Fernando Camacho Servín
La Jornada
La falta de mejoras en las condiciones de internamiento; insuficientes actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas; deficiencias en los servicios de salud; constante sobrepoblación y hacinamiento, son los principales problemas que enfrentan las cárceles del país, de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Debe añadirse la falta de personal de custodia capacitado y remunerado, así como insuficiente personal técnico y profesional penitenciario y en algunos casos inexistente; además de inadecuada clasificación criminológica y falta de separación de los internos por sexo y condición jurídica.
Para elaborar dicho informe, los especialistas de la CNDH realizaron una serie de visitas en 152 centros penitenciarios –de los cuales 129 son estatales, de los más poblados del país, 20 del sistema federal y tres militares–, donde verificaron diversos aspectos, entre ellos las condiciones de gobernabilidad y estancia digna, así como la situación de personas con discapacidad o adultos mayores.
Entre los resultados más importantes del estudio destacaron que en la mayoría de los centros penitenciarios la calidad y cantidad de los alimentos es deficiente, así como los requerimientos mínimos de higiene, lo que tiene un impacto negativo en la salud de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, de las 129 cárceles estatales visitadas, en 111 no existe separación entre procesados y sentenciados; en 104 es insuficiente el personal de seguridad y custodia; en 96 son deficientes las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, y en 92 son insuficientes las actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
De los 20 Centros Federales de Readaptación Social visitados, en 18 se observó falta de personal médico, así como de seguridad y custodia; en 17 hay insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 13, deficiencias en la atención sicológica; en 12, en la atención médica y en la separación entre procesados y sentenciados, y en 10, hacinamiento y carencias en las acciones para atender incidentes violentos.
En las prisiones militares se destaca la falta de separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes; y para el caso de internos con sentencia, no hay actividades laborales remuneradas.
De igual forma se documentó que en 84 de los centros penitenciarios visitados hay “áreas de privilegios”, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas, y se tuvo conocimiento de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.
En 76 cárceles existe hacinamiento; en 66, sobrepoblación, y en 63 hay deficiencias en la alimentación. Del primero de enero al 31 de diciembre de 2013, agregó el informe, las autoridades penitenciarias de los ámbitos federal y local reportaron un total de mil 784 incidentes. De este número, mil 631 corresponden a riñas, 10 fueron motines en diversas prisiones y uno en el Complejo Penitenciario Islas Marías, el cual dejó un saldo de 32 internos lesionados y un fallecido, hechos que motivaron la recomendación 44/2014.
En uno de los apartados del documento se enfatizó que “el trato despectivo, el abuso y la arbitrariedad hacia las internas e internos, son la regla que se observa en la mayoría de los centros y que se traduce en el uso frecuente y casi común de rudeza innecesaria.
“Obligar a reos a ponerse de espaldas, manos atrás, cabeza baja y pegados a la pared cuando pasa algún custodio, son medidas cuyo objeto es degradar a la persona y demostrar ‘la supremacía y poder’ de la autoridad penitenciaria,”
