Mayela Sánchez
Sinembargo
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– Entre 2013 y abril de 2014 se registraron 82 casos de ataques a defensoras y defensores del derecho a la tierra, que involucraron amenazas, agresiones físicas, intimidaciones, hostigamientos judiciales y hasta asesinatos, denunció el abogado Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Del total de agresiones, poco más de la tercera parte (29 casos) ocurrieron en los primeros cuatro meses de este año.
La cifra, además, duplica a la registrada por Cemda en el periodo 2011-2012, cuando documentó 41 ataques, a partir de revisiones hemerográficas y de los casos que conoce.
Las amenazas fueron la principal forma de agresión, pero también ocurrieron agresiones físicas, intimidaciones, 13 casos de criminalización, seis ataques a comunidades enteras y 14 a organizaciones que apoyan las luchas de los defensores y cuatro asesinatos.
De los 82 casos de agresiones referidos, 35 ocurrieron en Oaxaca, muchos de ellos relacionados con la instalación de parques eólicos. Otros estados donde la organización detectó varios casos son Puebla, Estado de México y Morelos.
Además de los proyectos eólicos, el Cemda también registró ataques en casos relacionados con proyectos mineros, hidráulicos o carreteros.
Los datos fueron referidos por Cerami durante la presentación del informe anual 2014 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa internacional para protección de defensoras y defensores de derechos humanos.
El informe titulado “No tenemos miedo”. Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado refiere a su vez datos que muestran un panorama similar de agresiones a nivel mundial: entre enero de 2011 y agosto pasado se registraron 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones civiles; 63 casos de vulneraciones contra la integridad física de 122 defensoras y defensores; y 43 asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 casos de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañados de detenciones arbitrarias.
Tanto a nivel mundial como en el caso de México una constante es que los principales responsables de las agresiones son agentes del Estado.
De acuerdo con el Observatorio, muy frecuentemente los agresores son policías, militares, agentes de seguridad privada, pero entre los responsables también se encuentran actores no estatales, como los empleados de las empresas, paramilitares o secuaces contratados por las empresas, los empresarios o los políticos para atacar, golpear o hasta asesinar a miembros y líderes de las comunidades que se oponen a los desalojos.
El objetivo es acallar a los opositores que podrían frenar un proyecto de inversión.
En el caso mexicano, el Cemda documentó que de los 82 ataques, 37 fueron perpetrados por agentes del Estado; del resto, no se pudo identificar a los agresores, puntualizó Cerami.
El informe del Observatorio señala que el 95 por ciento de las agresiones a defensores de la tierra queda impune.
PATRÓN DE AGRESIONES
Los defensores del derecho a la tierra incluyen a quienes se han visto afectados directamente por las prácticas o políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra, líderes de comunidades rurales o pueblos indígenas, campesinos, profesionales que no se ven directamente afectados pero que trabajan con quienes buscan el respeto al derecho a la tierra, miembros de organizaciones no gubernamentales, abogados, periodistas y en ocasiones incluso las propias autoridades o miembros del sector privado.
Se trata de un sector que frecuentemente se enfrenta a amenazas y dificultades que lo hacen especialmente vulnerable, señala el informe del Observatorio, debido a que “los derechos que reivindican pueden competir con intereses económicos que defienden tanto los Estados como las empresas y otras partes interesadas muy influyentes”.
Esta vulnerabilidad aumenta cuando trabajan en zonas remotas -lo que suele ser común-, hay corrupción generalizada, la aplicación de la ley es débil, es común la impunidad y los defensores no tienen herramientas para comunicarse con los organismos que podrían proporcionarles protección.
Las particularidades étnicas, sociales y de género de los defensores también son factores que pueden incrementar su vulnerabilidad, asienta el documento.
El Observatorio resalta el hecho de que los asuntos medioambientales a menudo están íntimamente ligados a la lucha por el derecho a la tierra, además del vínculo que la tierra tiene con la vida cotidiana de las personas. Al respecto, destaca que casi la mitad de la población mundial vive en áreas rurales, por lo que dependen directamente de la tierra para su subsistencia diaria, ya sea por la agricultura, el pastoreo para el ganado, la caza, la recolección o la pesca.
Adicionalmente, para muchos pueblos –especialmente los indígenas– existen vínculos culturales y espirituales ligados a ciertos territorios.
El Informe documentó casos paradigmáticos de agresiones a defensores del derecho a la tierra en varios países. A decir de Axel García, coordinador del área de Protección de Derechos Humanos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), los casos documentados retratan patrones contra los defensores que se repiten en todo el mundo: amenazas, ataques físicos, malos tratos, asesinatos, desapariciones forzadas, acusaciones infundadas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y hostigamiento judicial.
García refirió que los organismos judiciales de los países donde ocurren las agresiones se caracterizan por la falta de independencia, de medios o de pericia.
Asimismo, el informe da cuenta de que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de defensores del derecho a la tierra son frecuentes en América Latina y Asia. En el caso de América Latina, predominan Colombia, Guatemala, Honduras y México.
De hecho, entre los casos paradigmáticos que documenta el informe sobre asesinatos se incluye el de Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), quien fue asesinado el 21de julio de 2013.
La organización a la que pertenecía se oponía a la construcción de parques eólicos en Oaxaca por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa.
Un mes después del asesinato de Regalado Jiménez, el 25 de agosto un grupo de hombres armados, sospechosos de trabajar para la empresa, atacó y amenazó de muerte a varios miembros de la APPJ, cuando éstos visitaban la zona en la que se construía el parque eólico Bií Hioxho a fin de evaluar los daños que causaría la construcción del proyecto, de acuerdo con el informe.
MEGAPROYECTOS Y CONSULTAS
La lucha de los pueblos contra los megaproyectos. Foto: Cuartoscuro
La lucha de los pueblos contra los megaproyectos. Foto: Cuartoscuro
El Observatorio plantea que “el reciente aumento global de la demanda de tierra para los proyectos de inversión, de desarrollo y de conservación explica el aumento de las presiones sobre la tierra para proyectos y contratos económicos a gran escala”.
Eso incluye proyectos agroindustriales, industrias extractivas, el aumento de áreas protegidas, infraestructura a gran escala, proyectos de urbanización y turismo, y arrendamientos de tierra especulativos, que tienen como objeto la posterior venta de la tierra para obtener beneficios.
En el caso de México, Mecia y Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), coincidieron en que el auge del desarrollo de los llamados megaproyectos –que incluyen minas, caminos y proyectos hidráulicos– ha repercutido en el panorama de agresiones a defensores del derecho a la tierra. Asimismo, consideraron que la llamada reforma energética tendrá un impacto al respecto, toda vez que los cambios en la legislación prevén favorecer el uso y explotación de recursos en el subsuelo para proyectos de desarrollo.
Cerami explicó que el auge de los megaproyectos en América Latina en muchos casos han significado el despojo a las comunidades, lo que ha derivado en conflictos y el rechazo a las nuevas obras. Una consecuencia de esos conflictos es la criminalización de quienes se oponen a los proyectos por la defensa de la tierra y su territorio, abundó el abogado.
Ante ello, señaló la utilidad de la consulta previa a las comunidades, prevista en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cerami dijo que respetar la participación de las comunidades donde se desarrollan proyectos podría ser una vía para reducir conflictos sociales por la tierra. El problema es que las consultas no se están implementando de forma adecuada, puntualizó, pues si bien algunas se han puesto en marcha, éstas sólo quedan en un asunto formal pero carente de sustancia.
Yasser Caballero, integrante del Área de Justicia Trasnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló al respecto que cuando los defensores del derecho a la tierra han manifestado su opinión sobre los megaproyectos, han sido víctimas de amenazas al término de las consultas o posteriormente en sus domicilios.
