Editorial La Jornada
La Fiscalía General de Chihuahua se retractó ayer de la aseveración inicial de que el presunto homicida de la activista Marisela Escobedo, José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, había muerto “de un infarto” en el Centro de Readaptación Social Número 1 del estado, y admitió que, de acuerdo con los resultados de una segunda autopsia, el recluso falleció a consecuencia de una fractura en las vértebras cervicales, propia de un intento de asfixia o de desnucamiento. Es decir, se trató de un homicidio, perpetrado sin embargo en un área de alta seguridad del establecimiento penal.
Con este hecho se suma una nueva incertidumbre al caso de Marisela Escobedo, emblemático de las miserias acumuladas desde el sexenio anterior en las corporaciones policiales y en las instancias de procuración e impartición de justicia del país.
Como se recordará, Marisela Escobedo fue asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta en demanda del esclarecimiento del homicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, cometido en Ciudad Juárez en 2008. Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de la menor e integrante del cártel de Los Zetas, fue acusado del crimen y capturado. El individuo se declaró culpable y condujo a las autoridades al sitio en que había enterrado el cuerpo calcinado de Rubí. Sin embargo, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudin Jurado lo absolvieron “por falta de pruebas” y el imputado fue puesto en libertad. Marisela Escobedo inició entonces una memorable lucha en demanda de justicia, en el curso de la cual realizó marchas por Ciudad Juárez y otras localidades de la entidad, y reunió 14 mil firmas en demanda de revocación de la sentencia absolutoria. Cuando logró que un tribunal de circuito anulara el fallo, Barraza ya se había dado a la fuga. Escobedo inició una protesta más, en la capital estatal, para exigir la captura del homicida de su hija y unos meses más tarde ella misma fue asesinada por órdenes, de acuerdo con los procesos judiciales, de Barraza Bocanegra.
En octubre de 2012 Jiménez Zavala fue capturado y presentado como el autor material del homicidio de la activista y desde entonces se encontraba sujeto a juicio. Ya en prisión, el gobierno de César Duarte lo presentó, con la anuencia del recluso, como promotor de principios y valores de civismo y como ejemplo de lo que no se debe hacer. En cuanto a Barraza, fue abatido por efectivos militares en Zacatecas en noviembre de ese mismo año, en un episodio que no mereció diligencia judicial alguna.
La muerte de El Wicked, el miércoles de la semana pasada, en el área de alta seguridad de la cárcel donde estuvo recluido durante 26 meses, deja una nueva incertidumbre en un caso que condensa algunos de los componentes más graves de la actual inseguridad que vive el país: la oleada de feminicidios, la impunidad persistente, la infiltración de la delincuencia organizada en instancias policiales y judiciales, la indolencia de las autoridades, la renuencia al esclarecimiento, el desaseo de los procesos legales y la desoladora indefensión de las víctimas y de la ciudadanía en general ante el embate de los grupos criminales.
