El estado de sitio en México

Gerardo Fernández Noroña

El día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (¡!) la supuesta reglamentación al artículo 29 constitucional. Ese artículo es muy importante, establece las condiciones para suspender derechos y garantías constitucionales en nuestro país.

Es un artículo que viene del constituyente de 1856. Debemos recordar que en el siglo XIX las invasiones militares de potencias extranjeras y los levantamientos armados eran una constante en nuestra Patria. Nos fue robado más de la mitad del territorio por la invasión injusta de Estados Unidos y sufrimos la imposición de un imperio extranjero sostenido por el ejército francés. Sumado a lo anterior, durante el siglo XIX era muy difícil que un presidente la República no fuera depuesto por un levantamiento armado. Frente a esas circunstancias, el artículo 29 estableció las condiciones para dar poderes extraordinarios al presidente la República.

A pesar de lo grave de los hechos antes señalados, el constituyente de 1856-57 dio al presidente las facultades para suspender derechos y garantías constitucionales sólo bajo autorización del Congreso.

Ahora, en condiciones muchísimo menos graves, se pretende otorgar al «presidente de la República» facultades para suspender derechos pasando por encima del Congreso. Más grave es que le otorguen al ejecutivo federal facultades discrecionales para suspender derechos y prolongar la suspensión de éstos bajo el pretexto de la inseguridad que se vive en el país.

La militarización del país ha sido una constante con el pretexto de combatir la inseguridad y el resultado ha sido de mayor violencia y de un mayor baño de sangre. Las violaciones a los derechos humanos, las lesiones, los atropellos, los homicidios y las desapariciones forzadas se han incrementado a partir de que el ejército realiza funciones policiacas. Ahora pretenden darle al ejército funciones draconianas. Si hoy que no está en vigor el estado de sitio se dan crímenes de Estado como el de Tlatlaya, brutales crímenes de estado como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se descubren fosas clandestinas por diversos estados del territorio nacional, imaginen ustedes el resultado que se obtendría con la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Se impondría un estado de terror.

Ya Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa había intentado bajo una reforma a la ley de Seguridad Nacional dar este paso monstruoso.

La suspensión de derechos es un asunto muy grave. Se trata de poder hacer detenciones sin orden judicial, allanar domicilios sin orden judicial, realizar cateos sin el respaldo legal correspondiente. Implica imponer un toque de queda y detener o disparar a matar a quien no acate esta bárbara medida. Incluye la posibilidad de detenerte y retenerte sin presentarte al ministerio público más allá del plazo constitucional. Considera la prohibición de la libre manifestación, de la libre expresión de las ideas, vuelve ilegal la reunión de más de dos personas en el ámbito territorial donde la suspensión de derechos esté en vigor.

Es, para decirlo de manera clara y directa la imposición de un estado de sitio. Es la implementación de un régimen militar bajo la careta de un gobierno civil y democrático. Es el paso necesario para realizar la represión que permita a un «gobierno» incapaz, inepto, acorralado y desesperado intentar controlar la creciente rebelión popular que exige su salida. Es en resumen -además de una medida brutal- una medida desesperada.

En la pasada legislatura, de la cual formé parte, logramos detener una iniciativa tan perversa. El que lográramos detener esa iniciativa y parar la reforma laboral, son dos cosas de las que me enorgullezco. Hoy en cambio, no veo como la actual legislatura pueda detener nada, pues han permitido todo tipo de atropellos a la Constitución y de medidas contrarias a los intereses nacionales. De hecho ya mencioné, que la iniciativa de marras fue aprobada por unanimidad nada menos que en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, paradoja de paradojas, ironía de ironías.

Lo que estoy compartiendo con ustedes es sumamente grave. Si permitimos que esta iniciativa sea convertida en ley, la represión se agudizará y el costo en dolor y sufrimiento para el pueblo irá en aumento.

Ha llegado el momento de desmantelar a este régimen político económico y social corrupto y caduco. Es necesario que hagamos un esfuerzo para potenciar la rebelión que exige la renuncia de Enrique Peña Nieto. Por ello, vuelvo a insistir en la iniciativa de desobediencia civil. Acordemos una fecha y a partir de ella detengamos todo tipo de actividad económica en el país. Paremos todo durante cuatro o cinco días: no vayamos a trabajar, ni a la escuela, ni de compras. Sería un esfuerzo enorme pero no hay gobierno que lo aguante. Su implementación nos llevaría a lograr la renuncia del ejecutivo federal.

Logrado este primer objetivo, se presionaría para exigir la realización de elecciones extraordinarias y la realización a su vez de un Congreso Constituyente. Ahí se sentarían las bases para una profunda transformación económica, política y social del país.

Por lo pronto estemos atentos. Considero que debemos presionar a los diputados para que esta iniciativa de ley no sea aprobada y convoquemos a una manifestación cuando sepamos que el pleno de la Cámara vaya a discutir tan nefasta iniciativa.

«El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz»

Gerardo Fernández Noroña.
México D.F. a 13 de febrero de 2015.