Agencias
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) coadyuva con la dependencia homóloga de San Luis Potosí y el ayuntamiento de La Antigua para verificar si existen más casos de violaciones a las garantías individuales de jornaleros agrícolas veracruzanos que se encuentren trabajando en campos de aquella entidad.
Esto lo dio a conocer el presidente de la CEDH, Luis Fernando Perera Escamilla, quien dijo que luego de que fueron detectados estos 33 jornaleros viviendo en pésimas condiciones y con un pago menor al que esperaban por sus servicios, se han dado a la tarea de verificar otros centros de trabajo agrícolas en ese estado para verificar si no hay casos similares.
Agregó que el ayuntamiento de La Antigua contrató un camión para traer de regreso a los jornaleros, a quienes se les han dado las facilidades para que presenten las denuncias correspondientes ahora que se encuentran en su lugar de origen.
Mientras tanto, dijo que por haber sido una situación que se presentó en el estado de San Luis Potosí, es la CEDH de aquel lugar la que llevará a cabo la presentación de la queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la que le corresponderá dar seguimiento al caso, mientras que a la de Veracruz le corresponde apoyar a las víctimas.
Perera Escamilla agregó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya tomó conocimiento de esta situación y se espera que pueda ser frenada la violación a las garantías individuales de las personas que trabajan en el campo mediante este tipo de contratos.
El funcionario recordó que son 33 personas, todas mayores de edad, las que estaban trabajando como jornaleras, a quienes hasta el momento no se sabe con certeza cómo fueron contactadas, sin embargo se estará atendiendo este tema en las próximas horas.
También dijo que desde el área que atiende el tema de migración en la CEDH, se está programando un taller de capacitación para personas que buscan migrar para trabajar en el campo, para que tengan información sobre sus derechos y a qué autoridades pueden acudir en en caso de ser violentadas sus garantías.
