México, 18 de abril 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Y peores atropellos seguirán ocurriendo por los siglos de los siglos, mientras los mexicanos sigamos tolerando fraudes, imposiciones y demás delitos del grupo de criminales que llevan décadas usurpando el poder.
De acuerdo con el diario La Jornada, Amnistía Internacional (AI) calificó de «insuficientes» —o sea una burla— las disculpas ofrecidas por Salvador Cienfuegos Zepeda, «titular» de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respecto del caso de una mujer torturada por elementos militares y policías federales en Guerrero, mismo que adquirió visibilidad luego de que el video de los hechos fuera difundido en redes sociales.
¿AI dijo literalmente que esas «disculpas» son una burla? No, porque esa organización internacional tiende a ser muy condescendiente, «diplomática» y SIMULADORA. Lo cierto es que las «disculpas», cuando no están acompañadas de acciones para reparar el daño y, peor aún, para prevenir nuevas ofensas en el futuro, son eso: UNA BURLA INSULTANTE.
A sabiendas de ello, pero sin hacer la denuncia direca, AI señaló la urgencia de que el régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, y particularmente las «autoridades» militares, reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal militar en labores de seguridad pública.
En tal sentido, convocó al régimen mexicano a «poner fin de inmediato al desempeño de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública».
Por su parte, oraganizaciones en defensa de los derechos humanos y diversos colectivos de la sociedad civil, reclamaron que los militares que aparecen en el mencionado video estén sujetos solamente a proceso penal ante una corte militar, pues «los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR)» y los involucrados deben responder ante jueces civiles.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que la actuación de los mandos militares, al minimizar la brutalidad de los hechos exhibidos en el video, demuestran la necesidad de modificar el marco legal para que los actos de tortura se castiguen como en el resto del mundo.
“Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo sea modificado para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, señala el pronunciamiento citado por La Jornada.
Por enésima vez, cambiar el marco legal NO SIRVE PARA NADA en un país cuyas cuyas instituciones están secuestradas por CRIMINALES.
En respuesta, la Sedena indicó que el proceso legal contra los implicados se desarrollará en los “dos fueros”, el militar y el civil. No obstante, confirmó que el juicio militar se realiza sólo por «desobediencia» de los elementos, lo que se considera insuficiente por atenuar el verdadero delito que cometieron.
Por cuanto al juicio civil, la PGR tendrá la decisión de acusar a los elementos del delito que considere pertinente.
Con información de La Jornada
