En el colmo del cinismo, el «congreso» PRI-AN-RD-ista aprobó ayer la llamada «Ley General de Delitos Electorales» que entrará en vigor los próximos días, para tomarle el pelo a la prole y que vaya nuevamente a «votar» en 2015 y en 2018, segura de que, ahora sí ahora sí, la mafia del PRI-AN (a la que ya se ha sumado el PRD) por primera vez en su historia criminal respetará las leyes y el voto ciudadano. Ajá.
Esta gran simulación llamada «Ley de Delitos Electorales» es una de las primeras normas reglamentarias de la gran «reforma» político-electoral a aprobarse durante el periodo extraordinario de sesiones del teatro «legislativo», que culminará en junio con el remate del petróleo y la censura a la libertad de expresión en Internet y las redes sociales, mientras el pueblo hace catársis con el «mundial de futbol».
La ironía, que más bien parece burla descarada, es que esta «nueva ley de delitos electorales» presume que castigará TODOS los delitos que el PRI cometió –ayudado como siempre por su hermano gemelo el PAN– para imponer a Peña Nieto en 2012, a saber:
- Castigará, hasta con 15 años de cárcel, a quienes hagan aportaciones en efectivo o en especie a precandidatos, candidatos o partidos políticos con recursos de origen ilícito o en montos superiores permitidos. Es decir, castigará CASOS MONEX.
- Sancionará hasta con nueve años de cárcel al precandidato, candidato o funcionario de algún partido político que haga uso proselitista de servicios o bienes públicos. Es decir, castigará todo lo que hicieron en los estados «gobernados» por el PRI en 2012… y que de hecho siguen haciendo, ahora desde las dependencias que tienen tomadas para tales efectos (SEDESOL, por ejemplo).
- Castigará con cárcel, de entre dos hasta nueve años, a «funcionarios» que coaccionen, induzcan o amenacen a su subordinados para que participen en actos proselitistas, voten o se abstengan de votar por algún partido o candidato, condicionen servicios públicos o programas de gobierno, o hagan uso electoral de bienes o recursos públicos. En esto, el PRD también ha adquirido bastante práctica desde que se hizo del gobierno del D.F. en 2000 (aunque lo devolvió al PRI en 2012).
- Castigará con cárcel, de entre tres y siete años, a quien altere el Registro Federal de Electores o participe en la expedición ilícita de credenciales de elector, o en su caso compre, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal cualquier dato o archivo de los padrones y listados oficiales de electores. Nuevamente, el PRI tiene décadas de experiencia en esta clase de delitos. ¿Se castigará a sí mismo cuando llegue el momento?
- Se multará con prisión, de entre 100 y 500 días, a ministros de culto que en el desarrollo de actos religiosos presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición. Más simulación burlona.
En todos estos delitos, la maquinaria electorera del PRI es maestra y por lo menos dos fraudes electorales (1988 y 2012) lo demuestran. El PAN ha venido adquiriendo experiencia desde que comenzó a «gobernar» algunos estados. Su falta de pericia para disimular los fraudes quedó exhibida en 2006, pero no importa. Tienen todo el tiempo del mundo para seguir practicando, al cabo que el pueblo no despierta.
Te pregunto, lector que tienes memoria histórica y aún así tal vez supongas que, con estas «leyes», finalmente se pondrá un freno a los fraudes del PRI-AN:
¿ALGUNA VEZ EL PRI-AN HA RESPETADO LAS «LEYES» QUE ELLOS MISMOS HAN CREADO?
