Mathieu Tourliere
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- A través de varios métodos y con base en cuestiones raciales, el Estado de Israel impide a los migrantes de Eritrea y Sudán conseguir el estatuto de refugiado –lo negó a 99.9% de los eritreos y a 100% de los sudaneses– y ya obligó a 6 mil 750 de ellos a salir del país, asevera el informe Hacer miserables sus vidas que publicó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
Entre los diferentes métodos para bloquear su legalización se encuentran la adopción de leyes que criminalizan a los migrantes, la obligación de firmar documentos que “atestiguan” la voluntad de volver a sus países de origen, la restricción al mercado laboral, la detención forzada, las filas intencionalmente alargadas para acceder a una taquilla, o la negación al acceso a los servicios básicos.
En mayo de 2012, destacó HRW, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que estos migrantes representaban “una amenaza al tejido social de nuestra sociedad, a nuestra identidad nacional y… a nuestra existencia como Estado judío y democrático”.
“No expulsión temporal”
Asimismo, si bien el gobierno no puede expulsar a todos los subsaharianos –ya que les concedió una “política de no expulsión temporal”–, el exministro del Interior Eli Yisaid aseveró en agosto de 2011 que mientras no puedan deportarlos, los “encerraría para hacer miserables sus vidas”.
Y lo hizo. Según HRW, en diciembre de 2013 el Parlamento creó una nueva figura, llamada con eufemismo “centros de residencia”, como el de Holot, en los cuales las condiciones de vida son difíciles, según dijeron migrantes a la organización.
El gobierno niega que sea una cárcel, con el argumento de que los detenidos tienen el derecho de salir. Sin embargo, se encuentra a 65 kilómetros de la ciudad más cercana, y sus ocupantes deben reportarse tres veces al día y estar ahí entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
Las autoridades encierran en estos centros a los migrantes sin permiso, o cuyo permiso expiró. HRW observó centenares de personas esperando en filas desde horas para reanudar sus permisos. Muchos de ellos no llegan a la taquilla antes del horario de clausura.
La organización documentó que durante la primera mitad de 2013, oficiales presionaron a mil 500 migrantes en los centros de detención para que firmaran una declaración, en la cual afirmaban su deseo de salir de Israel. Sin embargo, hasta junio de 2013 no existía protocolo para explicar lo que significaba la “decisión voluntaria” de volver a sus países de origen.
Además, en noviembre de 2010 el gobierno consideró necesario precisar que “este documento no es un permiso de trabajo” y realizó una campaña para incentivar a los empleadores a informarse sobre la condición migratoria de las personas antes de reclutarlas.
“Infiltrados”
Según la organización, los eritreos empezaron a huir de Eritrea, cuyo apodo en el continente es “Corea del Norte africano”, a mediados de 2004, ante las violencias del régimen, como asesinatos extrajudiciales, persecuciones religiosas, torturas o desapariciones forzadas, pero sobre todo para evitar el enrolamiento forzado en el servicio militar, de duración indefinida.
La ley eritrea considera como desertores, y a veces como traidores u oponentes políticos, a los ciudadanos que salen del país, lo que les condena a un fuerte castigo.
Los sudaneses, por su parte, huyeron del terrible conflicto que estalló en Darfur en 2003. HRW afirma que, a finales de 2013, al menos 636 mil sudaneses estaban como refugiados en el mundo.
La ley sudanesa condena a 10 años de cárcel a cualquier ciudadano que visite un país “enemigo”; y un oficial consideró en 2007 que los refugiados sudaneses en Israel buscaban “implementar la agenda sionista contra Sudán”.
A pesar de estas realidades, las autoridades israelíes niegan a los eritreos y sudaneses el estatuto de refugiados, al afirmar que los migrantes entraron de forma ilegal en el país en búsqueda de trabajo.
Netanyahu aseveró en enero pasado que “(los sudaneses y eritreos) no son refugiados…, son migrantes trabajadores quienes están aquí de manera ilegal”.
En 2012, 84% de los solicitantes de asilo de origen eritreo en el mundo gozaba del estatuto de refugiado, sin embargo, el Estado de Israel acordó otorgar el estatuto de refugiado sólo a 26 eritreos y sudaneses entre julio de 2009 y agosto de 2013, únicamente 0.15% de las 17 mil 194 solicitudes que recibió.
De hecho, el Estado israelí negó tramitar las solicitudes de asilo por parte de eritreos y sudaneses hasta 2011, bajo el argumento que ya se beneficiaban de la política de no expulsión temporal.
Peor aún, el Estado israelí reformó la Ley de Prevención de Infiltración en diciembre de 2013, a raíz de lo cual el gobierno califica a los migrantes como “infiltrados”, y endurece las sanciones contra ellos.
El término de “infiltrado” no es neutro, ya que hace referencia a los palestinos, quienes trataron de entrar a Israel en los años cincuenta y tiene una connotación de amenaza a la seguridad nacional.
El texto de la ley explica que los infiltrados “dañan el mercado laboral, reducen los recursos en los sistemas de salud, de educación o de seguro social que están reservados a los ciudadanos israelíes y residentes legales, aparte de que aumentan el crimen en las áreas donde los migrantes ilegales están concentrados”.
Hermetismo
El gobierno israelí aseveró que entre enero de 2006 y septiembre de 2013, más de 64 mil extranjeros ingresaron de forma ilegal en el país, gran parte de ellos a través de la frontera que comparte con Egipto.
Por lo tanto, el gobierno israelí erigió una valla de hierro de cinco metros de altura en los 240 kilómetros de la frontera con Egipto. La frontera quedó prácticamente sellada, ya que en 2013 sólo 43 personas la cruzaron.
A finales de 2013, 52 mil migrantes ilegales seguían en Israel, de los cuales 49 mil eran eritreos o sudaneses en búsqueda de un estatuto de refugiados, que nunca obtendrán.
