México, 16 de agosto 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Otro líder comunero en peligro. Mientras el asesino de Atenco siga en el poder, y peor aún, sus criminales titiriteros continúen manipulando el teatro guiñol desde las sombras y mantenidos por el pueblo, abusos como este seguirán ocurriendo. El pueblo tiene plena capacidad para ponerles un alto si así lo quisiera.
De acuerdo con el portal Sinembargo, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció la existencia de una cobarde campaña de criminalización y desprestigio contra José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, llamándolo criminal y exigiendo que se le «castigue» por oponerse al proyecto carretero ecocida que el asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, entregó a Grupo Higa, su empresa consentida.
En un comunicado citado por Sinembargo, la organización relató que el pasado domingo comenzó a circular un panfleto en calles y hogares del poblado, en el que se exige «en nombre del pueblo que se castigue a este criminal», refiriéndose a José Luis Fernández. El panfleto está firmado por un supuesto grupo autodenominado «Unidos por Xochicuautla».
Fernández ha sido uno de los más destacados defensores comunitarios del pueblo de Xochicuautla y del bosque otomí mexica, que peligra luego de un decreto firmado por el asesino de Atenco en junio pasado, para despojar a los pobladores de 38 hectáreas de sus tierras ubicadas en un área natural protegida desde 1952, que Peña pretende entregar ahora a Higa.
Sin responsabilizar directamente a esa empresa criminal o a su empleado Peña Nieto, la organización civil acusó “demasiada coincidencia que esa pretendida exigencia se realice justo cuando ha manifestado públicamente su oposición a la imposición de la Autopista Naucalpan-Toluca”, la cual fue concesionada a Grupo Higa con beneficio millonario para la empresa.
Cabe recordar que desde que Peña Nieto desgobernaba el Estado de México, ha favorecido a dicha compañía propiedad de su compadre Armando Hinojosa Cantú, con un sinnúmero de contratos de obra pública, mismos que se extendieron al ámbito federal tras la imposición del asesino de Atenco en la presidencia. A cambio, la empresa pagaría a Peña y su familia presuntamente con la onerosa mansión de Sierra Gorda 150 en Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, conocida como la «casa blanca» y cuyo valor se calcula en 100 MILLONES DE PESOS.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero manifestó su preocupación por esta campaña de linchamiento cobarde contra José Luis Fernández, en el contexto «lleno de agresiones de todo tipo a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas […]», y que de forma prácticamente anónima «se invoque represión contra un ciudadano que en todo momento con métodos pacíficos ha defendido los derechos colectivos e individuales de sus vecinos”.
Los voceros del centro concluyeron que este ataque tiene como objetivo inhibir y amedrentar a la población para “mermar la legítima resistencia jurídica y social sostenida por los y las indígenas que tanto respaldo estatal, nacional e internacional se ha allegado”.
Con información de Sinembargo. Foto: Benjamín Flores / Proceso
