En un pronunciamiento público, 18 personas, en su mayoría periodistas de Chiapas, aseguran que en la entidad gobernada por Manuel Velasco Coello se está aplicando censura a comentarios críticos en Twitter, lo que corresponde de facto a las pretensiones priístas anunciadas mediante la impugnada iniciativa peñista conocida como Ley Telecom.
Gabriela Coutiño, periodista sureña, comenzó a recibir comentarios de tuiteros que le preguntaban la razón de que no estuviese colocando asiduamente sus posicionamientos en el sitio de los 140 caracteres como tope. Eso sucedió después del 4 de abril, cuando ella había tuiteado que “mientras el gobernador Manuel Velasco celebraba a todo lujo su fiesta de cumpleaños, en el municipio de Chilón fueron asesinados 4 indígenas y heridos 11”.
Entonces, explicó Coutiño, “empecé a hacer pruebas y a monitorear mi cuenta. Vi que los comentarios críticos que vertía en donde ponía los hashtag #Chiapas y #EZLN, o la identificación @VelascoM_ y otros, no se publicaban, lo que evidenció que era un acto de censura”. Otros internautas reportaron restricciones similares, como Jesús Lazos, @jesuslazos, “un usuario que en una ocasión tomó una foto al gobernador Manuel Velasco cuando indígenas del municipio de Oxchuc lo cargaban en andas, lo que generó muchas críticas en las redes sociales de Internet. Él explicó que no podía compartir información en su cuenta de Facebook en lo que se refiere a denuncias contra el gobierno”.
Al indagar más, los afectados se enteraron de que Twitter “mantiene un apartado sobre seguridad y policía, lo que permite a los gobiernos solicitar información de usuarios, pedir tu dirección de IP y leer tus mensajes privados, por lo consiguiente bloquear contenidos por varias razones a solicitud de las procuradurías de los estados”. Los 18 pronunciantes aseguran que “este acto de censura es parte de un contexto en el que se están criminalizando las acciones críticas. Como lo es la reciente aprobación del Código de Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que criminaliza la protesta” (http://bit.ly/1gIpCx0).
El citado código fue aprobado en Tuxtla Gutiérrez por 26 votos, frente a cuatro en contra y una abstención. A pesar de que la mayoría de las conductas susceptibles de “uso legítimo de la fuerza” ya están reguladas en otros preceptos penales, su reformulación específica en el contexto de las manifestaciones y protestas públicas pretende facilitar y “legitimar” las acciones policiacas inmediatas y contundentes, incluso mediante el uso de armas no letales para disolver concentraciones que la autoridad considere violentas y peligrosas.
De acuerdo con lo aprobado por el congreso chiapaneco, a iniciativa del gobernador Velasco Coello, las fuerzas de seguridad pública podrán usar la fuerza institucional en contra de manifestaciones o concentraciones públicas que recurran a las “amenazas” para intimidar a las autoridades u obligarlas a resolver en el sentido deseado por los “violentos”, al igual que si se “incita” a la comisión de un delito o se “perturba” la paz pública y la seguridad ciudadana. Bastaría, pues, con la presencia y las consignas de infiltrados y provocadores para que una protesta ciudadana fuese discrecionalmente clasificada por las autoridades de “violenta” y, en consecuencia, se ordenara “el uso legítimo de la fuerza pública”.
Ayer, por cierto, hubo varios bloqueos carreteros en Chiapas. Uno, que anunciaron sería por tiempo indefinido, fue en la carretera transfronteriza, tramo Palenque-Benemérito de las Américas, por indígenas que exigen la liberación de uno de los asesores de los bienes comunales de la Comunidad Zona Lacandona, detenido el pasado 15 por su presunta participación en el secuestro de la ex secretaria federal de ecología Julia Carabias. Otra obstrucción fue en la vía que va de Tuxtla Gutiérrez a Villahermosa, en demanda de que salga de la cárcel el dirigente de la Organización Luz y Fuerza, al que acusaron de robar ganado.
Así como se generalizó la pretensión de regular las manifestaciones públicas, ahora se avanza en la formalización del “uso legítimo de la fuerza pública” para enfrentar con dureza esas expresiones de inconformidad. Luego de Chiapas vino Puebla, donde ayer fue aprobado incluso el disparo de armas de fuego en caso de emergencias, desastres naturales y… manifestaciones violentas. Priístas y panistas sumaron 35 votos en el congreso poblano, frente a cinco abstenciones de diputados pertenecientes al Verde Ecologista y el PRD (tal vez el sol azteca no se atrevió a votar en contra en función de su reciente alianza con el gobernador ex priísta y ahora panista Rafael Moreno Valle, presunto precandidato presidencial pluripartidista –P4–, cuyo secretario de gobierno, Luis Maldonado Venegas, antes priísta y convergente, se acaba de afiliar al PRD chucho).
Con la Ley Bala poblana, los policías podrán utilizar toletes, químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control y pistolas noqueadoras ante manifestaciones “violentas”. Pero si, a juicio del agente en cuestión, existe riesgo para su vida, podrá valerse de armas de fuego, siempre y cuando considere que al accionar tales artefactos mortales puede prevenir una conducta ilícita y favorecer el “principio de oportunidad”. Antes de disparar, los policías deberán identificarse y exhortar al presunto agresor para que cese su conducta infractora, dándole tiempo para que recapacite, a menos de que “la necesidad de la acción sea inmediata”, pues de otra manera se pondría en riesgo a terceras personas y al propio agente policiaco.
Y, mientras el médico José Manuel Mireles se integra “con su gente” a la Fuerza Rural, como ayer anunció, en espera de que lo dejen “en paz”, ¡hasta mañana, con Jesús Zambrano, acompañado por Cuauhtémoc Cárdenas, estableciendo una “ruta crítica” para el debate legislativo sobre la reforma energética, confiado en que los foros a organizar en el Senado para ese propósito no caigan en, ejem, “la simulación”!
