A pesar de que Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos, cinco veces mayor a la que le correspondía. El actual dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”, recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él; “indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este semanario forma parte—, realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital.
Por Homero Campa y Mathieu Tourliere
(Proceso)
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue costosa para el erario: el actual dirigente del PRI recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese monto, afirma el abogado Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral. La razón: se separó voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE establece que, “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, esta empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de que éste haya cumplido tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en la carta que le envió al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día, Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción” y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su declaración “3de3”— acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para obtener una liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó su petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de liquidación en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta administrativa”. Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública “tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte sostiene que su proceso de liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto pasivo” de un trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su separación fue “voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue” cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar una liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a través de su plataforma digital.
“La más alta liquidación”
El pasado 8 de julio, en su último día al frente de la CFE, Ochoa Reza acudió a la Gerencia de Relaciones Laborales de la empresa. Solicitó el “más amplio y eficaz finiquito”: un millón 725 mil 209 pesos, al que tendría que restar impuestos, hasta quedar en un millón 206 mil 271 pesos.
Este monto equivale a 253.35 días del salario diario integrado que Ochoa Reza cobró durante su periodo en el cargo, del 2 de febrero de 2014 al 9 de julio de 2016. Dicho de otro modo: la CFE pagó a su exdirector general mil 363 pesos por día, equivalente a dos días extras de sueldo por cada semana que estuvo en su nómina.
Jaime Tadeo Castelán Olguín, subgerente de Relaciones Laborales, y Karime Slim Ruiz, jefe del Departamento de Dictámenes, dieron su visto bueno a la liquidación millonaria, la cual quedó plasmada en el “dictamen de terminación de la relación laboral” número T.L. 49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su “conformidad”.
En ese dictamen, que fue filtrado a la plataforma Méxicoleaks, la CFE explica que la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica “el otorgamiento de una gratificación especial por los servicios prestados, equivalentes a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público de Mando se le otorga el más amplio y eficaz finiquito”.
La CFE estimó el salario diario de Ochoa Reza en 6 mil 809 pesos, lo que incluye, además del salario base, la ayuda para renta de casa, el fondo de ahorro, la prima vacacional, el aguinaldo, el fondo de previsión, el transporte, la despensa, la “compensación garantizada” y el bono.
Para justificar el pago de 253 salarios diarios, el dictamen se apoyó en la fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE.
Esta fracción establece que, al liquidar los servidores públicos de mando, la paraestatal les debe 120 días de salario, más 35 días por año de servicios prestados, más otros 20 días por cada año laborado, bajo el concepto de prima legal de antigüedad. La suma, en el caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin embargo, el abogado Fuentes Muñiz asevera: dado que Ochoa Reza renunció a su cargo de manera voluntaria, la CFE debió aplicar la fracción primera del artículo 33, la cual se establece para los casos específicos de “separación voluntaria”.
Esta fracción prevé una liquidación de 20 días de salario por año de servicios para los trabajadores que renunciaron por voluntad propia. Contempla también un monto extra según la antigüedad del servidor público de mando, pero solo para quienes cumplieron por lo menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso del actual presidente del PRI.
En este escenario, la CFE hubiera pagado a Ochoa Reza un finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios; es decir, 330 mil 168 pesos brutos y 231 mil 118 pesos netos si se restan los impuestos.
Tras analizar los documentos a petición de la alianza Méxicoleaks, el abogado Fuentes Muñiz explica que el referido Manual plantea dos supuestos excluyentes: “separación voluntaria” o “liquidación”. El primero otorga una compensación mucho menor que el segundo.
“Si solamente estuviera el segundo supuesto, no el primero, habría posibilidades de que los funcionarios lo pudieran interpretar, dada la vaguedad en la que está redactado. Pero existiendo el primer supuesto de la renuncia voluntaria tal como está expresado, obviamente, no procedería porque es evidente que hubo una renuncia voluntaria y además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes Muñiz.
No sólo eso. Afirma que “los funcionarios que designaron el pago de liquidación están cometiendo una falta grave que puede ser incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente pueden hacer lo que está permitido en las normas”.
“Sujeto pasivo”
En entrevista, Ochoa Reza niega que su liquidación fue irregular o que obtuvo un trato preferencial. Asegura que el cálculo del monto de su finiquito estuvo a cargo de la CFE y que él fue un “sujeto pasivo” en todo el proceso. Además, estima que “de ninguna manera” esta liquidación le resta calidad moral o credibilidad a su postura de combate a la corrupción.
“Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad”, dice. Añade: “En ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
A la pregunta sobre si considera que una liquidación tan elevada es correcta, asevera: “Así es como lo establece la normatividad interna de la CFE y de la que yo soy un sujeto pasivo. Básicamente el cálculo se hizo por parte de la institución y ella determinó que ese era el monto que me correspondía”.
–¿La carta que usted envió al presidente es de renuncia?, se le pregunta.
–Sí, como no. Es una carta donde presento la renuncia, la hice pública en los medios de comunicación y en las redes sociales y en ese momento inicié el camino de acuerdo a los procedimientos del PRI para ser su presidente nacional.
–¿Eso significa una separación voluntaria?
Ochoa Reza frunce el ceño. Después de un momento de reflexión, responde: “Sí, pero…”. Con la mano, alienta a precisar la pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con el Manual, la CFE le tenía que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es que la normatividad, según he escuchado y analizado el caso, la normatividad no distingue…, la normatividad se refiere a la separación y en cuanto a esa normatividad, que tiene 15 años de vigencia y se ha aplicado a todos los directores, se calcula cómo terminará mi relación laboral con la empresa”, afirma.
Y añade: “a través de las preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero creo que quedan puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a cabo fue legal y además preciso y oportuno”.
Previo a la entrevista, Ochoa Reza dejó hablar a Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado General de la CFE, para que explicaran la parte legal de su liquidación. Durante la reunión estuvo presente el senador priista Arturo Zamora, quién de vez en cuando compartía sus opiniones.
Tanto De La Cruz como Martínez han colaborado con Ochoa Reza desde que dirigía la subsecretaría de Hidrocarburos –entre diciembre de 2012 y febrero de 2014–. El actual dirigente del PRI los reclutó en la CFE siete días después de asumir la dirección de la empresa productiva del Estado. Durante más de media hora, insistieron en que no hubo ilegalidad alguna en el otorgamiento de la liquidación a Ochoa Reza.
Sus argumentos: todos los directores de la CFE recibieron el mismo trato en los últimos 15 años; la normatividad está muy firme “porque no ha sido cuestionada por ningún otro instrumento legal”; y Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los beneficios de la fracción segunda pese que su caso aplicaba para la fracción primera, pues estas dos no se anulan.
Todavía el pasado 18 de agosto, la situación laboral de Ochoa Reza en el Sistema de Información de Estadística de Personal (SIEP) lo catalogaba en la categoría de “Separación voluntaria”. Cinco días más tarde, el 23, esta mención había desaparecido, sustituida por la mención “reajuste”, según documentos filtrados a través de Méxicoleaks.
Según los abogados de la CFE, este cambio no resultó de una maniobra engañosa, sino de una banal limitación del software. Explicaron: “no existe un campo que diga liquidación, entonces (reajuste) es el campo que se aplica internamente (…) Y si consultas con los demás directores es igual. Son categorías informáticas, no legales”.
Simple trámite
Con su liquidación ya pactada con la CFE, a Ochoa Reza sólo le faltaba cobrar su cheque. El pasado 24 de agosto, acudió a la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje junto con Castelán Olguín, el subgerente de Relaciones Laborales de la empresa.
Presentaron un convenio fuera de juicio –una figura que permite resolver casos laborales sin pasar por tribunales– elaborado el mismo día. Este convenio señaló que Ochoa Reza deseaba terminar su relación laboral con la CFE tal y como lo estipulaba el dictamen T.L. 49/2016.
La junta fue breve: el fedatario público aprobó el convenio, constató la entrega del cheque número 0000272 por un millón 206 mil 271 pesos con 81 centavos –fechado el 18 de agosto– a Ochoa Reza y ordenó el archivo del asunto como “total y definitivamente concluido”.
En el transcurso de esta investigación, se consultó el acta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias del cheque, del convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En realidad la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es la que autoriza el contenido del convenio, solamente revisa la forma en que se otorga la indemnización, pero no le corresponde validar el documento en cuanto a la norma. Si la empresa decide dar ese pago es responsabilidad de ella”, añade el abogado.
Fuente y documentos completos en: Proceso
