Gerardo Fernández Noroña
A cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas, el desgobierno de Peña guardó un ominoso silencio. Al escuchar, hace un rato (27 de enero a la una de la tarde), parte de la versión oficial de la Procuraduría General de la República sobre lo sucedido el 26 de septiembre pasado se entiende el silencio guardado. El desgobierno federal insiste en una versión pedestre que ha manejado para prácticamente ante todas las matanzas y masacres que ha sufrido el país recientemente: fue el narco. Para ellos, invocar al narco se ha convertido como en un mantra, invocarlo les permite cerrar los casos.
Frente a cada crimen, declarar oficialmente que fue el narco es decir que habrá impunidad, que no hay nada que hacer, que el caso está cerrado.
Desde un inicio, el desgobierno de Peña ha buscado imponer la versión de que es el narco el responsable del crimen de estado perpetrado la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Desde los primeros días en que intervino el gobierno -muy tardíamente por cierto, ha buscado filtrar que los jóvenes normalistas estaban vinculados al narco. Frente a su fracaso durante todos estos meses de imponer tan descabellada versión, ahora pretende vender una variante de esa versión, ahora dice que los normalistas fueron confundidos con un grupo de narcos rival al que los ejecutó.
El grupo «Guerreros Unidos» no existía antes de la desaparición de los 43 normalistas. Antes de este horrendo crimen, «Guerreros Unidos» no tenía ninguna mención en los medios de comunicación locales de Guerrero ni en los medios nacionales. Sostengo que es un invento del gobierno federal. A esa patraña, suma ahora la de los normalistas narcos o confundidos por el narco, que para el caso viene a dar el mismo resultado. No hay cuerpos, no hay restos, no hay nada, los normalistas siguen desaparecidos, pero para el gobierno el responsable es el narco. Así, el desgobierno de Peña ya no tiene que demostrar que fueron asesinados, ni la forma en que fueron asesinados, la condiciones en que se realizó esta masacre, ni donde quedaron sus restos. Los normalistas no aparecerán ni vivos ni muertos, no hay explicación verosímil de este crimen horrendo. Tampoco hay justificación para la conducta omisa (en el mejor de los casos) del ejército ni del gobierno federal que permitieron esa noche de terror en Iguala. Aunado a todo esto, según la PGR, no hay elementos para responsabilizar al gobierno y al ejército directamente, a pesar de las crecientes pruebas de que no sólo fueron omisos, sino que fueron parte activa de la masacre, del crimen de estado oculto tras la desaparición forzada de normalistas.
La versión que pretende ser definitiva de la PGR de que los normalistas fueron calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero, no tiene como base una sola prueba. Los análisis de ADN no han evidenciado que las cenizas presentadas sean de restos de los normalistas. Peor aún, ni siquiera hay evidencias de que las cenizas dadas por las autoridades a los expertos hayan sido encontradas en ese basurero de Cocula y, la propia procuraduría olvida su versión de que las cenizas fueron encontradas en un río cercano al lugar. Sus versiones son contradictorias, absurdas y sin un solo punto de sostén serio. Imposible quemar 43 cuerpos en una noche al aire libre sin contar siquiera con hornos crematorios.
Fue el narco, así lo dicen las seudo autoridades y según ellos, hay que dar vuelta a la hoja.
La versión que presenta la Procuradora General de la República es un insulto a la inteligencia y es tan endeble que ni el «cansado» Murillo Karam la cree.
Por otra parte y en la misma línea, el rector de la UNAM José Narro, salió a descalificar a quienes exigen justicia, a los padres de los normalistas desaparecidos. Para el rector de la UNAM, la exigencia de justicia es un deseo de venganza. Que argumento más deleznable y fuera de lugar.
Narro suma su voz a la de personajes tan disímbolos como Onésimo Cepeda o Servitje, como la del propio Peña e inclusive la Coparmex, aunque si reflexionamos un poco más, todos coinciden en pertenecer a las filas del PRI de manera abierta o de manera vergonzante.
Sigue la ofensiva contra los padres de los normalistas desaparecidos. Se va cerrando el círculo que justifique su represión, su linchamiento mediático o ambos.
La jornada global por Ayotzinapa de ayer acreditó que el pueblo de México ni perdona ni olvida el crimen de estado que hay detrás de la desaparición de los 43 normalistas.
Sin embargo, hoy por hoy, los vientos que imperan no son los de cambio. Son vientos de incertidumbre, de confusión, de tensión y de confrontación.
Las fuerzas que impulsan un proceso de transformación del país se encuentran con una fuerte carga de división, de desconfianza mutua, de sectarismo, de despolitización, y conservadurismo. Paradoja de paradojas sin duda que así sea.
Este gobierno no tiene salida. Peña acabará yéndose más temprano que tarde, y eso no será hasta el 2018. Pero hoy por hoy no está claro que el cambio promovido nos lleve a una sociedad libre, justa y democrática. Debemos hacer un enorme esfuerzo de tolerancia, entendimiento, acercamiento, unidad y profundización de nuestras ideas para llevar la transformación a buen puerto.
Nos encontramos en una encrucijada y espero que tengamos la capacidad para descifrarla de manera que el resultado sea en beneficio de nuestro pueblo, de nuestras libertades y de la justicia social.
«El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz»
Gerardo Fernández Noroña. México D.F. a 27 de enero de 2015
