Yamillete García Vargas
Quadratín
MORELIA, Mich., 2 de noviembre de 2014.- Con un total de 73 armas, Michoacán encabeza la lista de estados que registraron un faltante ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según un informe elaborado por el personal de la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en el 2013.
En los últimos seis meses del año en mención, la dependencia federal reportó un faltante de 796 armas cortas y largas, en la que el Estado de México encabezó la lista con un total de 196 armas perdidas o robadas, le sigue Guerrero con 178, Chihuahua con 126 y Michoacán con 73.
De acuerdo a la exposición de motivos del diputado del Partido Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez para fundamentar la presentación de una iniciativa de ley de entrega-recepción para el estado de Michoacán, dichas situaciones se generan a partir de las deficiencias en tales procesos durante cada cambio de administración, en este caso, dentro de las áreas de seguridad pública.
El legislador, quien también coordina a la Representación Parlamentaria del Congreso local, expone que “en la entidad no existe una ley de entrega-recepción como tal, más que una serie de ordenamientos dispersos, producto de diversas leyes que dejan muy a la ligera la interpretación y la correcta aplicación de un proceso de entrega-recepción adecuado que permita una correcta fiscalización y transparencia”.
Incluso señala que la deuda pública que vive Michoacán es un claro ejemplo de las consecuencias de un proceso deficiente en la entidad.
En este sentido, la propuesta legislativa establece lineamientos para que en todos los organismos públicos de los tres Poderes el Estado se ejerzan acciones más allá de acuerdos administrativos y se aplique una ley para llevar a cabo dichos procesos, principalmente acompañados de un interventor designado por la Auditoría Superior de Michoacán, que participe de manera más activa.
De esta manera, la iniciativa de ley que consta de seis capítulos con un total de 44 artículos y tres transitorios, inició su trámite legislativo, por lo que se encuentra en análisis de las comisiones correspondientes después de que fue presentada ante el Pleno Legislativo, mismas que de acuerdo a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local, cuentan con un periodo de 90 días para emitir un dictamen.
