Norma Garza
Reporte índigo
El dictamen de la empresa Associated Fire Consultants, basada en Tucson, Arizona, asegura que el incendio de la guardería ABC fue iniciado por la mano del hombre. Fue intencional, concluye.
En cambio otras investigaciones que mandó hacer la PGR llegaron a la conclusión de que fue accidental, originado en la propia guardería por un aparato de aire acondicionado (cooler), que según el dictamen firmado por el experto David Smith, de la compañía de Arizona, ni siquiera estaba conectado a la corriente eléctrica.
Y agrega que si lo hubiera estado, y el incendio se debiera a un sobrecalentamiento del “cooler” nunca hubiera alcanzado la destrucción de las fojas en la bodega vecina, lo que sí sucedió.
La papelería destruida está documentada con fotografías de los restos y muestras de las cajas las cuales están ahumadas en la parte inferior. Según el dictamen esto demuestra que el fuego fue intencional.
Sin embargo la resolución de Smith tiene bases mucho más sólidas que los peritajes que concluyen como causante al “cooler”, y concluye: el incendio inició en la bodega contigua que guardaba papeles de Hacienda y que el estado sonorense rentaba a particulares por 41 mil pesos mensuales.
El dictamen de Smith, que se observa mucho más apegado a la realidad con las confesiones grabadas y presentadas por Reporte Índigo la semana pasada, es contundente, aunque la PGR insista en desacreditarlas.
Los pormenores de este peritaje aparecen en el diario digital sonorense !Ehui! en una serie firmada por Lourdes Encinas.
Sin embargo, además de la conclusión de Smith, existen otros hechos que podrían llegar a dar amplias evidencias de que los altos mandos del gobierno de Sonora tendrían motivos suficientes para mandar quemar la bodega, depositaria de papelería del controvertido fideicomiso Plan Sonora Proyecta (PSP).
Este organismo público privado administraba 10 mil millones de pesos del presupuesto 2009, el último año del priista, y también el último año de 80 de hegemonía tricolor en el estado.
El 5 de junio de 2009 faltaba un mes para las elecciones y el fin del sexenio de Eduardo Bours. Ese día murieron 49 niños en la Guardería ABC en la que, ahora se revela, podría haber sido un crimen provocado por el propio Estado. Y aunque fuera no intencional, la gravedad del caso no se limita.
La inmediata elección se veía reñida en un estado en donde el partido se había perpetuado desde 1929. El panista Guillermo Padrés ganaba simpatías sobre el priista Alfonso Serrano.
En esa fecha era urgente borrar vestigios de malos manejos, de proyectos mal ejecutados, desaparecer números que pudieran ser retomados por un sucesor contrario que pudiera desatar una cacería de brujas. Se hacían los cortes de caja necesarios para eliminar evidencias.
Y, según testimonios publicados en medios, corroborados por diversos exfuncionarios y por los videos que presentó este medio, Bours pudo haber dado la orden a Carlos Lam.
De acuerdo al video, su secretario técnico Carlos Lam hizo las diligencias necesarias y comisionó a su chofer para ejecutar la orden.
Los papeles se quemaron y según el dictamen Smith fue a causa del fuego provocado con aceleradores químicos, como puede ser gasolina u otro carburante. Las cajas que quedaron son evidencia de esto.
Proyecta Sonora ¿borrar pruebas?
Tuvieron que pasar muchos años después de la muerte de los niños del ABC para que la PGR aceptara la posibilidad de que el incendio fue producido por humanos y derivado de una quema de evidencias en la bodega rentada por el estado.
Fue hasta el 2013 que la Procuraduría federal decidió tomar esa línea de investigación que desde el 4 de febrero de 2010 había presentado Associated Fire Consultation del perito David Smith.
Para seguir esa línea se pidió específicamente al nuevo gobierno panista de Padrés que testificara que realmente en la bodega se guardaban papeles del Plan Proyecta Sonora de Bours, que por muchos medios fue llamado “Proyecto Bours” y se decía era la caja particular del gobernante.
Pero el gobierno actual no pudo dar constancia de lo que se hacía en el gobierno pasado, ni en dónde guardaban sus documentos, por lo que la línea de investigación siguió detenida ante lo que dicen que no significa evidencia comprobable.
Para los padres de los niños muertos o heridos, los videos son solamente la reafirmación de lo que supieron un año después de la tragedia por el dictamen de Smith, el único que no ha sido avalado por las autoridades de manera oficial.
Fideicomiso ilegal
Las razones que la administración estatal tenía para destruir evidencias un mes antes de entregar su gobierno, parecen poderosas.
El fideicomiso creado al año siguiente de iniciar su gobierno, administraba 10 mil millones de pesos obtenidos por la contratación de deuda en el mercado financiero.
En su momento Bours dijo que esa nueva deuda se usaría de la siguiente forma: 5 mil 200 millones para pagar la deuda actual; 4 mil millones para infraestructura en los municipios, y 800 millones para el pago de los colocadores de bonos y de la fiduciaria Banorte, según consta en el Presupuesto de Sonora presentado al Congreso al inicio de su sexenio.
En 2007 la bancada panista en el congreso sonorense interpuso un recurso de inconstitucionalidad sobre el Fideicomiso Plan Sonora Proyecta (PSP), y mientras esperaban la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la administración advirtió que los planes del PSP se llevarían a cabo en su totalidad, aun con una respuesta en contra, ya que se habían dado anticipos para obras.
Para entonces, a cuatro años de iniciado el sexenio Bours, el Fideicomiso del PSP gastó más de 10 mil millones de pesos, pero omitió liquidar la deuda estatal por 5 mil 234 millones, como lo habría asegurado.
Esto está documentado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, presentado en noviembre de 2007 en el Congreso del Estado de Sonora, según indica el diario digital Contralínea en un artículo firmado por Nancy Flores en noviembre de 2007.
Agrega en su artículo que acuerdo a publicaciones locales, como el diario Cambio que luego cerró, el diseño del Plan Sonora Proyecta corrió a cargo de Protego Asesores, la empresa presidida por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.
La participación de Aspe fue señalada más tarde por otros medios como Proceso, El Universal y La Jornada.
Además, Bours apareció ante el Congreso un año después de iniciar su gobierno, y dijo: “Afortunadamente tengo amistad con Pedro Aspe e invitamos a Protego después de consultar, después de ver diversas opciones, y nos convencimos que en ese tipo de trabajo Pedro era la gente con la que debíamos trabajar”.
Cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas, Aspe creó en la subsecretaría de Egresos que presidía Francisco Gil Diaz, un esquema fiduciario y empresarial muy parecido al fideicomiso sonorense.
En el caso de Sonora, Protego recomendó la creación de uno o varios fideicomisos privados para administrar fondos públicos al autorizar al ente financiero a captar los impuestos antes de reintegrarlos a Hacienda.
Los diputados panistas que objetaron el PSP argumentaron en 2007 que los recursos captados por el fideicomiso privado podrían ser más de 100 mil millones de pesos provenientes del 2 por ciento sobre el impuesto de nómina, los automóviles nuevos y las revalidaciones de placas y licencias de manejo, según dijo en 2007 el diputado Florencio Díaz Armenta, coordinador de la bancada panista.
“Nosotros analizamos el monto de los recursos provenientes de estas cargas impositivas y lo proyectamos a 30 años, que es la duración del fideicomiso no público, y encontramos que estaría recibiendo un total de 114 mil millones de pesos”.
Estos movimientos financieros convertían recursos públicos en privados y lograron que Sonora fuera el estado con mayor deuda pública en relación a su crecimiento.
Estos argumentos llegaron a la Suprema Corte en 2007, según consta en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora con fecha 14 de agosto de 2007 con el registro 163/2007.
Y en 2009, un mes antes de terminar su gobierno, Eduardo Bours tenía urgencia por destruir evidencias de los manejos de los fondos del fideicomiso que según argumentaron los panistas en el Congreso local, nunca llegó a pagar la deuda por 5 mil millones.
En el mismo informe entregado al Congreso respecto al gasto de 2009 ndica que este monto “responde a lo que realmente ha ocurrido con lo previsto para el Plan Sonora Proyecta, ya que de una parte se obtuvieron los recursos para la realización de la inversión pública planeada; mas no se obtuvieron los recursos para liquidar deuda directa y de organismos en una cifra de 5 mil 234 millones de pesos”, según apareció en diarios locales.
Los dictámenes ignorados
Después de que David Smith, de Associated Fire Consultants, diera su dictamen que contradecía la teoría del “cooler”, que no estaba conectado, los padres de familia hasta entonces unidos luchando por justicia, se dividieron entre los que creían ese dictamen y los que preferían esperar resultados.
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio siguió creyendo a la PGR y Manos Unidas luchó por el esclarecimiento del caso siguiendo la conclusión del incendio iniciado para destruir papelería de la bodega.
Un año después de la tragedia, en junio de 2010, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó un dictamen que fue rechazado en votación de ocho de los 11 integrantes del pleno.
Ahí se señalaba a varios funcionarios como responsables por omisión de la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104 en el incendio de la Guardería ABC.
Entre los funcionarios señalados en el dictamen aparecía el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcacitas, el también exdirector del IMSS, Daniel Karam Toumeh, el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros.
El dictamen se rechazó con base en el artículo 97 de la Constitución Mexicana, exonerando de las responsabilidades señaladas por Zaldívar a todos los funcionarios involucrados
El subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, declaró en julio de 2013 que se habían practicado más de 50 diligencias en una nueva línea de investigación, motivo por el que se inició otra averiguación previa el 23 de abril del 2013, en la que Eduardo Bours estaría involucrado.
De acuerdo a las pruebas aportadas por medio de testimonios, implicarían a funcionarios estatales con el incendio; sin embargo, según la PGR, los testimonios “fueron considerados insuficientes para efectos de imputar algún delito al señor Bours”, por motivo de ausencia de pruebas.
La PGR argumenta que los testimoniales se limitan a testigos de oídas que no fortalecieron sus dichos.
Además de que en sus testimonios, rendidos en diciembre de 2010 ante un agente ministerial en la delegación de la PGR en Sonora, “se advirtieron contradicciones, errores de temporalidad e imprecisión de datos, lo que nos dejó claro que no se les puede considerar como testigos idóneos para efectos de esta investigación, en acatamiento a una jurisprudencia de la Suprema Corte”, según trascendió en medios nacionales respecto a los videos presentados por este medio.
El dictamen de Smith no incluye un “cooler”, demuestra que en la bodega vecina se inició el incendio, que la papelería amacenada sirvió como combustible, que la fuente de ignición fue una flama directa y además comprueba que el tiempo en que sucedieron los hechos.
Ante los testimonios es difícil negar la necesidad que pudo haber tenido el gobierno de Bours de borrar cualquier huella que lo implicara en malos manejos de su proyecto insignia de gobierno: Plan Sonora Proyecta.
