Verónica Espinosa
Proceso
GUANAJUATO, Gto., (proceso.com.mx).- La expresidenta del DIF en el municipio de San Felipe, María Teresa Ontiveros Carranza -esposa del alcalde priista Federico Velázquez- será procesada por abuso de autoridad, luego de ser acusada de extorsión por su exsecretaria particular.
Como presidenta del DIF (un cargo supuestamente honorario) Ontiveros Carranza recibía un sueldo cercano a los 25 mil pesos mensuales.
Ontiveros estará impedida de acercarse o comunicarse con la denunciante, Perla Silvia Robledo, durante los próximos dos meses, en lo que se desahoga la etapa de investigación dentro del proceso penal, según determinó la jueza de oralidad Liliana Labra Galván en una larga audiencia celebrada este martes.
Robledo fungió como secretaria particular de Teresa Ontiveros en el DIF municipal hasta principios de febrero pasado, cuando decidió renunciar para no seguir entregando mil 500 pesos cada quincena a Ontiveros y a sus hermanas. Pidió su liquidación y exigió la devolución del dinero que entregó a su jefa, y en respuesta fue citada en la casa del presidente municipal, donde fue amenazada.
Perla acudió el 12 de febrero por la mañana a la casa del presidente, acompañada de su esposo y dos personas más. Ahí le fueron entregados 80 mil pesos, de los cuales 59 mil correspondían a su liquidación y 21 mil al dinero que entregó durante siete meses para el pago de “sueldos” de dos hermanas de la primera dama.
Sin embargo, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Perla y a sus acompañantes y los trasladaron a las oficinas de Seguridad Pública. En el operativo, policías hirieron de un disparo en la pierna a Alfredo Vizuet, esposo de Perla.
Mientras tanto, la presidencia municipal difundió un comunicado de prensa en el que acusó a la extrabajadora del DIF Municipal de intento de extorsión.
El edil presentó una denuncia ante el Ministerio Público por tentativa de extorsión y lo que resulte, y dispuso del operativo para detener a Perla Silva.
El padre de la joven pidió la intervención de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos para que investigue las vejaciones de las que fue objeto Perla mientras estuvo en los separos, donde permaneció 10 horas antes de ser presentada al Ministerio Público y fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas.
Personal de la PEDH se entrevistó con el herido y los otros tres detenidos, y se inició el expediente 13/14-D para investigar los supuestos abusos cometidos.
Debido a que no se encontraron pruebas suficientes para corroborar la presunta extorsión, los cuatro detenidos fueron liberados la noche del jueves 13 de febrero.
Dos días después, la esposa del alcalde presentó su renuncia como presidenta del DIF.
Posteriormente, el director de Seguridad Pública Municipal fue obligado a renunciar por las irregularidades en esta detención.
Perla denunció al alcalde y a su esposa por abuso de autoridad, pero un juez penal desechó los cargos en contra del edil, aunque en el caso de su esposa sí se consignó la carpeta al juzgado de oralidad.
En la audiencia celebrada hoy, la jueza Liliana Labra Galván determinó que se cuenta con elementos suficientes para vincularla a proceso, además de que accedió a la petición del agente del Ministerio Público de imponerle medidas cautelares para que no se acerque a su exempleada ni busque comunicarse con ella.
Además, la jueza determinó el depósito de 31 mil 400 pesos por parte de la ahora indiciada, de los cuales 21 mil pesos corresponderían al reintegro de los montos que quincenalmente Teresa Ontiveros estuvo pidiendo a su empleada, y el resto como reparación del daño.
