Luciano Campos Garza
Proceso
MONTERREY, N.L. (apro).- Peritos de la PGR identificaron, entre los fallecidos en las masacres de San Fernando y Cadereyta, a personas no migrantes, y sus filiaciones fueron entregadas a la Procuraduría de Nuevo León, que se niega a revelar esa información, se quejaron familiares de desaparecidos.
Familiares de desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Octavio Gómez
Por ello, demandaron al procurador nuevoleonés, Adrián de la Garza Santos, que abra los expedientes para conocer si entre los muertos están sus allegados.
Irma Leticia Hidalgo, dirigente de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), explicó que, el 25 de junio pasado, médicos forenses de la PGR acudieron a la entidad para tomar muestras genéticas de familiares de personas que se han extraviado en la localidad.
En ese encuentro, les explicaron que habían detectado que en las referidas masacres perpetradas en Nuevo León y Tamaulipas no todos las víctimas eran migrantes.
“Han identificado a algunas personas (de los cadáveres de Cadereyta y San Fernando), pero eso nos lo dijeron los ministerios públicos de PGR. Nos llamó la atención porque dijeron que ya habían identificado a algunos de los cuerpos de Cadereyta, y como siempre se había hablado que eran migrantes, y todo mundo daba por hecho eso, nos dijeron que no nada más eran migrantes, que había gente de aquí de Nuevo León los que habían identificado también”, detalló la activista.
Luego recordó que los peritos federales acudieron en esa ocasión a la entidad para recabar muestras de ADN entre los familiares para cotejarlas con los restos de 51 personas que habían sido desenterradas de una fosa clandestina localizada en La Barca, Jalisco, el 9 de noviembre de 2013.
Después de la revelación del personal de la PGR, el 25 de julio de este año las familias organizadas en el Fundenl entregaron en la Procuraduría de Nuevo León un oficio dirigido a Adrián de la Garza, en el que solicitaban información sobre los restos identificados de los cadáveres asesinados en Cadereyta y San Fernando.
Para su sorpresa, la PGJE, en una carta firmada por su titular, les anunció que no entregaría información porque ellos no participaban en las pesquisas para dar con los responsables de las masacres.
Hidalgo explico:
“Apenas ayer (miércoles) nos respondieron por escrito que no era posible que nos dieran esa información, que porque nosotros no estábamos involucrados en esa investigación, cuando nosotros sabemos que esa información debe ser pública. Pedimos la información el 25 de julio y apenas ayer nos contestaron, negándola. Así de terrible”.
Ahora los interesados planean responder jurídicamente a la Procuraduría nuevoleonesa. Entre otras posibilidades, consideran presentar una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para que los archivos con las investigaciones sean abiertos al público.
“Ahora hasta con esto nos tenemos que enfrentar. Tenemos que andar buscando con una manera legal, cuando somos simples ciudadanos. Nos andamos rascando con nuestras propias uñas para obtener información que debe ser pública”, deploró.
El 13 de mayo de 2012 fueron arrojados a la entrada del poblado San Juan, en el municipio nuevoleonés de Cadereyta, 49 cadáveres mutilados. Los indicios iniciales apuntaban a que los restos eran de indocumentados centroamericanos.
El 22 de agosto de 2010, 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica fueron asesinados a balazos en el poblado San Fernando, Tamaulipas.
Desde entonces, las autoridades buscan identificar a las víctimas, y determinar si entre ellas se encuentran personas denunciadas como desaparecidas dentro y fuera de nuestro país.
Fundenl es un colectivo integrado por 14 familias que buscan a 17 desaparecidos originarios de Nuevo León.
