Convocan a nuevo cerco alrededor del “senado” para impedir aprobación de la fascista “Ley de Seguridad Interior”

México, 11 de diciembre 2017 (NOTIGODÍNEZ).- En redes sociales circula una nueva convocatoria para cercar el “Senado de la República” este martes 12 de diciembre, con el fin de impedir que los usurpadores de ese congreso impongan la mal llamada “Ley de Seguridad Interior”, un engendro fascista que, de aprobarse, otorgaría facultades dictatoriales al usurpador en turno y normalizaría la militarzación total del país de cara al fraude electoral de 2018.

Gerardo Fernández Noroña, dirigente de la Asamblea Nacional por la Independencia de México (ANIMO), así como otros activistas y organizaciones civiles, han llamado a la ciudadanía a sumarse al “sentón” que se realizará mañana martes en todos los accesos al recinto legislativo.

El acto está programado a las 8:00 horas con punto de reunión frente a la estación del metrobús Reforma, que desemboca justo en el acceso principal del Senado ubicado en Paseo de la Reforma e Insurgentes, colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

Como en el caso de las protestas realizadas la semana pasada, se llama a los participantes a mantenerse sentados frente a los accesos. Esto implica no ponerse de pie en ningún momento, incluso si ocurriesen acciones represivas por parte de la policía. Por ello, se requiere mantener la calma y no caer en provocaciones durante la protesta.

Además de Fernández Noroña, el sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, notable por su activismo en defensa de los derechos de migrantes, también se ha sumado a la convocatoria e impulsa una petición en línea por la no aprobación de la “Ley de Seguridad Interior”.

Entre las alarmantes disposiciones que contempla la “Ley de Seguridad Interior”, se incluye la facultad del usurpador en turno para “intervenir en zonas de conflicto” usando al Ejército y la Marina prácticamente a discreción exclusiva suya. En este caso, quien ocupe la Presidencia podrá recurrir a un protocolo simulador para iniciar la intervención en un plazo de 72 horas o, si existiese una “amenaza de grave peligro”, estará facultado para ordenar la militarización inmediata de los territorios en cuestión.

En tal sentido, el régimen usurpador también podrá suspender derechos y garantías individuales a discreción, si la propia “autoridad” determina que se ha presentado alguna situación de “perturbación a la paz pública o grave riesgo para la sociedad civil”.

Asimismo, se faculta a las Fuerzas Armadas y Federales para realizar todo tipo de “labores de inteligencia” en materia de seguridad interior, incluyendo la aplicación de métodos ilícitos para la recolección de información si ésta se justifica y lleva a cabo “con pleno respeto a los derechos humanos”.

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