México, 6 de octubre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Luego de hacerle al cuento por algunos meses, el régimen usurpador liberó a cuatro de los siete soldados implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, donde fueron asesinadas 22 personas. Claro, así funciona la falsa «justicia» de los delincuentes: toman el pelo a la gente encerrando por algún tiempo a sus cómplices, para luego liberarlos y premiarlos en lo «oscurito». Otra consecuencia de mantener a criminales en el poder.
De acuerdo con el diario La Jornada, el juzgado cuarto de distrito de procesos penales con sede en Toluca, capital del territorio PRI conocido como «Estado de México», ordenó el pasado viernes la liberación inmediata de cuatro de siete elementos castrenses, a quienes la «Procuraduría General de la República» (PGR) acusó de haber irrumpido a fuego abierto en una bodega en Tlatlaya, donde murieron 22 presuntos secuestradores en una «balacera», de los cuales se confirmó que al menos 11 fueron ejecutados a manos de los militares.
Por ahora, los cuatro efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún permanecen detenidos en una cárcel militar, sujetos a proceso penal por delitos de la jurisdicción militar. No obstante, se perfila que sean liberados «por falta de pruebas».
De hecho, el auto de libertad del juzgado cuarto se dio en cumplimiento a la orden de un tribunal unitario, luego de que la semana pasada determinara que «las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para mantener bajo proceso a cuatro de los siete militares» acusados de homicidio y otros delitos.
Refiere La Jornada que sólo es cuestión de horas para que los militares paguen su caución y sean liberados de la prisión militar, según el penalista Juan Velázquez, quien señaló a La Jornada que asesoró a los abogados que defienden a los soldados implicados en la masacre de Tlatlaya.
Hasta el momento, la procuraduría peñista en poder de una empleada de Televisa, Arely Gómez Gómez, no ha emitido pronunciamiento oficial alguno sobre la liberación de los militares, aunque dispone de recursos legales para presentar una nueva acusación contra ellos. Sin embargo, deberá recabar nuevas pruebas que demuestren la responsabilidad de los elementos castrenses en la masacre. Pero no lo hará. Su papel no es buscar castigo contra sus propios sicarios. Y aún si lo hiciera, las cortes volverían a desechar las pruebas. Se trata solamente de simular «justicia».
Con información de La Jornada
