pasado priista y antecedentes fratricidas, sera el día en que el pueblo se levante por su hartazgo de los rateros del poder dirigido por el mismo pueblo y no por un miserable y asqueroso oportunista vividor de quinta.
Estimados perdonen el comentario de mi hijo esta gravemente afectado de sus facultades mentales ve demasiado el vitor y las nacarandas vota por el PRI o el PAN le hemos dicho que ya no tome pero esta borracho no sabe lo que dice, confunde el genocidio que hacen el PRI y PAN en México con Zapata y Morelos quizas por que no termino la primaria.
Saludos el Padre Armando Barreda
PD Hijo ya deja de ver fotos de Peña encuerado