Verónica Macías
El Economista
Los empresarios del sector de bares y restaurantes de Morelia se suman a las denuncias hechas por los abogados de los transportistas las semana pasada, y denunciaron arbitrariedades por parte de agentes ministeriales que laboran en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, quienes sin una orden judicial y con actos violentos realizan operativos en este tipo de establecimientos.
Empresarios, que pidieron omitir sus nombres por seguridad, relataron que desde hace dos meses padecen estos operativos, encabezados por el comandante Mario Eliodoro Elías Velázquez, quien fue parte del grupo Tiburón, refirió un abogado asesor. En dichos actos los ministeriales han “sembrado” evidencias, sobre todo droga conocida como cristal y mariguana, con el fin de asegurar el lugar y pedirles fuertes sumas de dinero para liberarlo.
Los afectados detallaron que los agentes ministeriales no sólo realizan cateos con lujo de violencia, sino que se llevan lo que encuentran en el lugar, como computadoras, vinos o dinero que tengan del día.
Otro empresario mencionó que derivado de un cateo el mes pasado detuvieron a algunos de sus trabajadores, y cuando llegaron al Centro de Operaciones Estratégicas, los ministeriales les propusieron entregar una suma de dinero para dejarlos en libertad. Dichos montos van de los 30,000 pesos hasta el medio millón, comentó otro dueño de un bar.
“Esto empezó hace dos meses. Según la autoridad los operativos están motivados por denuncias ciudadanas de la venta de droga en los bares, pero muchos trabajamos de manera legal y nos siembran evidencias. Los ministeriales no llegan con una orden judicial, llegan pateando puertas, con armas largas y cortas, amagando al personal. Tanto personal como clientes los ponen en medio del negocio, luego los van separando, hacen una pequeña revisión. Si un cliente trae un iPhone u otras pertenencias de valor se lo quitan. Empiezan a buscar cámaras, las cuales voltean o las tumban, se llevan las computadoras, el vino, bocinas, se llevan el dinero de las cajas. A mí me robaron dos cajas fuertes ”, relató.
El mes pasado, cientos de empleados y dueños de restaurantes y bares en Morelia salieron a las calles a protestar por el exceso de operativos que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Los inconformes se manifestaron afuera de la Casa de Gobierno, en donde afirmaron ser víctimas de abusos policíacos.
Varios giros rojos han sido cerrados por elementos de la Policía Ministerial por presunta venta de droga, cateos que dice la autoridad están fundamentados en denuncias ciudadanas.
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 2000, en la sección de demandas, el abogado Rodolfo Sergio García comentó que cuando Mario Elías Velázquez fue titular de la Primer Comandancia de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Querétaro, realizaban cobros a dueños de lotes de auto para dejarlos trabajar; sin embargo, posteriormente fueron inhabilitados, aunque algunos años después se reincorporó a las labores de seguridad.
Michoacán actualmente enfrenta una crisis de seguridad y violencia. En febrero del año pasado comenzó el surgimiento de grupos de autodefensa y fue hasta mayo de este año que se desintegraron o se regularizaron en algunos casos.
En enero de este año comenzó la coordinación de la Federación y en febrero la total intervención del aparato federal, nombrando a Alfredo Castillo comisionado para la seguridad.
En abril pasado, el comisionado anunció una limpia total al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. En ese entonces manifestó que quitaría a todos los ministerios públicos y policías ministeriales. Posteriormente fueron destituidos de sus cargos.
