Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El 11 de enero de 2011, en su rutina diaria, uno de los asesores jurídicos externos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Acapulco, Alejandro Vagliety, junto con otra apoderada legal, solicitaron el apoyo de dos trabajadores de la paraestatal para cortar la luz a un domicilio cuya conexión a la red eléctrica era ilícita.
Al acudir al domicilio, los trabajadores se percataron de que pertenecía al familiar de un colaborador de la CFE.
En vez de cortar el servicio eléctrico –tal como los apoderados legales les indicaron–, uno de ellos realizó una llamada telefónica a un tal “Mario”.
Minutos después llegó una camioneta con rótulos de Manuel Añorve Baños, entonces candidato priista a la gubernatura del Estado de Guerrero. Se estacionó frente al vehículo de Vagliety para impedirle el paso. Bajó un señor visiblemente enojado, quien “de manera prepotente y usando palabras altisonantes” pidió una identificación a los apoderados legales, pero ellos se negaron.
El hombre aseguró que era el líder sindical, “una autoridad en la CFE” y aseguró a los asesores jurídicos que ya estaban despedidos de la paraestatal. Sacó su teléfono celular e hizo una llamada.
“Manda una patrulla en chinga”, gritó en su teléfono. Al terminar la llamada, caminó hacia la puerta del vehículo de Vagliety y la cerró con violencia. “Tú no te vas a ningún lado”, le dijo. Luego lo amenazó con meterlos a la cárcel por usurpación de funciones.
Dos patrullas se estacionaron frente al domicilio. “Mario” urgió a los policías a llevar a Vagliety ante el Ministerio Público. Éste llamó a su jefe directo, quien le pidió esperar, pues ya iba en camino.
Los policías perdieron paciencia: Lo cargaron y dijeron que “le partirían la madre”. Uno le dio un rodillazo en la espalda baja y lo forzó a subir al carro policiaco.
“Mi licenciado, no se hubiera puesto necio con esta persona, por que mire ya nos lo trajimos a guardar”, le confesó un oficial en la patrulla. En el Ministerio Público, el superintendente de la CFE en la Zona de Acapulco, Alberto González Bornios, platicó con “Mario”.
En tono amenazante, éste le dijo que al no denunciar a Vagliety, rompería toda relación con el sindicato, pero Bornios le contestó que no podía denunciar a sus propios abogados por estar haciendo su trabajo. Vagliety salió libre.
Cacique
Alejandro Vagliety relató lo anterior en la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACA/M-I/029/2011, en la que denunció el delito de robo de energía eléctrica a la CFE, inculpando a Mario Ramírez Manzanarez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sección 2 Acapulco desde el 3 de abril de 2002.
Su historial es largo. Desde 2004, trabajadores han denunciado su “mafiosa” gestión en el sindicato y lamentan la protección que goza en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato –en especial por parte del secretario general, Víctor Fuentes del Villar—, así como de la impunidad jurídica que le asegura su hermano Jaime Ramírez Manzanarez, excomandante ministerial de Acapulco.
Según documentos a los que Apro tuvo acceso, además de ser Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Acapulco, Jaime Ramírez Manzanarez recibe una pensión de la CFE, aún cuando el oficio 18/164/CFE/CI/CS/0160/2011, expedido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), plantea que “se logró acreditar que el ciudadano Jaime Ramírez Manzanares no es trabajador activo de CFE”.
Existen denuncias realizadas ante el Ministerio Público sobre amenazas directas e indirectas del líder sindical, que los trabajadores califican de “cacique”.
El contrato colectivo del SUTERM plantea que los trabajadores de la CFE tienen derecho a instalar a dos de sus hijos como empleados temporales de la CFE. Sin embargo, si no laboran durante más de 60 días, pierden su antigüedad y reciben un nuevo número de trabajador, situación que lo empuja hasta el escalón jerárquico más bajo.
Según las averiguaciones previas, Manzanarez abusa de su poder para asentar su control sobre el sindicato, privando de trabajo a los electricistas inconformes y sus familiares –a veces más de 60 días-, y favoreciendo a sus cercanos, al otorgarles plazas pese a su poca experiencia.
Pero a veces emplea métodos más brutales. En noviembre de 2004, el sindicalista Mario Sosa Meza, perteneciente a una rama sindical opositora a la de Manzanarez, denunció abiertamente la “mala administración” del jefe sindical.
En la averiguación previa número TAB/I/2/0966/2004, declaró que el 9 de ese mes, los hermanos Mario, Jaime y Gerardo Ramírez Manzanarez lo interceptaron al salir de su oficina y lo arrinconaron contra la pared.
De acuerdo con su declaración, Jaime sacó una pistola, se la puso en el pecho y le dijo: “Te voy a matar hijo de tu pinche madre, porque haces declaraciones en los periódicos en contra de mi hermano, tu no sabes con quién te metes”. Enseguida recibió varios golpes, certificados en el peritaje medico que efectuó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ese día.
El pasado 11 de noviembre por la noche, el trabajador de la CFE, Raúl Noriega Mora, y su esposa estaban en su casa cuando escucharon un ruido fuerte. Su vivienda tembló. “No te muevas, viene la réplica”, dijo Noriega.
Minutos después escuchó que alguien tocaba insistentemente a su puerta. Entró su hermano, muy nervioso, en la habitación y dijo: “Sal rápido, tiraron una granada en la tienda”. Noriega corrió afuera y vio su miscelánea en llamas.
Noriega tenía problemas con Jaime Ramírez Manzanarez desde hace más de doce años. Según él, el hermano del líder sindical lo amenazó en 2005. En el expediente número TAB/SC/03/0672/2013 declaró que años después su carro fue robado. Explicó que volvió a ver su vehículo de casualidad algún día, pero manejado por “personas que trabajan para el hermano de Mario”.
Otra vez, al ingresar a un bar de Acapulco, recibió un fuerte golpe en el cuerpo con un bate de béisbol. “Bájale de huevos hijo de tu puta madre, deja de meterte con el licenciado Mario”, escuchó. Los golpes siguieron hasta sentir el contacto frío de una pistola contra su cabeza.
“Vuélvete a meter con tu padre Mario y vas a ver lo que te va a pasar, mierda”, le dijo uno de los agresores. Le advirtió que no denunciara ante el Ministerio Público.
Según Noriega, diez días antes del atentado a su miscelánea, Mario Ramírez Manzanarez paró su camioneta frente a la tienda y desde la ventana le lanzó un gesto amenazante a su esposa.
Ante la injusticia que reinaba en el sindicato y que perjudicó a su marido, Patricia Hirugami Casarrubias remueve cielo y tierra para denunciar los abusos laborales de Manzanarez desde hace cinco años.
El pasado 12 de mayo, acudió a su casa cuando un hombre bajó de su carro con vidrios polarizados. La alcanzó, la agarró y la pegó contra la pared de su vecino.
Le apretó la mandíbula con fuerza y le jaló el cabello hacia atrás. “Mira pinche vieja hija de tu puta madre, dice Mario Ramírez que le bajes de huevos porque te va a cargar la verga, a ti y a Mario Sosa. Díselo, díselo pinche vieja”. Sin dejar de empuñar el cabello, su otra mano le corrió por el cuerpo. La escena duro apenas cinco minutos, pero para ella fue una eternidad, recordó en entrevista con Apro.
Acoso
El pasado 21 de mayo, Roxana Parra Tejeda acudió a las oficinas del Ministerio Público de Acapulco para denunciar a Mario Ramírez Manzanarez por el delito de hostigamiento sexual doloso.
Es trabajadora temporal desde el 2007 en la CFE, puesto que heredó de su padre. Según afirmó en la averiguación previa número TAB/EDS/02/0510/2014, Mario Ramírez se le acercó en septiembre de 2008 y le dijo: “Oye Roxanita, si quieres trabajo más seguido sabes que tienes que acostarte conmigo”.
Ella siempre se negó a las propuestas, cada vez más insistentes de Manzanarez. El 30 de abril de 2010 recibió la notificación de que ya no tenía trabajo. Madre soltera de cuatro hijos, trató de convencer al líder sindical para recuperar su plaza, pero él le contestó que ya sabía lo que debía hacer.
Según la demanda que interpuso Parra, el hombre le dijo: “No voy a descansar hasta conseguir lo que quiero, ya sabes que a mí ninguna mujer me desprecia, eres bien puta igual que tus compañeras; sólo que ellas sí se han acostado conmigo y ya ves, la mayoría tiene trabajo”. Pero ella no cedió.
Robo encubierto
En el verano de 2012, electricistas encargados del almacén de la CFE en Acapulco se dieron cuenta que faltaba el equivalente a 19 toneladas de cable de cobre desnudo.
Al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, observaron que durante las noches del 24 de junio, 3 de julio y 8 de julio, varios individuos con uniformes de la CFE acudieron al almacén sin forzar la puerta –por lo que dedujeron que traían llaves—y se llevaron el cobre en camionetas, ayudados con grúas.
El puesto de los guardias de vigilancia se encuentra cerca del almacén, a donde se puede acceder solamente por la puerta principal. Sin embargo, los registros de aquellas noches indicaron: “turno sin novedad”.
Al percatarse del robo, los cinco trabajadores del almacén levantaron un acta para prevenir la jerarquía de la pérdida de la chatarra por un costo equivalente a dos millones 300 mil pesos.
Aún cuando el robo de cobre es materia del fuero federal, la CFE sólo realizó una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común el 13 de julio de 2012. Luego trasladó el almacén al centro de la Comisión en la colonia Diamante, despidió a dos de los cinco trabajadores y jubiló a los demás.
Javier Medina Escobar forma parte de los trabajadores despedidos. En entrevista con esta agencia, asegura que puede reconocer a tres trabajadores de la Comisión entre los ladrones que aparecen en los videos. Son, dice, los mismos que pasaron de trabajadores temporales a empleados de base, después de recibir un castigo de tres meses.
Alumbrado
Entre 2009 y 2012, además de su papel sindical, Manzanarez se desempeñó como director de Alumbrado Público en el gobierno municipal de Acapulco, bajo el trienio priista de Manuel Añorve Baños.
A finales de febrero de 2010, Manzanarez informó que Acapulco encabezaba la lista de municipios con mayor nivel de robo de electricidad. Y para “combatir las pérdidas por robo de energía”, aseveró que la CFE colocaría medidores digitales en el puerto.
Según medios de comunicación locales, Manzanarez renunció a su cargo público el 28 de abril de 2012 para dedicarse a la campaña electoral del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Guerrero.
Sin embargo, dejó al municipio un contrato tóxico con la empresa Óptima Energía, a la que concedió por diez años la instalación del alumbrado público del puerto, a través de un contrato que corre hasta el año 2022, aún cuando tuvo que ser avalado por el congreso local.
Los regidores municipales criticaron de forma vehemente el estado “desastroso” del alumbrado público, según varias notas de la prensa local de ese año.
En un artículo de La Jornada Guerrero del 29 de octubre de 2012, el regidor perredista Salgado Romero reveló que, a raíz de recorridos efectuados en algunas colonias populares, se determinó que la empresa no había cambiado ninguna luminaria.
Y no sólo eso: Al asumir el cargo, la nueva administración municipal se percató que 20 mil de las luminarias sustituidas por la empresa no se encontraban en los almacenes de alumbrado público.
Raúl Noriega aseguró a Apro que él vio estas luminarias. Se encontraban en los locales de los trabajadores jubilados del SUTERM, que se apropió Mario Ramírez Manzanarez para realizar reuniones y fiestas. A raíz de un largo juicio, los jubilados lograron recuperar sus edificios.
Noriega aseveró que se encontraba frente a los edificios cuando Manzanarez, furioso del resultado del juicio, trajo tráileres y sacó de los locales “miles de luminarias”. Además, se llevó todos los muebles y hasta los vidrios de las ventanas.
Patricia Hirugami asistió a varios encuentros con Víctor Fuentes de Villar, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, y le envió un sinnúmero de correos electrónicos. Y aunque éste siempre le prometió que atendería su caso, ella lamenta que hasta ahora no haya hecho nada.
En el Distrito Federal, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público, a la CFE y al Comité de Honor y Justicia del CEN del SUTERM. Pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta a su favor.
Pese al importante número de denuncias en contra del “cacique” Manzanarez, ninguna averiguación previa desembocó en un proceso judicial, lamentó Hirugami.
Peor aún, actualmente el líder sindical está en campaña electoral pues ambiciona un nuevo mandato como secretario general del sindicato.
