Arturo Sierra y Manuel Durán
Reforma
Cd. de México (10 julio 2014).- Sobre la fuga de siete reos de Santa Martha Acatitla, la buena noticia es que el Gobierno del DF y el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) reconocen que hay una red de corrupción… la mala es que no han procedido al respecto.
A pesar de que los internos lograron salir con libertades falsificadas, por lo cual hay una investigación abierta en la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), ningún funcionario ha sido llamado a declarar.
Ayer, en entrevistas por separado, el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, y el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, admitieron que la evasión fue facilitada por empleados de alto nivel de ambas instancias.
«Todo indica que existe una red o una vinculación entre funcionarios del Tribunal y del Sistema (Penitenciario), ya le tocará investigar a la Procuraduría», reconoció Ruiz.
«No fue corromper a un custodio, fue algo más allá».
Elías Azar afirmó que en este caso la responsabilidad es compartida entre el TSJDF y las autoridades penitenciarias.
«Definitivamente es una red de empleados del Tribunal y de la Subsecretaría, son responsabilidades conjuntas, como siempre lo ha hecho el Gobierno, creo que actuarán con responsabilidad y asumirán su parte.
«No pueden negar ellos lo que hay adentro, pero lo que ahora queda es solucionar el problema, hubo corrupción, sí la hubo de ambas partes, ahora hay que investigar quién fue y solucionarlo», dijo en entrevista.
Es difícil, reconoció, resguardar toda la papelería del TSJDF, pero ya están poniendo candados para evitar más robos, aunque la solución integral será que todos los trámites se computaricen.
«Lo ideal es la firma electrónica, nosotros ya tenemos todo listo, ya tenemos todo lo necesario para sistematizar. En el Tribunal tenemos todo, sólo estamos en espera para que ellos hagan su parte», señaló.
El Procurador de Justicia, Rodolfo Ríos, aceptó que el Ministerio Público no ha llamado a declarar a ninguna persona que pudiera ser responsable.
REFORMA hizo públicas las evasiones de seis internos, aunque las autoridades reconocieron que fueron siete.
Entre octubre y diciembre pasados, los presos utilizaron papelería oficial con datos y firmas presuntamente falsificados para salir de la Penitenciaría con su condena supuestamente compurgada.
De estos hechos, las autoridades penitenciarias se enteraron apenas en marzo, cuando presentaron la denuncia.
Las falsas excarcelaciones iban firmadas por los entonces director de la Penitenciaría, José de Jesús Leftt López; el subdirector de seguridad, Juan Carlos Mora Figueroa, y el encargado del despacho de la subdirección jurídica, Sergio Ives Anaya Díaz.
El Procurador Ríos argumentó ayer que en estos cuatro meses nadie ha sido citado a declarar, porque aún investigan quiénes elaboraron o de qué área procedió la documentación original con las que se fabricaron las libertades falsas.
«Hasta el momento no han declarado porque estamos verificando de dónde emanan todos estos procedimientos.
«Es decir, el lugar específico de donde se llevaba el proceso de las personas, así como del departamento jurídico o el que estuviera involucrado del Sistema Penitenciario para llamarlos a declarar. Y serán de ambas instituciones», explicó.
Insistió en que ya fueron recapturados cuatro de los fugados, aunque no ofreció detalles al respecto.
El 4 de julio, REFORMA hizo públicas las evasiones, que ocurrieron entre octubre y diciembre, y el 5 de julio, la PGJDF informó de manera escueta que ya habían recapturado a cuatro reos.
El Procurador tampoco pudo responder cómo y dónde ocurrieron esas reaprehensiones, a pregunta expresa.
«Mira no traigo el dato específico del momento en que fueron capturados, pero sí son cuatro y vamos por los demás», respondió en su primera declaración pública al respecto.
El área de Comunicación Social de la dependencia tampoco amplió la información de su comunicado CS2014-90, en el que no aclara nombres, fechas ni lugares.
‘Apostaban al olvido al falsificar libertades’
Los delincuentes, funcionarios y hasta reos implicados en las evasiones que se detectaron en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla apostaban al olvido, que nadie se daría cuenta de lo que pasó.
Así lo señaló Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitenciario, quien relató a REFORMA la forma en que se descubrieron las evasiones y la red de corrupción que aparentemente las permitió.
Cuatro de los siete reos evadidos, que ya fueron capturados, estaban tan tranquilos de que no eran buscados que no se escondían de las autoridades y llevaban una vida normal.
¿Qué sucedió con los excarcelados y cómo va el caso?
«En los primeros días de marzo recibo una llamada telefónica de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, donde me informan que tienen duda con una libertad, un incidente que había llegado, donde se le reducía la sentencia a un interno.
«Acordamos que a primera hora del día siguiente se pudiera verificar ante la autoridad que emitió ese incidente, cuando se consulta y nos determinan que no era real, se alertó del tema y de manera inmediata avisé a mi jefe inmediato superior, al Secretario de Gobierno, y se instruyó presentar la denuncia por ese caso.
«A partir de ahí ordené una revisión hacia atrás, de lo que iba del 2014, 2013 y 2012, no sólo en la Penitenciaría, sino en todos los reclusorios».
¿Cuál fue la orden que les dio a los directores? ¿Qué tenían que revisar?
«Que revisaran todas las libertades y que, si tuvieran alguna duda, que de manera inmediata dieran aviso a la autoridad que emitía; se me reportó de todos que no había habido novedades, pero de la Penitenciaría fueron siete casos más que fueron saliendo poco a poco, de acuerdo como se realizaron las revisiones, las fechas en que se presentaron las denuncias varía en razón a las que se detectaba».
¿Por qué explotó el caso hasta ahorita y no desde el momento en que ocurrieron?
«Dependía del tiempo en que se tomaran en hacer las revisiones, por eso es que si bien es una averiguación previa, las fechas de las denuncias varían, porque se iban encontrando las situaciones y denunciando, también conforme nos iba confirmando el Tribunal que eran falsas, fue una revisión retrospectiva».
¿No hay más excarcelaciones irregulares?
«De acuerdo a la revisión realizada es todo, no hay más, yo tengo los documentos, donde cada uno de los directores después de un tiempo me dijeron que no habían encontrado ninguna irregularidad o incidente».
¿En cuánto tiempo se dieron estas revisiones?
«Fue en un par de meses».
¿Qué hubiera pasado si no se descubre ese octavo intento de excarcelación irregular?
«Desde mi muy particular punto de vista y desde un análisis personal, apostaban al olvido, porque eran sentencias que iban a compurgar en muchos años, ya no iba a haber ninguna autoridad más que los requiriera. Simplemente querían que los casos se olvidaran, que ya nadie de los actuales funcionarios estuviera. Nadie iba a reclamar».
¿Cuántos realmente se evadieron?
«Son siete los casos que detectamos y siete las denuncias que presentamos, cuatro personas ya fueron reingresadas y una que lo intentó y no lo logró, y tres están pendientes».
Cuando ocurrieron las evasiones, ¿quién estaba al frente del sistema?
«Yo asumí el cargo el 1 de noviembre, estas excarcelaciones se dieron entre octubre y diciembre, antes de mí era mi antecesora María Mayela Almonte, y se dieron en este periodo de transición».
¿Algunas de estas evasiones ocurrieron en su gestión?
«Hay en las dos, tanto de mi antecesora como en la de su servidor, fue un periodo de transición. Los funcionarios que se encontraban a cargo de la Penitenciaría, y que se encargaban de revisar la documentación de las excarcelaciones indebidas que sí lograron concretarse, eran funcionarios de la administración anterior».
