Yadira Llaven Anzures
La Jornada (Foto: Granaderos de Roberto Borge reprimen a pobladores de Holbox para que no lleguen a asamblea ejidal. Foto de Revista Proceso)
Organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos dieron a conocer en Puebla que “en México se vive un Estado de excepción”, producto de las políticas neoliberales de los últimos 30 años que va avanzado dolosamente con la criminalización de la protesta social.
Expusieron que en años recientes esta criminalización de la protesta no es solo de manera jurídica, sino también mediática, violando sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía.
El investigador del Centro de Análisis e Investigación de Fundar, Miguel Moguel, y Raymundo Espinosa Hernández, del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa, señalaron que esto representa un retroceso en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno de Peña Nieto, quien –advirtieron– intenta desaparecer los derechos sociales desde la Constitución.
El estudio fue presentado este jueves en la Casa Presno de la UAP, en la que estuvieron presentes académicos, agrupaciones sociales, campesinas y sindicales, así como colectivos que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la entidad y el diputado por Movimiento Ciudadano Julián Peña Hidalgo.
En el acto, los representantes de los colectivos dieron a conocer el documento “Control del espacio público”. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, en el que se analizan 11 iniciativas y reformas legislativas encaminadas a la restricción y a la criminalización de la protesta social.
La presentación del informe resultó una suerte de resumen sobre leyes nacionales y estatales para controlar la libertad de expresión, la movilización, la manifestación y el uso de los espacios públicos, destacando la #LeyBala en el estado de Puebla.
Asimismo, rechazaron el dictamen que ha sido aprobado para reglamentar el artículo 29 Constitucional que regula el estado de excepción, el cual –explicaron– permitiría al Poder Ejecutivo el establecimiento de la suspensión de garantías, posibilitando así su utilización política con propósitos de control social y criminalización de la protesta.
“La protesta social es un acto legítimo de la ciudadanía que las autoridades convierten en actos vandálicos, cuando el Estado debería ser garante del ejercicio satisfactorio de este derecho”, reprochó Espinosa Hernández, del colectivo Causa.
“Tenemos un gobierno santaanistas que está entregando por una comisión la riqueza del país, y llevando los pueblos hacia la muerte”, advirtió.
En su intervención, Miguel Moguel expuso que hay nociones que estarían sobre la discusión del acotamiento a la libertad de expresión y protesta social. Entre ellas, dijo, el avance en legislaciones que delimitan los derechos sociales, la reducción del espacio público, y la represión.
“Cuando hablamos de protesta la autoridad la confunde con un berrinche, cuando es la muestra última del descontento social porque el gobierno no da respuesta a sus demandas”, recalcó.
Entre las propuestas legislativas puestas bajo lupa en el informe, destacó la reforma al artículo 29 constitucional y su ley reglamentaria; ley antiterrorismo, contenida en el Código Penal federal, y las leyes de geolocalización, dispuestas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La ANAA respalda lucha de poblanos
Previamente, Moguel y Espinosa sostuvieron una reunión con organizaciones sociales y campesinas provenientes de 12 municipios de la Sierra Norte, Mixteca y área metropolitana de Puebla, principalmente.
El encuentro fue calificado de histórico por sus organizadores, pues fijaron la estrategia legal a seguir en la defensa del territorio y contra los llamados “proyectos de muerte”.
