México, 3 de diciembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Habitantes de la comunidad de Huitzizilapan en el municipio de Lerma, Estado de México, denunciaron que el régimen usurpador de Enrique Peña Nieto y sus esbirros en los desgobiernos estatal, Eruviel Ávila, y municipal, Eric Sevilla, están interviniendo en el proceso de renovación de las autoridades comunales para imponer una asamblea espuria que favorezca a Grupo Higa, la empresa «amiga» de Peña Nieto beneficiada con un sinnúmero de contratos de obra pública, entre ellos la carretera Toluca-Naucalpan que atraviesa la mencionada comunidad.
La denuncia se da en medio del conflicto que atraviesan Huitzizilapan y otras dos comunidades afectadas con el decreto expropiatorio de Peña, emitido en julio pasado, que entregó cientos de hectáreas de tierras comunales y áreas boscosas a Higa para la construcción de la mencionada carretera.
En tal sentido, los habitantes de Huitzizilapan denunciaron que, mientras esperan la resolución de un tribunal colegiado para la solicitud de amparo 855/2014 contra la expropiación, los «tres niveles de gobierno» han infiltrado policías municipales y estatales en las asambleas vecinales, con el fin de reventarlas e imponer gente acomodaticia a los intereses de Higa en el Comisariado y el Consejo de Vigilancia.
El proceso de renovación de las autoridades de la comunidad se rige bajo los usos y costumbres de los indígenas originarios, y está amparado en la Constitución Mexicana y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, acusaron que desde hace varios años operan grupos de choque priistas en la comunidad, mismos que en fechas recientes se han autoerigido como autoridades comunitarias para colaborar con los «tres niveles de gobierno» en la entrega de tierras, particularmente en beneficio de la empresa Teya, filial de Grupo Higa.
De acuerdo con la agencia Proceso, los habitantes inconformes con el proyecto privado que beneficiará, otra vez, al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, señalaron al exalcalde de Lerma, Eric Sevilla, como el principal operador tras los grupos de choque. Éstos operan ofreciendo dinero, hostigando y hasta presionando con violencia a los 904 comuneros que integran el padrón avalado por la Procuraduría Agraria, para que favorezcan a miembros de su grupo político.
Asimismo, recordaron que en 2006 y 2012 los entonces comisariados ejidales Guadalupe Fidencio y Francisco Olvera, también priistas, “operaron junto con la empresa Teya la imposición del proyecto y dieron 20 mil pesos a cada comunero para que aceptaran el paso de la autopista”.
Se prevee que el proyecto carretero que comunicará a la capital de la entidad mexiquense con el municipio de Naucalpan, destruya 138 hectáreas de bosque que comprenden las comunidades de Huitzizilapan, Xochicuatla y Ayotuxco, consideradas como reserva natural protegida por un decreto presidencial de 1952 que Peña Nieto anuló en julio de este año.
Con información de Proceso
