Pedro Zamora Briseño
Proceso
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Representantes de sindicatos universitarios del país se solidarizaron hoy con la lucha de los siete catedráticos colimenses en huelga de hambre y reconocieron al líder del movimiento, Leonardo César Gutiérrez Chávez, como el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC).
Marcos Vargas, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura; y Carlos Galindo, de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, exigieron la intervención del gobernador, Mario Anguiano Moreno, y del rector de la casa de estudios, José Eduardo Hernández Nava, para resolver las demandas que motivaron el ayuno colectivo.
En rueda de prensa realizada en esta ciudad, adonde acudieron para participar en un foro sobre sindicalismo, anunciaron que en los próximos días realizarán una serie de movilizaciones en el Distrito Federal en apoyo al movimiento de los universitarios colimenses, incluido un mitin ante las oficinas del gobierno de Colima en la capital del país.
Además de Galindo y Vargas, durante el foro también participó Adolfo Salazar García, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM), y los huelguistas recibieron mensajes de apoyo de parte de los sindicatos de la Universidad de Sonora (Unison) y la Universidad Iberoamericana (UIA), entre otras organizaciones.
Este domingo se cumplieron 26 días del inicio de la huelga de hambre que mantienen frente al Palacio de Gobierno los académicos Leonardo Gutiérrez Chávez, José de Jesús Lara Chávez, Pedro Vidrio Pulido, Javier Herrera Báez, Herminio López Ramírez, J. Jesús Ponce Ochoa y José Miguel Rodríguez Reyes.
Se pronunciaron a favor de la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) y de la reinstalación de Gutiérrez Chávez como secretario general del SUTUC, pues según denuncias, en marzo pasado fue destituido de la dirigencia por presuntas presiones de la Rectoría sobre los consejeros sindicales, con la complicidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Marcos Vargas, también integrante del comité central del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), calificó como “increíble” que las autoridades de la Universidad de Colima se resistan a cumplir la normatividad en el manejo del Fosap, a la vez que las autoridades laborales se prestan a violentar los derechos de los trabajadores a decidir sobre su vida sindical interna.
“La huelga debe terminar de manera inmediata, el gobierno del estado y las autoridades laborales deben reconocer al compañero Leonardo Gutiérrez como el único representante de los trabajadores, y en lo relacionado con los acuerdos sobre el Fosap, éstos deben ser cumplidos por las autoridades universitarias de manera irrestricta y crear el comité bilateral que permita a ambas partes tener el control y la administración de ese fondo”, advirtió Vargas.
En torno a los intentos frustrados de diálogo, consideró que hay intransigencia de las autoridades universitarias porque plantean condiciones para abrir el diálogo; “es una barrera para decir ‘yo estoy llamando pero no responden’; la indisposición al diálogo está de parte de ellos”.
Por su parte, Carlos Galindo, quien es secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), exigió que el gobierno del estado y la Universidad de Colima resuelvan el conflicto.
Dijo: “Después de 26 días en huelga de hambre, el gobernador del estado demuestra una insensibilidad que realmente nos deja pasmados y que no es congruente con el discurso del actual presidente de este país”.
Mientras en sus discursos el mandatario federal plantea el combate a la corrupción y a la opacidad, señaló Galindo, “resulta que aquí en Colima pareciera ser lo que se fomenta y solapa con esa sustracción y robo que se hace del fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores y, lo que es peor, se hace caso omiso a la exigencia de un derecho justo”.
Anunció que en la próxima asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que el gobierno mexicano tiene interés de suscribir diversos acuerdos de carácter internacional sobre los derechos de los trabajadores, las organizaciones mexicanas exhibirán la actitud actual de la Universidad de Colima y del Gobierno del Estado.
“Si no se resuelve esto lo más pronto posible, instrumentaremos esas acciones para demostrarle a la opinión pública nacional e internacional, así como a los organismos de derechos humanos, que aquí en Colima hay un gobernador que solapa las trapacerías y que hay una administración universitaria que se roba los fondos de los trabajadores”, subrayó Galindo.
Presente en la rueda de prensa, el general José Francisco Gallardo Rodríguez, asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, expresó su apoyo a los huelguistas de hambre, a quienes sugirió levantar el ayuno pues “el esfuerzo ya está hecho” y propuso recurrir a las instancias internacionales y a las instituciones de justicia para que se resuelva este asunto, y “yo estoy seguro de que se va a resolver, que se van a reintegrar estos fondos y que los trabajadores de la Universidad de Colima van a obtener sus derechos”.
Gallardo, quien durante casi nueve años estuvo recluido en una prisión militar por haber propuesta la creación de un Ombudsman para el Ejército, calificó como “lamentable” lo que ocurre en Colima, donde las agrupaciones en protesta no se enfrentan a una estructura de justicia, sino “a una caterva de criminales que nos están gobernando” y “lo que estamos viviendo en la Universidad de Colima se refleja en muchos de estos aspectos”.
Leonardo Gutiérrez, líder del movimiento de la huelga de hambre, agradeció el llamado del general Gallardo, “también nos han hecho ese llamado nuestras familias y la gente que nos quiere, pero tenemos todavía fuerzas para continuar; en lo que respecta a mi persona, porque esto es voluntario, en este momento yo digo: voy a continuar. Si alguno de los compañeros desea levantar la huelga está en todo su derecho.”.
Añadió: “En esta semana que viene vamos a continuar con la huelga, por la dignidad, por la razón y por la valentía de los compañeros que nos acompañan en esta huelga; si las autoridades consideran que nosotros les vamos a pedir piedad o les vamos a solicitar el auxilio, están equivocados, la lucha es justa y también consideramos que tendrá que resolverse con el apoyo de todos ustedes; consideramos que las autoridades tendrán que responder, no pueden ser insensibles, no pueden engañar a la ciudadanía y esperamos tener una respuesta positiva”.
Aclaró que hasta el momento los huelguistas no han recibido ninguna invitación oficial al diálogo por parte de la Rectoría de la Universidad, pues los llamados realizados “han sido a través de comunicados en los medios de comunicación, cuando nosotros sí hemos mandado los oficios correspondientes y no hemos tenido contestación formal”.
De acuerdo con Gutiérrez Chávez, el rector de la Universidad de Colima ha tratado de cerrar el tema del Fosap en diversos momentos, como hace un año cuando “con la parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje” fue archivado un emplazamiento a huelga, pero hace unos días un juez federal ordenó a la Junta continuar con el procedimiento.
Sin embargo, ahora el rector Hernández Nava, “coludido con el dirigente espurio” del SUTUC, ha dicho que todas las violaciones al contrato colectivo están subsanadas y que se hizo un depósito de 10 millones de pesos al fideicomiso del Fosap. “Están reconociendo que en esta lucha de más de tres años nosotros tenemos la razón; primero dijeron que no debían ningún cinco y que seguían al pie de la letra el reglamento del contrato colectivo, pero en la realidad han violado el reglamento, el reglamento del fideicomiso y el contrato colectivo”.
Aseguró que el rector “ha dado muestras de su irresponsabilidad social” pues además de las irregularidades con el Fosap “hay un desfalco de los recursos públicos universitarios por 250 millones de pesos, que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión del ejercicio 2012, pero no han dado respuesta las autoridades universitarias”.
