Fernando Inés Carmona
La Jornada
Orizaba, Ver.- Las agresiones sexuales contra mujeres y niños inmigrantes aumentó; de cada 10 que cruzan México seis son víctimas de ataques sexuales; la nueva política migratoria del país “obliga a los migrantes a usar rutas más peligrosas”, considera Amnistía Internacional, capítulo México (AI) quien lamenta que en la desaparición forzada, “el gobierno federal no atiende los reclamos y se agrava la crisis”.
A través de un estudio, la coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional, Chasel Colorado, dio a conocer que este organismo no gubernamental inicio la campaña Paso Migratorio, que tiene como objetivo “visibilizar el contexto de violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y niños que atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos”.
A través del sitio www.pasomigratorio.mx, se pretende documentar casos específicos de violaciones a los derechos de mujeres, niñas y niños migrantes; ya documenta 10 casos y está abierta a la sociedad para recibir relatos, fotografía u otras manifestaciones artísticas que ayuden a visibilizar y difundir los abusos en contra de los migrantes, declaró.
La campaña forma parte de una estrategia de Amnistía Internacional para la defensa de los derechos de los migrantes, y pretende contribuir a dar constancia de la problemática y ejercer presión por medio de la opinión pública para que se garanticen los derechos de mujeres, niñas y niños migrantes.
Por su parte, Las Patronas, que apoya a los migrantes en la zona de Amatlán, dijeron que en los últimos meses han observado un aumento en el número de familias y mujeres solas viajando con niños o incluso niños solos.
“Las nuevas medidas que el gobierno mexicano ha implementado en la frontera sur para tratar de frenar la migración, obliga a los migrantes a adoptar rutas más peligrosas, lo que vuelve aún más vulnerables a las mujeres que son engañadas en la frontera chiapaneca con el fin de hacerlas parte de redes de prostitución”.
La violación sexual, señala Amnistía Internacional, es una constante que ha sido documentada por organizaciones. Se calcula que seis de cada 10 mujeres que ingresan a México como migrantes sufren alguna forma de agresión sexual. Se hace necesario facilitar el acceso a los servicios de salud mínimos a quienes sufren esos abusos y darles todas las facilidades para que tengan acceso a la justicia, plantea.
En cuanto a las víctimas de la desaparición forzada, el gobierno federal no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en México, por el contrario, prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis.
Además se detalle que el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 322, “pero al parecer, estos datos corresponden a la Base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que existe desde 2011, y que contiene los datos con la información que proporcionan las procuradurías y fiscalías locales”.
“Una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22 mil 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8 mil personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas”.
A pesar de anunciar que este tema es prioridad para el gobierno federal, “las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando, no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza”, precisa.
Resulta preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada -es decir, cuándo existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público y que se le niega información sobre el paradero de la víctima. Es de recordar que, a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, no hay casi procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.
AI anunció también que se ha avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y permanente, que implementará un software para recopilar información útil que permita localizar a personas con vida, así como información forense para personas fallecidas sin identificar.
También se pretende crear la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, así como acciones de fortalecimiento y capacitación y de atención a los familiares de las personas no localizadas a través de audiencias y reuniones periódicas.
